Mapamundi / Leo Andrade
Francisco García Cabeza de Vaca domina el arte de mantenerse en el centro del debate público. Basta con que alguien lo mencione desde la política nacional, que reaparezca su expediente judicial o que se reabra la discusión sobre su doble nacionalidad para que vuelva a colocarse frente a los micrófonos. Lo ha hecho durante años y no le ha ido mal.
Desde que terminó su mandato permanece fuera de México. Radica en Estados Unidos, enfrenta una orden de aprehensión y existe una solicitud mexicana de extradición que, hasta ahora, no ha prosperado ante las autoridades estadounidenses. La confrontación le sirve para mantenerse vigente mientras su situación jurídica sigue sin una salida definitiva.
Con ese escenario a cuestas, esta semana dijo que no regresará al país y, casi al mismo tiempo, retomó la posibilidad de buscar la Presidencia en 2030, un mensaje que plantea una eventual campaña en México desde la comodidad de seguir lejos de los tribunales mexicanos.
No se le pueden quitar derechos. Puede defenderse, impugnar actuaciones de la Fiscalía, denunciar una persecución política y sostener que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. Además, conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme, pero eso no elimina la necesidad de explicar su situación con claridad.
El expediente tampoco nació con la discusión de estos días. Viene de antes de que concluyera su gobierno y contiene acusaciones por delitos graves, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que él rechaza y califica como parte de una persecución política. Es un litigio que tendrá que resolverse en tribunales.
El paso del tiempo le ha resultado útil porque, mientras no exista una resolución definitiva, puede presentarse ante sus seguidores como un político acosado por el poder, y la discusión sobre la doble nacionalidad le abrió otra puerta para reforzar esa narrativa.
Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum planteó modificar las reglas para impedir que personas con doble nacionalidad compitan por la Presidencia o una gubernatura, su nombre apareció casi de inmediato en el debate, aunque un asunto constitucional de esa dimensión no debería discutirse pensando en una sola persona.
México tiene millones de ciudadanos con vínculos familiares, laborales y legales con Estados Unidos, y cualquier cambio tendría que justificarse por razones generales, no por el expediente de un exgobernador. Al personalizar el debate, el gobierno le ayudó más de lo que probablemente quería.
Cabeza de Vaca pudo sumar a su discurso la idea de que, además del proceso judicial, existe ahora la intención de cerrarle el camino electoral por la vía constitucional, y para sus simpatizantes esa versión encaja con la narrativa que ha construido desde hace años.
Esa narrativa le permite hablar de persecución sin responder por completo a las preguntas sobre la orden de aprehensión, la extradición o las razones por las que sigue viviendo en Estados Unidos. La doble nacionalidad, además, no se aclara a base de declaraciones.
Hace falta saber si su eventual renuncia a la ciudadanía estadounidense fue formalizada ante las autoridades de aquel país y qué efecto tendría eso frente a una candidatura futura. Ahí no sirven los retos ni los mensajes de campaña, sino los documentos y las decisiones legales que correspondan.
Cabeza de Vaca entiende bien cómo funciona el intercambio político. Una declaración desde Palacio Nacional le da tema para sus redes; una respuesta de Morena le permite presentarse como adversario relevante, y una nota sobre su situación jurídica termina convertida en argumento de persecución.
El resultado es que se habla mucho de él y bastante menos de lo que sigue pendiente en los expedientes. La pregunta de fondo no es si puede pelearse con la Presidenta o si logra ocupar titulares, sino por qué un exgobernador con orden de aprehensión y solicitud de extradición puede hablar de 2030 sin que la conversación vuelva a su situación judicial.
Llevar el asunto hacia la próxima elección presidencial tiene una ventaja evidente para él: cambia el tema y obliga a sus adversarios a discutir su futuro político en lugar de concentrarse en su presente legal sin resolver. Y el gobierno tampoco tendría por qué ayudarlo a sostener esa estrategia.
Si considera necesaria una reforma sobre doble nacionalidad, debe plantearla con argumentos que sirvan para todos y sin convertirla en una respuesta personal a un solo caso, porque cuando una reforma parece tener destinatario, el destinatario gana relevancia política.
Sería más útil que las autoridades explicaran con precisión qué ha pedido México a Estados Unidos, en qué estado se encuentra el procedimiento, cuáles han sido los obstáculos y qué opciones jurídicas siguen abiertas. Si existen pruebas suficientes, tendrán que sostenerse ante un juez.
Cabeza de Vaca puede seguir respondiendo, desafiando y hablando de 2030. Está en su derecho, pero eso no convierte automáticamente su situación judicial en un episodio electoral. Antes de una candidatura están los expedientes y las explicaciones que todavía faltan.
