Agencias
Expreso-La Razón
TikTok deberá pagar 400 millones de dólares a Estados
Unidos como compensación por una demanda en la que
se le acusó de violar la privacidad de menores
y recolectar datos de usuarios menores de trece años sin
autorización parental. El acuerdo fue alcanzado este 21
de agosto con el Departamento de Justicia, que había
iniciado el proceso judicial en 2024 contra la plataforma y
su entonces empresa matriz, ByteDance, con sede en
China.
La demanda presentada por el Departamento de
Justicia sostenía que tanto TikTok como su
predecesora, Musical.ly, permitían la creación de cuentas
por parte de niños menores de trece años y no
eliminaron ni cerraron esos perfiles ni los datos
correspondientes cuando los padres lo solicitaron.
Estas acciones fueron consideradas una violación de
la Ley de Protección de la Privacidad del Menor en
Internet, que exige a las empresas el consentimiento de
los padres para almacenar información personal de
usuarios menores de trece años.
El acuerdo establece que TikTok pagará 300 millones de
dólares de forma inmediata y otros 100 millones una vez
que se retire la demanda contra Musical.ly. Según
el Departamento de Justicia, la resolución representa
“una importante victoria para los niños y los padres
estadounidenses”
, y reafirma que la prioridad de la
administración es proteger a los menores en Internet y
asegurar que las empresas tecnológicas cumplan con la
legislación vigente.
Desde la presentación de la demanda, TikTok
implementó cambios en su estructura de propiedad,
gestión y políticas de privacidad. El Departamento de
Justicia destacó que la plataforma completó procesos
para mejorar el cumplimiento normativo y reforzar las
medidas de protección de datos.
Esta resolución, según la comunicación oficial, busca no
solo una compensación económica significativa sino
también el fortalecimiento de las garantías para las
familias usuarias de la aplicación.
La presión regulatoria y la venta forzada de TikTok en
EE. UU.
La causa judicial se enmarcó en un contexto de presión
creciente de las autoridades hacia las grandes
plataformas tecnológicas. El año pasado, la Casa Blanca
obligó a ByteDance a vender su filial estadounidense a
un grupo de inversores locales, tras la aprobación de una
ley que prohibía el control extranjero sobre la plataforma
en territorio nacional.
El Congreso justificó la medida al considerar que la
propiedad china de TikTok implicaba riesgos de acceso a
los datos de ciudadanos y posibles usos para
manipulación o propaganda.
El proceso legal se resolvió cuando la Corte Suprema
respaldó la posición del Gobierno. Durante unas horas,
TikTok llegó a estar suspendida en vísperas de la toma
de posesión presidencial del 20 de enero de 2025.
Posteriormente, el nuevo presidente estadounidense
mantuvo conversaciones con su par chino y autorizó la
continuidad temporal de la plataforma mientras
avanzaban las negociaciones para su venta definitiva.
En marzo de este año, se cerró el acuerdo que
incluyó un pago de USD 10.000 millones al Gobierno
estadounidense como parte de la operación. Entre los
nuevos propietarios de la filial estadounidense se
encuentran empresarios y firmas tecnológicas nacionales
e internacionales, además de inversores vinculados a la
industria tecnológica y financiera.
Nueva estructura de propiedad y reparto de beneficios
Según los términos del acuerdo, los nuevos propietarios
estadounidenses de TikTok deberán compartir las
ganancias generadas en el país con ByteDance, que
conserva un 20% del capital pero quedó excluida de la
gestión operativa. Este nuevo esquema responde a la
preocupación de las autoridades estadounidenses por el
control y la protección de los datos personales de los
usuarios de redes sociales.
Las autoridades reiteraron que el objetivo principal de
estas medidas es asegurar el cumplimiento de la ley y
proteger los derechos de los menores. También
advirtieron que la situación de TikTok en Estados Unidos
continuará bajo observación, en un contexto donde la
regulación de los datos digitales y la privacidad sigue
siendo un tema central en la agenda pública y política.
