Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
En materia de salud pública, el dinero que se desvía, se desperdicia o
se paga por servicios que presuntamente nunca se realizaron, no es
sólo una cifra contable. Es dinero que deja de invertirse en
medicamentos, equipo, mantenimiento y en atención digna para los
pacientes.
Por eso resulta particularmente grave que documentos oficiales
apunten a posibles irregularidades en contratos de mantenimiento de
equipos de aire acondicionado (en hospitales de Tamaulipas), cuyos
pagos superarían los 33 millones de pesos, correspondientes a las
empresas ANWALT AM, S. A. de C. V. y RIDEL Desarrollos y Proyectos,
S.A. de C.V.
En las instrucciones de pago aparece el nombre de Arik Salvatierra
García, entonces jefe de Servicios Administrativos y Finanzas de la
Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar en Tamaulipas.
Aquí no se trata de condenar anticipadamente a nadie. Esa
responsabilidad corresponde a las autoridades competentes. Se trata
de formular preguntas que deben responderse con documentos y sin
silencios burocráticos ni protección política.
De acuerdo con la documentación referida, el Hospital General ‘Dr.
Carlos Canseco’ habría informado que ANWALT AM no se presentó a
proporcionar el servicio por el cual posteriormente se habría efectuado
el pago. Y la pregunta es elemental es: ¿cómo puede pagarse un
servicio que, según el propio hospital, no se realizó?
Pero los cuestionamientos no terminan ahí. Las evidencias fotográficas
presentadas como comprobantes mostrarían imágenes repetidas entre
distintos servicios. También se señala que uno de los equipos
reportados como atendidos, un Chiller marca York, llevaba años fuera
de operación y sin componentes internos.
A ello se suma que un mismo técnico habría firmado órdenes de
servicio a nombre de las dos empresas y que una de ellas habría
facturado trabajos fuera de la zona que contractualmente tenía
asignada, pese a que esa práctica estaría prohibida.
Demasiadas coincidencias para despacharlas simplemente como
errores administrativos.
Según los documentos, las instrucciones para realizar los pagos fueron
emitidas por Salvatierra García, quien habría asentado que la
documentación había sido revisada y verificada y que los trabajos se
habían recibido a entera satisfacción.
Si esto es así, la contradicción resulta evidente: ¿cómo se pudo
certificar como recibido y satisfactorio un servicio que el propio hospital
reportó como no realizado?
Una factura no sustituye un servicio. Una fotografía no sustituye una
reparación. Y una firma administrativa tampoco puede convertir en
realizado aquello que materialmente nunca ocurrió.
Además, el mantenimiento de los sistemas de climatización no es un
asunto ornamental en un hospital. Forma parte de las condiciones
necesarias para la operación de determinadas áreas, la seguridad de
pacientes y trabajadores y la conservación de medicamentos e
insumos.
El caso adquiere otra dimensión porque el mismo funcionario aparece
relacionado con una investigación de la Fiscalía General de la
República (FGR) por un posible uso ilícito de atribuciones y facultades
vinculado con la calificación de una licitación pública nacional del IMSS-
Bienestar en Tamaulipas, adjudicada en junio de 2026.
La pregunta vuelve a ser sencilla: ¿tenía el funcionario las atribuciones
legales para intervenir en la evaluación técnica de aquella licitación?
También se refiere una investigación relacionada con adquisiciones de
medicamentos durante su paso por el IMSS en Nuevo León. De
acuerdo con la documentación citada, se habría solicitado investigar
una compra por 131 millones de pesos, cuyo valor de mercado habría
sido estimado en 51 millones, lo que implicaría un posible sobrecosto
cercano a 80 millones.
El miedo también forma parte del problema, ya que se ha referido una
denuncia presentada en junio de 2026 por una servidora pública por
presunto hostigamiento laboral y acoso sexual, acompañada de una
solicitud de medidas de protección ante el temor de posibles
represalias.
¿Y dónde está la responsabilidad institucional?
Aquí aparece otra pregunta inevitable: ¿qué ha hecho la Coordinación
Estatal del IMSS-Bienestar frente a estos señalamientos?
El doctor Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, como titular de la
Coordinación Estatal, tiene frente a sí un problema que no puede
resolverse con declaraciones generales. Si existen expedientes, deben
revisarse. Si existen denuncias, deben canalizarse a las autoridades
competentes. Y si existen posibles delitos, debe darse vista a la
autoridad ministerial.
Lo que no puede ocurrir es que los expedientes se pierdan en la
burocracia.
Lo que está en juego no son únicamente los más de 33 millones de
pesos relacionados con contratos de mantenimiento. Está en juego la
credibilidad del IMSS-Bienestar en Tamaulipas y la confianza de los
ciudadanos en quienes administran los recursos destinados a la salud.
Si los servicios fueron realizados, que se demuestre con evidencia
técnica, documental y física. Si fueron parciales, que se determine
quién autorizó los pagos. Y si nunca se realizaron, que se establezca
quién certificó su recepción, quién ordenó pagar y quién debe
responder.
Sin excepciones. Sin compadrazgos. Sin funcionarios intocables.
La salud pública no puede convertirse en terreno fértil para negocios
particulares ni en caja chica de intereses de grupo. Mientras en las
oficinas alguien firma órdenes de pago, en los hospitales hay pacientes
que esperan atención, médicos que trabajan bajo condiciones difíciles y
trabajadores que necesitan instalaciones dignas.
El dinero destinado a la salud pertenece a los ciudadanos.
Por eso la pregunta final debe alcanzar a toda la cadena de
responsabilidades. ¿Quién autorizó? ¿Quién verificó? ¿Quién pagó?
¿Y quién permitió que ocurriera?
Correo: jusam_gg@hotmail.com
