INTERIORES/Carlos López Arriaga
Cd. Victoria, Tam. Aclarando amanece, decían los columnistas de la vieja guardia. Aunque en
el huachicolazo de Los Olivos, amanece a medias. El reporte institucional confirma que,
efectivamente, el pasado viernes 7 de agosto se verificó un cateo con fines de aseguramiento
relacionado con el tráfico ilegal de combustible.
Participaron las dependencias que aquí señalé: SEDENA, SEMAR, SSPC, FGR, FGJ, Guardia
Estatal y peritos de PEMEX. Al tiempo en que se colocaron los respectivos sellos de
aseguramiento, personal especializado permaneció en el sitio para inventariar.
Entre los resultados oficiales, figura la detención de 14 personas, más el decomiso de 348 mil
litros de aceite, 9 tractocamiones, un autotanque, 22 toneles, 16 contenedores de acero
móviles, 25 vehículos y una tolva, todo ello vinculado a una empresa regional dedicada al
transporte de residuos peligrosos, llamada ACTIV AMBIENTAL.
Muestras del presunto “aceite” habrían sido enviadas a laboratorios de la FGR y PEMEX. Los
respectivos análisis de química forense permitirán determinar su origen y composición, para
determinar si es producto legal, robado, adulterado o de contrabando.
Se recordará que las redes dedicadas al tráfico ilegal de combustible lo suelen disfrazar de
otros productos, como aceite lubricante o sustancias residuales que derivan del petróleo. Por
citar un caso, los 10 millones de litros de diésel confiscados al barco CHALLENGE PROCYON
en marzo de 2025, venían etiquetados como lubricantes.
EL DISFRAZ
Y aunque es harto probable que hayan “lubricado” la buena voluntad de algunas autoridades, la
carga era de combustible. De aquí la desconfianza que hoy queda como remanente a todo lo
que diga “aceites”, “aditivos”, “alcoholes industriales”, “productos químicos”, etc.
Por ello se considera importante precisar eso que llaman “la huella química del producto”,
cotejada además con la documentación que en cada caso acompañe a la respectiva carga.
El disimulo, el disfraz, el cambio de identidad, son tretas, artimañas propias de la picaresca
mexicana que luego alcanzan su consagración en el vocabulario de los valores entendidos.
Hace algunos ayeres, el avión de un excomandante federal se vino abajo en el aeropuerto
“Mariano Escobedo” de Apodaca, Nuevo León. Además de levantar heridos, los socorristas
reportaron el hallazgo de maletas con abundante polvo blanco, empaquetado en apretadas
bolsas de polietileno y aluminio.
Más pronto que tarde, salieron notas aclaratorias informando que el misterioso cargamento era
simple bicarbonato. Así lo sacó (entre otros) EL NORTE y algunos medios de Nuevo Laredo. La
sonrisa pública apuntaría en otra dirección.
OPERACIÓN AGUACATE
Í
Este martes, desde el Salón Tesorería, el secretario OMAR GARCÍA HARFUCH reportó la
captura de 12 miembros de la antigua organización “Caballeros Templarios”, responsables de
extorsionar a productores de aguacate y limón, empacadoras y comerciantes en Michoacán.
Su fundador, un maestro de primaria, excéntrico, pintoresco, hiperviolento, de nombre
SERVANDO GÓMEZ MARTÍNEZ, La Tuta, se encuentra hoy sujeto a proceso en el Centro de
Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York (el mismo que alberga a personajes como
ISMAEL, Mayo, ZAMBADA, RAFAEL CARO QUINTERO y NICOLÁS MADURO).
El “profe” SERVANDO formó parte de la segunda cuerda de reos enviada por el gobierno de
México el 12 de agosto de 2025. Había sido capturado en Morelia por el gobierno peñista, en
febrero de 2015.
Espera juicio en la Corte de Nueva York tras haberse declarado “no culpable” (“not guilty”) entre
un rosario muy amplio de cargos criminales, ante el juez de distrito JOHN G. KOELTL.
Entre otros delitos, se le acusa de conspirar para importar y distribuir masivamente
metanfetaminas y cocaína. Además de traficar armas, lavado de dinero y asesinatos. También
se la asocia a delitos como narcoterrorismo y delincuencia organizada.
Hoy La Tuta es candidato natural a cadena perpetua y con dicho amago se presentará en la
audiencia que tiene programada para el próximo septiembre en la corte de Nueva York.
TRUEQUE FACTIBLE
Abogados y fiscalía aún creen probable negociar un acuerdo de culpabilidad que ahorre al
contribuyente norteamericano los gastos del juicio, a cambio de una rebaja en la condena y (lo
más importante) información sustantiva que contribuya a la investigación criminal.
Como, por ejemplo, detalles sobre los puertos, aduanas y pasos fronterizos controlados por los
cárteles michoacanos; las redes de lavado de dinero; los nombres de empresas fantasma;
datos de cuentas bancarias internacionales y prestanombres que se utilizan para blanquear
ganancias del narcotráfico.
A la justicia gringa le interesarían también los vínculos políticos, temas de corrupción; la
identificación de funcionarios públicos, jueces, jefes policiales o militares de alto rango que
reciben sobornos por permitir operar a los cárteles.
Al declararse culpable y colaborar, el juez podría dictarle una sentencia por un número fijo de
años y medidas de protección para su familia. Lo cual normalmente se traduce en la extracción
de sus familiares directos, para ser conducidos a lugares seguros de Estados Unidos.
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