Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- En Tamaulipas en promedio, cada 26 horas se identifica una toma clandestina en los ductos de Petróleos Mexicanos, colocando a la entidad en el noveno lugar nacional con más pinchaduras en ductos para robar hidrocarburos.
Los registros oficiales de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de la empresa productiva del Estado, indican que a nivel nacional entre enero y abril se contabilizaron 3,836 tomas clandestinas, 3.7 por ciento más que en el mismo periodo del 2025 cuando se identificaron 3,699.
Entre enero y abril de 2026 el estado de Hidalgo se ubica a la cabeza con 986 tomas clandestinas detectadas por las autoridades de seguridad federal y de Petróleos Mexicanos.
Le siguen con mayor incidencia delictiva, Jalisco, con 740 casos; Puebla, con 362; Estado de México, con 329; Guanajuato, con 304; Querétaro, con 263, y Nuevo León, con 214. En el caso de Tamaulipas, suman 95 tomas clandestinas detectadas.
Por municipios, Hidalgo se mantiene a la cabeza en la entidad con mayor número de tomas clandestinas con 34 puntos ubicados en el primer trimestre del año, seguido de Altamira con 20 ductos perforados.
Además de Victoria con otras 20 tomas clandestinas, mientras en el municipio de González se ubicaron 12 puntos en los ductos, por donde los delincuentes roban hidrocarburo.
Los datos de Pemex dan cuenta que en 2025 se ubicaron 10 mil 591 tomas clandestinas, frente a 11 mil 774 en 2024, sin embargo, aunque las perforaciones bajaron, el volumen robado subió a 19 mil 600 barriles diarios.
Se trata de 15.3 por ciento más que el año anterior, y las pérdidas llegaron a 23 mil 491 millones de pesos, mientras que en el primer trimestre de 2026, el quebranto por robo en ductos pasó de 5 mil 417 a 3 mil 812 millones de pesos.
El Observatorio Ciudadano para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavin) indica que el delito persiste y “no se ven condiciones favorables, lo que remarca que la oferta y demanda persiste, genrando beneficios sociales, políticos y económicos dentro del círculo delictivo”.
También destaca que el registro de tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo, no solo debe medirse por el volumen robado, sino también por los riesgos que representa tanto para la población, la contaminación ambiental y la alternativa económica ilegal que esta actividad genera.
El robo de combustibles en Tamaulipas como en el resto del país, ya no solo se realiza a través de tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos, los aseguramientos también se han reportado en autotanques, buques, así como instalaciones clandestinas, incluyendo un centro de procesamiento en Reynosa.
En Tamaulipas se han asegurado más de siete millones de litros de combustible de procedencia ilícita durante el año, cifra récord alcanzada principalmente tras históricos operativos federales en Reynosa.
Principales decomisos de combustible en 2026
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, el mayor decomiso de realizó el 21 de julio pasado, de un centro procesador de combustibles (mini refinería) en la brecha El Becerro en el municipio de Reynosa.
En el inmueble se aseguraron 3 millones 769, 500 litros de hidrocarburos, un vehículo, seis tractocamiones, siete pipas, ocho motobombas, 11 tanques de almacenamiento móvil (frac tanks), siete tanques verticales, tres generadores de energía eléctrica y un remolque tipo plataforma.
Al seguir las indagatorias, el 22 de julio, apenas un día después, también en Reynosa se ubicó un segundo inmueble utilizado como centro refinador. El Ejército Mexicano y la FGR aseguraron otros 109,400 litros de hidrocarburo.
Además de 18 tanques cilíndricos horizontales, tres tanques verticales, un tanque de almacenamiento móvil (frac tanks), dos tractocamiones, dos pipas, 12 motobombas, cuatro cámaras de vigilancia y una antena.
Antes, en marzo pasado en el rancho San Cristóbal en Reynosa, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y fuerzas federales aseguraron 2 millones 189,000 litros de combustible, junto con decenas de tanques móviles tipo Frac Tank y autotanques.
El 12 de junio en el ejido Las Norias de San Fernando en un inmueble se localizaron 1,800 litros de hidrocarburo, nueve cubitanques, 93 bidones, una motobomba, mangueras y un vehículo.
En el inmueble que ya había sido asegurado previamente, fueron detenidas dos personas que tras ser presentada ante las autoridades, fueron vinculadas a proceso, acusados de almacenamiento ilícito y quebranto de sellos del lugar.
A pesar de las magnitudes de almacenamiento e infraestructura incautadas por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Pemex, los reportes oficiales indican que estos operativos se han efectuado sin personas detenidas.
