Cynthia Gallardo
Expreso La Razón
Tras el caso de Carmen, mujer señalada por comerciantes como
presunta responsable de diversos robos a establecimientos, el
presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de
Tampico, Eduardo Manzur Manzur, llamó al Congreso de
Tamaulipas a revisar el sistema procesal y promover
modificaciones que permitan atender con mayor eficacia los delitos
del fuero común.
El líder empresarial señaló que desde la perspectiva del sector
comercial, existe un problema que dificulta que quienes son
señalados por este tipo de ilícitos permanezcan sujetos a un
proceso, particularmente cuando no existe una denuncia formal.
“Tenemos un vacío legal que permite y fomenta este tipo de ilícitos,
por eso la gente se molesta y actúa de manera ilegal e indebida por
el hartazgo… creo que son 72 horas. ¿Podría salir libre y volver a lo
mismo? Lamentablemente, sí”
Manzur Manzur explicó que una parte de los robos registrados en
establecimientos comerciales no involucra violencia y que, debido
al monto de lo sustraído, las personas señaladas pueden enfrentar
medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
“Generalmente con una fianza salen, porque el monto de lo robado
es bajo, porque no usan violencia, algún cuchillo, pistola”
El presidente de Canaco Tampico también cuestionó las
dificultades que enfrentan las víctimas para presentar una
denuncia, entre ellas acreditar la propiedad de los artículos
sustraídos, proporcionar grabaciones de las cámaras de vigilancia
y acudir personalmente a realizar trámites y ratificaciones.
A esto se suma la preocupación de las víctimas por proporcionar
datos personales que pudieran ponerlas en una situación de
vulnerabilidad, además de los gastos que implica trasladarse para
denunciar o, en algunos casos, contratar asesoría jurídica.
Planteó la necesidad de implementar mecanismos digitales que
permitan presentar denuncias sin exponer innecesariamente a las
víctimas y agilizar los procedimientos, particularmente cuando una
misma persona sea señalada de manera recurrente por un ilícito.
“Sí tendríamos que buscar que en estos casos guardar la
privacidad de la víctima, que sea algo digital, no presencial y que
se siga de oficio con algunos mecanismos que se puedan
implementar… sobre todo cuando una persona vuelva a entrar por
el mismo ilícito, que la reincidencia, primera, segunda, se castigue
muy fuerte y que la persona no pueda salir a seguir haciendo lo
mismo”
Respecto al caso Carmen, reconoció que comerciantes refieren
que la mujer estaría relacionada con un grupo de cuatro personas
señaladas desde hace años por hechos similares, situación que,
afirmó, ha generado molestia y hartazgo entre quienes han
resultado afectados.
Sin embargo, Manzur Manzur dejó claro que la Canaco rechaza
cualquier acto de justicia por propia mano y llamó a la ciudadanía a
recurrir a las autoridades correspondientes.
“Condenamos todo esto sucedido, en cuanto a que la ciudadanía
haga justicia por su propia mano. Hay una ley, hay una
Constitución y al hacerlo entran ellos en un ilícito que ellos mismos
pueden ser demandados… la gente está molesta porque no hay o
no ve que la ley castigue a la persona que ya está muy señalada y
sigue operando”
Finalmente, informó que la Canaco buscará un acercamiento con la
Guardia Estatal para solicitar mayor presencia de elementos en el
Centro de Tampico y reducir los tiempos de respuesta ante
situaciones que involucren a comerciantes y ciudadanía.
La agresión contra Carmen “N”, quien el martes fue
retenida, golpeada y rapada por ciudadanos que la
señalaron como presunta responsable de robos en
establecimientos del Centro de Tampico, puso bajo
la lupa el seguimiento que reciben estos casos
después de una detención y la actuación de las
autoridades encargadas de investigarlos.
La falta de una intervención inmediata del Ministerio Público y de la
Policía Investigadora ante los presuntos robos atribuidos a Carmen
“N” constituye una omisión que debe ser revisada, consideró el
abogado penalista Juan Jorge Olvera Reyes.
El caso tomó relevancia luego de que comerciantes del Centro de
Tampico retuvieron a la mujer, presuntamente relacionada con más
de 20 robos a establecimientos y la sometieron, esposaron con
cinchos, raparon y golpearon en el cruce de las calles Benito
Juárez y Francisco I. Madero.
El especialista explicó que conforme al artículo 212 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, cuando el Ministerio Público
tiene conocimiento de un hecho que la ley señala como delito, debe
dirigir la investigación y no puede suspenderla o interrumpirla, salvo
en los casos establecidos por la propia legislación.
En este contexto, señaló que, si las autoridades tenían
conocimiento de un robo, la Policía de Investigación debió acudir al
lugar, recabar información y preservar evidencias, entre ellas las
imágenes de las cámaras de videovigilancia.
“Hay una policía de investigación. Si hay comunicación, hay un
robo en la calle Francisco I. Madero… ¿Debió de haberse
presentado la Policía Investigadora? Claro. Y en ese momento, a
ver, ¿qué pasó? ¿Nos permite acceder a las cámaras? Tienes que
mandar al perito de inmediato para que salgan los videos… ¿Hubo
omisión, licenciado? Hay omisiones, claro”
Olvera Reyes también advirtió que la agresión cometida contra
Carmen “N” por particulares debe ser investigada,
independientemente de las denuncias que pudieran existir en su
contra.
