Cynthia Gallardo
La Razón
Empresas internacionales que operan mediante plataformas digitales, como Airbnb, han recurrido a procedimientos legales y amparos para frenar el cobro de contribuciones en Tamaulipas, informó Carlos Irán Ramírez González, secretario de Finanzas del Estado.
El funcionario señaló que algunas compañías argumentan no contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o domicilio fiscal en territorio nacional, mientras que otras han promovido amparos contra las acciones emprendidas por el Gobierno de Tamaulipas para exigir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
“Tenemos una resistencia por parte de estas empresas que yo le llamo “no responsable”, que no hacen el pago de sus contribuciones. Tenemos procedimientos instaurados, unos amparos que han detenido estas acciones que lleva legalmente el estado y vamos a seguir insistiendo a través de los instrumentos jurídicos para que estos contribuyentes que hacen uso de instalaciones en el estado de Tamaulipas paguen sus contribuciones conforme a derecho”
Ramírez González explicó que el crecimiento de los negocios digitales representa un reto para las autoridades fiscales, particularmente cuando las empresas realizan operaciones económicas en Tamaulipas, pero no cuentan con representación o domicilio fiscal en México.
“Son empresas internacionales que muchas veces no tienen RFC o su domicilio fiscal incluso en territorio nacional; bajo ese supuesto operan. La humanidad va avanzando con estas tecnologías y hoy puedes hacer negocios a través de instrumentos jurídicos y no prevenimos instrumentos legales para cualquier contingencia que pudiera suceder”
Ante este escenario, consideró necesario actualizar el marco legal para establecer mecanismos que permitan garantizar que las empresas que desarrollan actividades económicas en municipios y entidades del país cumplan con las contribuciones correspondientes.
El secretario de Finanzas de Tamaulipas indicó que los procedimientos legales promovidos por algunas compañías incluyen argumentos relacionados con la legislación aplicable, posibles actos de inconstitucionalidad y la falta de residencia fiscal en México.
Corresponderá a los jueces de distrito analizar cada caso y determinar la procedencia de los argumentos presentados.
Reconoció que actualmente el Gobierno estatal no tiene identificado el monto exacto de recursos que podría dejar de captar por estas operaciones, debido a que algunas plataformas digitales no proporcionan información suficiente sobre las actividades económicas que realizan sus usuarios en Tamaulipas.