El estado se mantiene entre los primeros lugares nacionales con mayor volumen de petrolíferos recuperados frente al robo de hidrocarburos.
Sin embargo, la mayor investigación de huachicol fiscal se llevó a cabo el 19 de marzo de 2025, tras un operativo en el puerto de Tampico donde se aseguró el buque Challenge Procyon.
De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento “histórico” fue de 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones de remolque, armas de fuego y municiones entre otros.
Sin embargo y de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa Intanza, responsable de la importación del diésel y que hizo pasar por aditivos para aceite, asegura que le confiscaron 5 millones 460 mil galones de supuesto aditivo de su propiedad.
Los galones reclamados equivalen a 20 millones de litros de diésel, el doble de lo que la Secretaría de Marina y la de Seguridad y Protección Ciudadana reportan haber asegurado.
La brecha de la judicialización
Los operativos contra el huachicol en Tamaulipas han dejado un patrón que las propias autoridades reconocen en sus comunicados: el volumen de infraestructura y combustible asegurado supera, con amplio margen, el número de personas detenidas o procesadas por esos mismos hechos.
De los dos principales decomisos de julio de 2026 en Reynosa —la mini refinería de la brecha El Becerro, con 3 millones 769 mil 500 litros asegurados, y el segundo centro refinador localizado un día después, con 109 mil 400 litros—, ninguno derivó, según los reportes disponibles hasta el cierre de esta nota, en la presentación de detenidos ante un juez. El mismo patrón se repitió en el operativo de marzo en el rancho San Cristóbal, donde se aseguraron 2 millones 189 mil litros de combustible sin que se registraran capturas, de acuerdo con la propia Fiscalía General de la República (FGR).
El fenómeno no es exclusivo de estos casos. En junio pasado, la delegación de la FGR en Tamaulipas acumuló casi 7 millones de litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita solo en las tres principales ciudades de la frontera tamaulipeca, resultado de operativos en los que, en al menos dos antecedentes recientes —una bodega en la colonia La Escondida de Reynosa, en julio de 2025, y el predio del rancho San Cristóbal, en marzo de 2026—, tampoco se reportaron detenciones.
Cuando sí se ha logrado la vinculación a proceso, los casos documentados en Tamaulipas involucran, por lo general, a un número reducido de imputados frente a la magnitud de la infraestructura decomisada. En junio, una jueza federal vinculó a proceso a dos personas, identificadas como Yesenia «N» y Gabriel «N», por el resguardo de más de un millón de litros de hidrocarburo, imponiéndoles prisión preventiva oficiosa. En marzo, un hombre identificado como Alberto «N» fue vinculado a proceso por transporte ilícito de 12 mil litros. En julio, siete personas fueron vinculadas a proceso tras el aseguramiento de más de 66 mil litros de huachicol, y otros dos hombres, Fernando «N» y Sergio «N», enfrentaron cargos por almacenamiento ilícito en San Fernando. En todos estos casos, conforme a la legislación mexicana, los imputados se presumen inocentes hasta que exista una sentencia definitiva.
A nivel nacional, la FGR ha reportado avances en la judicialización de la red de huachicol fiscal que opera principalmente en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, y que —de acuerdo con el vocero de la dependencia, Ulises Lara López— logró mover hasta 23 mil millones de pesos mediante la simulación de operaciones comerciales, a través de más de 40 empresas sin infraestructura real conocidas como «petrofactureras». En abril, la Fiscalía reportó 14 detenidos como parte de esa red y la obtención de sentencias en casos derivados: en uno, originado en el Estado de México, tres personas fueron condenadas por posesión ilícita de hidrocarburo; en otro, seis personas recibieron sentencias de ocho años de prisión y multas por 905 mil 120 pesos, tras el decomiso de 54 mil litros de combustóleo y 35 mil litros de asfalto. Durante la conferencia de prensa en que se dieron a conocer estos resultados, el fiscal Lara evitó pronunciarse sobre si el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, forma parte de las investigaciones por contrabando de combustible.
El contraste entre el volumen de aseguramientos —millones de litros, decenas de tractocamiones, pipas y tanques de almacenamiento— y el número de sentencias condenatorias efectivamente dictadas ilustra una desproporción estructural similar a la que documentan las estadísticas de extorsión en el estado: los operativos de incautación se ejecutan con relativa frecuencia, pero la cadena que conduce de la detención a la sentencia se adelgaza en cada etapa del proceso, dejando a buena parte de la infraestructura del huachicol fiscal sin una responsabilidad penal individualizada que la acompañe.
