José Luis Rodríguez Castro Expreso La Razón
Cuatro kilos y medio de carne de cocodrilo estaban almacenados
junto a pescados y mariscos de venta regular en los congeladores
de un establecimiento localizado en el muelle de Tancol, en
Tampico.
El producto permanecía en el mismo establecimiento donde se
comercializaban pescados y mariscos.
Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) los localizó durante una inspección y procedió al
aseguramiento del producto y la clausura del negocio.
UN DELITO FEDERAL
El doctor César Cedillo Leal, coordinador del Comité de Interacción
Humano-Cocodrilo para México y de los grupos SOS nacionales,
recordó que tener ejemplares vivos de cocodrilo, o partes y
derivados de ejemplares muertos, sin la documentación
correspondiente, es un delito federal que puede derivar en multa
económica o incluso cárcel.
El especialista también advirtió que no es recomendable mantener
ejemplares de vida libre, ya que no cuentan con una regulación en
su alimentación ni en su salud.
UN RIESGO QUE EL CONSUMIDOR NO PODÍA VER
Cedillo Leal explicó que los cocodrilos son depredadores tope y
funcionan como bioindicadores del estado de los ecosistemas:
acumulan metales pesados e hidrocarburos, y pueden portar
enfermedades sin manifestarlas de forma visible.
“No sabemos de qué cuerpo de agua pueda venir”, advirtió el
especialista, en referencia al riesgo de consumir carne de origen
incierto. En la zona sur de Tamaulipas, señaló, los cuerpos de agua
están expuestos en distintos grados a descargas de aguas
residuales y desechos sólidos urbanos, lo que eleva el riesgo si el
ejemplar procedía de un cuerpo de agua local y no de una granja
certificada.
Por ello, recomendó no consumir carne de cocodrilo si no se tiene
certeza sobre su procedencia.
Cedillo Leal explicó que en México existen granjas productoras de
cocodrilos, concentradas en el sureste del país, que comercializan
el producto de forma legal a cualquier punto del territorio nacional.
“Es carne de legal procedencia, donde te dan una factura, un
número de guía donde dice de qué granja es y los permisos que
tiene esa granja para podértelo vender”, dijo.
Para poder vender carne de cocodrilo de forma legal, explicó, es
necesario contar con una Unidad de Manejo para la Conservación
de la Vida Silvestre (UMA) y un esquema conocido como pie de
cría: ejemplares reproductores adquiridos de otra granja certificada,
cuya descendencia sí puede aprovecharse, siempre que se
acredite su procedencia.
Pero “en todo el país está prohibida la venta de carne de cocodrilo
de vida libre”, afirmó. Los ejemplares de vida libre no pueden ser
aprovechados para la comercialización de carne, piel u otros
derivados.
NECESARIO MANTENER OPERATIVOS
El especialista consideró necesario que las autoridades mantengan
operativos periódicos y sorpresivos para detectar comercialización
de fauna silvestre fuera de los canales legales. “Sí, te tiene que
haber un seguimiento, operativos cada cierto tiempo, operativos
sorpresa, por lo que se ve, esto fue un operativo sorpresa”, señaló.
Añadió que las sanciones cumplen una función disuasiva frente a
este tipo de delitos.
PROFEPA INVESTIGABA VENTA DE CARNE DE COCODRILO
A través de un comunicado, la Profepa informó que la revisión
derivó de acciones de investigación del personal de la
dependencia.
Fue realizada el pasado 18 de septiembre, con el objetivo de
verificar la existencia, venta y comercialización de ejemplares de
cocodrilo y sus derivados en establecimientos de la zona sur de
Tamaulipas.
En el lugar fue localizada carne de Crocodylus moreletii, especie
sujeta a protección especial conforme a la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010.
Según el comunicado, la venta de partes y derivados de esta
especie —incluida la carne— requiere autorización de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o, en su
caso, de la autoridad estatal correspondiente.
La Profepa anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía
General de la República (FGR), con fundamento en el artículo 420
del Código Penal Federal, que contempla penas de uno a nueve
años de prisión y de 300 a tres mil días de multa a quien dañe
ilícitamente a estos ejemplares.
La dependencia dijo que continuará “las acciones de investigación
y estrategias necesarias para detener el tráfico y comercio ilícito de
ejemplares de vida silvestre, así como desmantelar mercados
clandestinos” que operen con partes y derivados de fauna
protegida
