Por Staff
Expreso – La Razón
En la margen del río Bravo, al este de Camargo, Tamaulipas, está la estación La Frontera. Por ahí entra, desde Agua Dulce, Texas, el gas que mueve la industria del centro del país.
El ducto cruza 118 kilómetros del subsuelo de la Cuenca de Burgos hasta Los Ramones, Nuevo León, con capacidad de 2 mil 100 millones de pies cúbicos diarios.
Bajo ese suelo está el gas que Tamaulipas dejó de extraer. En 2025 produjo 170 millones diarios de gas no asociado, según Monitor Energético, con datos de Pemex.
Fue el mínimo histórico por entidad: caída de 33 por ciento en un año y seis años a la baja. En 2001 era el primer productor nacional, con 549 millones diarios.
Un solo ducto de importación mueve más de 10 veces lo que produce el estado. Esa es la paradoja de Burgos: corredor de gas ajeno mientras el propio queda bajo tierra.
Promesa nunca cumplida
La cuenca produce gas desde 1945. Abarca el norte de Tamaulipas, parte de Nuevo León y una franja de Coahuila. A finales de los 90, Pemex lanzó el Proyecto Integral Cuenca de Burgos, la gran apuesta gasera.
En 2010, la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos de Diputados describía planes enormes. El Activo Integral Burgos preveía 578 pozos exploratorios y mil 520 de desarrollo para llegar a 2 mil millones diarios. Aportaba 70 por ciento del gas no asociado nacional.
La meta nunca se cumplió. El pico fue en 2009, con mil 515 millones diarios, y desde entonces cae. Tampoco se cumplió la promesa de hace 20 años.
Pemex firmó con Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila un convenio de desarrollo sustentable para municipios de la cuenca. En 2023, Petroquimex hizo balance: no se ha cumplido. Los municipios siguen pobres, sin empleo, mientras gasoductos tamaulipecos operan con más de 65 por ciento de capacidad ociosa.
El auge texano
La formación Eagle Ford no reconoce fronteras. Geólogos coinciden: Burgos es su continuación en México, misma roca, misma edad, potencial comparable.
En Texas, el primer pozo se perforó en 2008. Seis años después, según UTSA, generaba 123 mil millones de dólares en 21 condados del sur y sostenía 191 mil 153 empleos. Solo en 2012 aportó más de 2 mil millones a arcas estatales y locales. Pueblos ganaderos en declive renovaron calles, comercios y finanzas.
Precisión: el gas de lutitas no migra, Texas no succiona gas mexicano. Lo que separa ambos lados no es geología, sino decisiones. De un lado se explotó. Del otro se robó, se dejó declinar o se sustituyó por el vecino.
La ordeña, gran negocio
La primera gran fuga no fue por ducto legal. Entre 2006 y 2011, el Cártel del Golfo y Los Zetas robaron condensado de campos de Pemex en la cuenca, con complicidad de empleados, contratistas y agentes aduanales, y lo exportaron a Texas. Dejaba casi tanto como la droga.
En demandas civiles en Houston, Pemex sostuvo que cárteles se llevaron hasta 40 por ciento del condensado. Métodos: asalto a pipas, secuestro de empleados y ductos clandestinos. Cruzaba con documentos falsos a compradores estadounidenses.
La red salió por investigación de EU, Operación Reckoning. En 2010, Pemex demandó a compradores. En 3 rondas acusó a 23 empresas: BASF, Murphy Energy, Trammo Petroleum, Plains All American, Western Refining y filiales de Shell y ConocoPhillips.
Fue un fracaso. Reclamó 300 millones de dólares y obtuvo sentencias por 71 millones contra 5 empresas y una persona. Ninguna tenía fondos; no recuperó un dólar.
Más grave: ante un tribunal de Houston, Pemex admitió que sabía del robo desde 2006. Presidencia fue informada desde 2007, en el sexenio de Felipe Calderón. Función Pública se declaró incompetente.
En México nadie fue procesado por la red que surtió condensado a la industria texana, justo cuando despegaba Eagle Ford.
Desplazamineto intencional
Mientras el condensado cruzaba el río, municipios se vaciaban. San Fernando, Mier, Guerrero, Camargo, Miguel Alemán y Díaz Ordaz vivieron entre 2010 y 2014 lo peor de la guerra entre Golfo y Zetas.
