Memoria y olvido/Pedro Alfonso García
Décadas de hegemonía priista en Tamaulipas tardarían
en morir hasta 2016, pero la pugna por el control de la
estructura institucional arrancó mucho antes, en la
década de los setenta. Uno de los episodios más duros
que nos tocó atestiguar, en nuestra condición de
reporteros, fue la rebelión que desató la imposición del
candidato priista en Ciudad Mante, ungido ganador de un
proceso viciado desde el origen. La imposición derivó en
un estallido de violencia —muertos, heridos, una ciudad
entera envalentonada— que hizo tambalear a las
autoridades de la época.
Todo comenzó a arder el 6 de enero de 1978, cuando
debía tomar protesta como alcalde el priista Enrique
Cano González, aunque el triunfo real —a la vista de
cualquiera— le correspondía al candidato del Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana. La policía disparó
contra quienes cercaban la plaza; cayó herido Adolfo
Vega Montoya, dirigente civil, que agonizaría una
semana antes de morir. Para el 23 de marzo le tocó el
turno a Vicente Infante Castillo, presidente del comité
municipal del PARM, acribillado en plena calle.
Esa misma noche cayó, sin orden judicial de por medio,
el activista Rafael Torres Plata. Cuarenta y ocho horas
bastaron para que amaneciera muerto en una celda,
torturado con la aquiescencia del entonces director de la
Policía Judicial, el capitán Álvaro Cerón Álvarez, y las
manos del agente Ismael Garza Flores, a quien el pueblo
ya conocía por su apodo: “El Quemador”. El Mante no
esperó más: tomó la comandancia, liberó a los presos y
le prendió fuego a la sede del poder que lo había
traicionado.
Ese mismo día, en Ciudad Victoria, había solicitado una
entrevista con el procurador de Justicia, Even Garza
Mascorro; llegué a su oficina y apenas me acomodaba
en el sillón frente a su escritorio cuando sonó el teléfono
y vi al abogado derrumbarse ante la noticia. Alcanzó, con
voz entrecortada, a comentarme lo que había pasado en
Ciudad Mante y me pidió, con una disculpa apresurada,
que dejáramos la entrevista para después. Fue imposible
arrancarle una palabra más sobre el proceso;
sorprendido por el estado emocional del funcionario, opté
por abandonar las oficinas, instaladas aquel tiempo en el
segundo piso del Palacio de Gobierno.
Durante cuarenta y tantos años esta crisis política solo
sobrevivió en versiones sueltas: la literatura es escasa,
nadie volvió a hablar del tema en los aniversarios, la
rebeldía se apagó y la oposición tomó cauce institucional,
hasta el punto de que hoy, en el mundo digital, apenas
quedan rastros de lo que les pasó a Vega Montoya, a
Infante Castillo y a Torres Plata. Esa vez El Mante se
rebeló sin un solo fusil, nada más con hartazgo, apenas
meses después de que Jesús Reyes Heroles promulgara
la Reforma Política de 1977, la que iba a encauzar el
descontento hacia las urnas. Reyes Heroles hablaba de
abrir las puertas del sistema mientras, lejos del Distrito
Federal, en otros territorios ya las habían cerrado a
balazos.
El gobernador Enrique Cárdenas González terminó su
sexenio en 1981. Más de cien civiles fueron procesados
por motín e incendio, algunos sin derecho a fianza,
mientras los mandos policiacos involucrados quedaron
libres en los meses siguientes. Garza Mascorro, el
procurador que aquella tarde me pidió esperar, ya había
sido antes magistrado del Supremo Tribunal de Justicia
de Tamaulipas; desde 1977 era, además, titular de la
Notaría 137, cargo que conservó hasta su muerte en
1985.
Los testimonios de las familias, conservados durante
cuatro décadas al margen de cualquier archivo oficial,
sobrevivieron hasta que el informe final del Mecanismo
para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico,
“Fue el
Estado”
, documentó con nombre y cargo lo que sucedió
en El Mante: Torres Plata murió bajo custodia; las
detenciones respondieron a motivos políticos; Vega
Montoya e Infante Castillo no eran agitadores, sino
ciudadanos que exigían que se contara su voto. El
expediente sigue incompleto: distintas dependencias que
resguardan legajos militares de esos años mantienen
procesos judiciales pendientes sobre el acceso a esos
archivos. Hubo un tiempo en que colectivos de víctimas
tramitaron amparos para impedir que se destruyan.
La memoria y el olvido conviven en Tamaulipas desde
hace cuarenta y tantos años, y el paso del tiempo ha
determinado, más de una vez, cuál de los dos se impone.
A ese paso del tiempo lo conocimos de cerca, aquella
tarde en el segundo piso del Palacio de Gobierno, en la
voz de un abogado que prefirió posponer las preguntas
de un despistado y nervioso reportero.
Nunca hubo una segunda cita con el procurador Garza
Mascorro. Cuarenta y tantos años después, aquella
entrevista que no fue se parece bastante al expediente
de El Mante: sigue abierta y cada vez hay menos gente
capaz de responder. El olvido no borra el recuerdo pero a
estas alturas ya apagó a una gran parte de los que
fueron protagonistas de esos días bajo la tormenta.
