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La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas obtuvo una acusación formal contra José Flores Flores, originario de Reynosa, por el delito de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
El fiscal federal Aaron Reitz describió este como el primer cargo de este tipo presentado en ese distrito contra un integrante del Cártel del Golfo desde que el gobierno de Donald Trump designó esa organización como grupo terrorista.
Flores Flores fue arrestado el 10 de julio de 2026 por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de Mission, Texas, frente a la franja fronteriza de Reynosa y Río Bravo.
El jefe del Sector Río Grande de la Patrulla Fronteriza, Jared Ashby, señaló además que la información obtenida del detenido permitió identificar “presuntos sitios de disposición de cuerpos humanos en México”, de uno de los cuales se recuperaron tres restos, sin que las autoridades precisaran en qué entidad se ubican esos sitios.
De acuerdo con Wright, Flores Flores había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en enero de 2025, cuando fue detenido, procesado y deportado por primera vez.
Su segundo ingreso, el que derivó en este proceso, ocurrió apenas días antes de la toma de posesión de Trump como presidente. El propio detenido admitió ante las autoridades, según la fiscalía, haber trabajado durante el último año con funciones de “ranger” y sicario, recorriendo la zona en busca de objetivos y monitoreando comunicaciones de autoridades mexicanas y de cárteles rivales, y reconoció ser la persona que aparece en videos e imágenes de su teléfono celular desmembrando un cadáver e incinerando restos humanos.
Flores Flores enfrenta tres cargos: apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para brindar ese apoyo, ambos con pena máxima de 20 años de prisión y que podrían acumularse, además de reingreso ilegal, calificado como delito menor con una pena de uno a dos años.
Wright explicó que, de no existir la designación del Cártel del Golfo como organización terrorista, Flores Flores únicamente habría enfrentado el cargo menor por reingreso ilegal. “La diferencia entre simplemente acusar a alguien así de reingreso ilegal y ser un terrorista extranjero es enorme”, dijo el fiscal.
El caso es, según Wright, la tercera acusación formal presentada en el Distrito Sur de Texas bajo la disposición de apoyo material a organizaciones terroristas desde que entró en vigor la orden ejecutiva de Trump, aunque la primera dirigida específicamente contra un miembro de este grupo; las otras dos permanecen activas sin resolución, sin que el fiscal precisara a qué organizaciones corresponden.
El funcionario federal indicó también que su oficina busca identificar a cualquier persona, en ambos lados de la frontera, que brinde apoyo material a organizaciones designadas como terroristas, aunque afirmó que hasta el momento no se han presentado cargos de este tipo contra ciudadanos o empresas estadounidenses.
Sobre la eventual cooperación de autoridades mexicanas en la investigación, Wright evitó pronunciarse. “No podemos comentar qué está haciendo el gobierno mexicano en este asunto o en otros. Al final del día, mi trabajo es movilizar los recursos de las fuerzas del orden federales de Estados Unidos”, respondió ante la pregunta de un reportero. Las autoridades estadounidenses tampoco precisaron la identidad de las víctimas cuyos restos fueron localizados, ni si existen más sitios de disposición de cuerpos vinculados al caso.