La antropóloga Séverine Durin, del CIESAS, documentó el caso extremo. Entre 2010 y 2012, San Fernando perdió entre la cuarta parte y la mitad de su población por asesinatos, desapariciones y huida masiva. Hasta 90 por ciento de ejidatarios dejó tierras. Muchos vendieron ranchos a precio de remate por temor a despojo.
Durin advirtió que la caída del valor de la tierra resultaba atractiva para inversionistas energéticos interesados en Burgos.
En 2023, los investigadores Raúl Iglesias Nieto y Pierre Gaussens, de Colmex, y Guadalupe Correa-Cabrera, de George Mason, publicaron un estudio en Crime, Law and Social Change. Hallazgo: los municipios más golpeados por violencia y despoblamiento en el noreste coinciden con la Cuenca de Burgos, mayor reserva de gas de lutitas. Plantean desplazamiento con lógica estratégica más allá de la disputa entre cárteles.
Autores piden cautela. El método muestra coincidencia geográfica, no un plan probado. El despoblamiento rural comenzó antes de la guerra. Pregunta abierta: quién compró, arrendó o se quedó con la tierra abandonada.
El ducto de la importación
El giro se decidió lejos de Tamaulipas. El 8 de noviembre de 2011, en Guaymas, Sonora, Calderón anunció con Sener, Pemex, CFE y CRE un programa de gasoductos con capital privado. Lógica: EU tenía gas de lutitas de sobra; a México le salía más barato comprar que desarrollar el propio.
El gobierno de Enrique Peña Nieto concretó el proyecto. En noviembre de 2013, EU autorizó el gasoducto y, en marzo de 2014, la conexión transfronteriza. La Fase I de Los Ramones se construyó entre marzo y diciembre de 2014, en plena violencia fronteriza.
En 2014, la prensa notó un detalle: el cruce se ubicó en un tramo de Camargo donde el río se estrecha, punto conocido por trasiego de lanchas, helicópteros y balaceras.
La propiedad no quedó en manos públicas. Según PODER, desde 2016 el gasoducto pertenece, además de Pemex, a BlackRock, First Reserve y Sempra vía IEnova. El negocio del gas que entra por Camargo quedó en buena parte en manos extranjeras.
Hoy México importa 70 a 75 por ciento del gas que consume, sobre todo de EU. Buena parte entra por Tamaulipas y pasa sobre la cuenca que dejó de producir.
Los votos de la reforma
En diciembre de 2013, el Congreso aprobó la reforma energética de Peña Nieto con votos del PRI, PAN y Verde. Siete años después, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya denunció ante la FGR esa votación.
Según la denuncia conocida en agosto de 2020, legisladores panistas no negociaron: extorsionaron a cambio de votos. Señaló a Ricardo Anaya y a los senadores Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Francisco García Cabeza de Vaca.
Afirmó que, por órdenes de Hacienda y Luis Videgaray, se entregaron unos 80 millones de pesos. Sostuvo que senadores usaban proyectos políticos en Tamaulipas, Campeche y Querétaro para pedir más dinero y llevaban a Pemex contratistas cercanos para contratos.
La acusación se cruzó con las urnas. En 2016, el PAN ganó 7 gubernaturas y arrebató al PRI, por primera vez en 80 años, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Quintana Roo. Algunos senadores que votaron la reforma llegaron a gobernar sus estados, entre ellos Cabeza de Vaca y Domínguez. En 2015, Javier Corral había denunciado que votos se compensaban con dinero no transparentado.
Nada ha sido probado ante un juez. Anaya calificó la acusación de falsa y recordó que su partido impulsaba la reforma desde antes. De 70 denunciados por Lozoya, solo Lavalle fue detenido y vinculado en abril de 2021. Sigue sin sentencia. Para 2025, el expediente Odebrecht seguía sin castigo para Peña Nieto y Lozoya.
El caso exhibe cómo infraestructura, violencia y política energética se entrelazaron para convertir a Burgos en corredor de importación y no en polo de producción nacional.
Burgos pasó de promesa a paradoja: de aportar 70 por ciento del gas no asociado a depender de importaciones que cruzan su subsuelo. El declive productivo coincide con ordeña, violencia, desplazamiento y privatización del transporte. La cuenca produce menos, importa más y sigue pobre. Entender esa trayectoria es clave para cualquier política energética futura que aspire a rescatar su potencial y revertir la dependencia externa.
