En Publico/Nora García
El memorando que Donald Trump envió al Congreso el 15 de septiembre traía una lista de
exigencias para México y ningún plazo para cumplirlas, y seis días más tarde esas exigencias
ya se discutían en la mesa comercial, de manera que un trámite antidrogas terminó sirviendo
de palanca en una negociación de comercio.
Se difundió el 16 y ese mismo miércoles los dos mandatarios hablaron por teléfono, el 17 la
presidenta respondió desde Palacio Nacional y el 18 confirmó la llamada sin revelar su
contenido, cuatro movimientos en cuatro días sobre expedientes que se tramitaban por
separado.
Veintitrés naciones aparecen en esa lista, entre ellas China e India, y México figura como cada
año sin caer en la categoría de incumplimiento demostrable, que esta vez tocó a Afganistán,
Bolivia, Birmania y Colombia. El texto reconoce que este gobierno incautó más droga,
desmanteló laboratorios, mandó recursos a la frontera y colaboró contra los cárteles.
Las exigencias son puntuales, reforzar la cadena de suministro con más participación privada,
subir las inspecciones en puertos de entrada e invertir más en seguridad, y hay una que pesa
distinto, desenmascarar, detener y enjuiciar a funcionarios que, según la redacción del
documento, traicionaron la soberanía de su propio país.
El párrafo de mayor calado llega después, cuando Washington describe lo que pasa en México
como organizaciones narcoterroristas que dominan amplias zonas de su territorio, y sobre
diagnósticos de ese tipo se han montado las amenazas de atacar por tierra a los cárteles que
Trump repite desde enero.
Ninguna autoridad mexicana ha reconocido esa descripción, y el propio documento la
desmiente unos renglones antes, cuando se acredita haber colaborado en la caída del Mencho,
abatido en Jalisco en febrero, porque esa clase de operativos conjuntos no se ejecuta en un
territorio perdido.
La presidenta contestó el 17 y dijo que no necesitamos que nos juzguen desde afuera, pidió
evaluación en los dos sentidos, con Estados Unidos rindiendo cuentas sobre consumo,
distribución y lavado, y sostuvo que su gobierno persigue a funcionarios ligados a lo ilícito sin
ver colores, para cerrar ofreciendo cooperación con respeto mutuo a la soberanía.
Su argumento de mayor peso fue el de las armas, porque el apartado sobre México exige
perseguir las finanzas del crimen y no menciona los rifles que cruzan hacia el sur, que son los
que explican ese poder de fuego, así que la evaluación termina calificando a un solo lado de
una frontera que tiene dos.
El instrumento se llama determinación presidencial, corresponde al año fiscal 2027 y es una
facultad unilateral anclada en la ley estadounidense de asistencia exterior, donde descertificar
corta la ayuda salvo la humanitaria y obliga a Washington a oponerse a créditos multilaterales,
sin crear obligación legal alguna para México.
Ahí está la asimetría, porque en materia penal Washington no puede ordenarle nada a este
país, mientras llega a la mesa comercial con bastante capacidad de presión, y en ese margen
entre lo exigible y lo negociable ocurre todo lo demás.
Con el reclamo sobre funcionarios coludidos hay que ir con cuidado, porque esa colusión está
documentada desde hace décadas y perseguirla es deuda interna antes que concesión al
vecino, aunque la facultad de detener y procesar les toca a la Fiscalía General y a los jueces,
no a un documento redactado en otra capital.
La mezcla de agendas no empezó con este memorando, porque el comunicado conjunto de la
tercera ronda, del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México, ya traía la seguridad económica
entre sus temas, y medios financieros reportaron después, citando fuentes en Washington, que
en la llamada salieron narcotráfico, reglas de origen y contenido chino.
Durante tres décadas México defendió que la seguridad y el comercio se trataran en mesas
distintas, para que ninguna sirviera de rehén de la otra, y esa separación se está borrando sin
que nadie firme nada. La revisión anual del tratado abrió la puerta, pues estaba prevista si las
partes no confirmaban la extensión, y el 1 de julio no la confirmaron.
El efecto ya se ve en los cruces, según el sistema de puentes de Laredo, que entre octubre y
julio registró 2 millones 491 mil 688 camiones de carga, apenas 5 mil 463 más que el periodo
anterior, un alza de 0.2% frente a 5.2% de los vehículos ligeros y 3.2% de los peatones.
El comercio se frenó antes de que se apruebe una sola regla de origen más estricta, porque la
incertidumbre no espera a la norma, se adelanta a la decisión de producir aquí o en otra planta,
y detrás de esa decisión hay una escena que en esta frontera todos hemos visto, los camiones
de personal a las cinco y media, los portones que abren a la hora exacta, la fila con la
credencial en la mano.
En Reynosa esa industria sostiene más de 140 mil empleos directos en poco más de 150
empresas, y el presidente de Index, Alfredo Guajardo Jiménez, lo dijo en febrero, ahí se genera
60% del trabajo y de las exportaciones de la región, mientras el estado concentra 7.3% del
personal ocupado del país en establecimientos IMMEX.
Ninguna entidad tiene silla en esa negociación, así está diseñado el arreglo federal, y aun así
aquí se cobra la cuenta. Desde la frontera lo sensato es medir antes que indignarse, porque un
país que procesa a sus corruptos cuando lo manda su justicia deja de ofrecerle esa palanca a
nadie.
Del cuadro salen tres escenarios, y el primero es que la cuarta ronda se haga a las prisas y
cierre con anuncios parciales, porque se anunciaba para esta semana, Economía sigue sin
confirmar fecha y Estados Unidos vota el 3 de noviembre. El segundo, que los compromisos de
seguridad acaben escritos como metas verificables en la mesa comercial, con la determinación
de septiembre haciendo de boleta anual.
El tercero se puede verificar mes con mes en ese mismo reporte de cruces, donde los
vehículos ligeros vienen creciendo más de veinte veces más rápido que los camiones de carga.
Si la brecha se cierra en los próximos meses, el análisis habrá fallado, y si se ensancha, lo que
hoy se discute como asunto de soberanía tendrá que discutirse como asunto de empleo.