Explicó que nadie puede hacerse justicia por propia mano y que
ante la retención de una persona señalada por un presunto delito,
los particulares debieron solicitar la intervención de las autoridades.
“Si tú cometes un delito en contra de un delincuente, hay un
principio en México: nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Y si
la persona la golpean, la lesionan, hay casos en México hasta los
queman… las personas cometen un delito. Si la propia policía está
acotada, que no puede golpear a una persona, tampoco una
persona… Tránsito detiene, llama a la Guardia Estatal, a la Policía
Investigadora; no viene, él mismo oficial de tránsito se la lleva a la
Agencia del Ministerio Público”
El abogado recordó que el artículo 8, numeral 2, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de toda
persona inculpada de un delito a que se presuma su inocencia
mientras no se determine legalmente su culpabilidad.
Expresó que la investigación debe realizarse de manera inmediata,
eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, además de
contemplar todas las líneas de investigación que permitan
esclarecer los hechos e identificar a quienes participaron.
Respecto a los señalamientos contra Carmen “N”, indicó que si
durante una investigación se acreditan las circunstancias
correspondientes, podrían analizarse figuras como pandillerismo,
asociación delictuosa y robo con violencia, aunque precisó que la
existencia de estos delitos y sus agravantes tendría que
determinarse conforme a las pruebas y al procedimiento legal,por
cada delito se establecen penas entre seis meses a seis años de
prisión.
“Si ese robo se cometió con dos o tres personas, ya hay una
agravante, se llama pandillerismo… Es que también, al parecer,
fueron tres liderados por una persona; es asociación delictuosa, va
incrementando la penalidad”.
HA SIDO DETENIDA 5 VECES POR GUARDIA ESTATAL
Carmen, mujer señalada por comerciantes como presunta
responsable de robos en establecimientos del Centro de Tampico,
ha sido detenida en cinco ocasiones por elementos de la Guardia
Estatal entre 2025 y lo que va de 2026, informó el delegado
regional de la corporación, Ludwig Porras Rangel.
Explicó que la Guardia Estatal cuenta con registros de estas
intervenciones, mientras que corresponde a la Fiscalía General de
Justicia de Tamaulipas determinar el seguimiento de cada caso y
establecer si existen carpetas de investigación relacionadas con los
hechos.
“Nosotros tenemos un registro de algunas cinco personas, cinco
veces, pero ya completo con carpeta de investigación lo tiene la
Fiscalía, entre el año pasado y este. Es muy importante la
denuncia, no nada más es: “ya la agarraron y ya”; la parte
ciudadana es la que nos apoya y lo que marca la ley es un
procedimiento, tiene que presentar denuncia formal ante el
Ministerio Público”.
Respecto al procedimiento que sigue la Guardia Estatal tras la
detención de una persona presuntamente relacionada con un
delito, Porras Rangel aclaró que la corporación no determina su
liberación, ya que su función consiste en realizar la detención y
poner a la persona a disposición de la autoridad competente.
“La ciudadanía piensa que la policía tiene todo el proceso hasta de
liberación de una persona. Hay que recordar que nosotros
únicamente somos funcionarios de hacer cumplir la ley, como
policías, Guardias Estatales aprehensores. El siguiente paso es
que se ponga ante la autoridad competente”
En el caso de Carmen, explicó, fue puesta a disposición del
Ministerio Público por el presunto delito de robo, por lo que a partir
de ese momento corresponde a la autoridad ministerial continuar
con las investigaciones y determinar lo conducente.
“Nosotros no liberamos a las personas, es trabajo de un fiscal. Fue
por robo, estaban en espera de los denunciantes”
El delegado regional de la Guardia Estatal hizo énfasis en que la
participación de las personas afectadas es fundamental para que
las autoridades puedan dar seguimiento a los casos, por lo que
pidió no limitarse a solicitar la intervención policial, sino acudir ante
el Ministerio Público para formalizar la denuncia.
Asimismo, indicó que la Guardia Estatal atiende hasta 2 mil 800
reportes al mes y volverá a intervenir si Carmen recupera su
libertad y posteriormente es señalada por algún otro hecho
delictivo.
“Claro, definitivamente, las veces que sea necesario nosotros
vamos a intervenir y va a llegar la unidad. Hay muchos llamados
que estamos atendiendo; la única autoridad que atiende reportes
generales son 2 mil 800 al mes, solamente la Guardia Estatal
estamos acudiendo”
Porras Rangel reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar
cualquier situación de riesgo o posible delito a través del 911, y
posteriormente dar seguimiento mediante la denuncia formal ante
la autoridad ministerial correspondiente.
Extraoficialmente, trascendió que la parte afectada con el robo del
celular de alta gama acudió a interponer la denuncia contra
Carmen ante la Agencia del Ministerio Público en la Fiscalía
General de Justicia.
