Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
El ciclo escolar 2026-27, iniciado en la víspera, despertó claro
entusiasmo entre miles de padres de familia cuyos hijos por primera
vez pisan un aula (como es el caso de los alumnos de preprimaria y
primaria), pero no tanto entre otros millones de tutores que continúan
desembolsando importantes sumas de dinero en útiles y uniformes.
Se lo comento porque, hasta hoy incluso, no sé de institución alguna
donde se haya atendido puntualmente lo plasmado en el artículo
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
–en cuanto a las instituciones públicas–, de brindar un servicio gratuito
y laico.
Y sí, por el contrario, sé de casos en que los mentores medran tanto
con la admisión de educandos y la adquisición de materiales y de
uniformes como acostumbran hacerlo dentro el sistema educativo –que
generosamente les paga por ejercer un servicio, aunque regularmente
mediocre–, en claro detrimento del avance en esta materia, porque la
venta directa de esos artículos les produce pingües dividendos.
La reglamentación oficial advierte que la enseñanza debe desligarse
completamente de toda transacción comercial.
Sin embargo, fuera de toda institución privada –donde sí se contrata
este servicio y quienes lo hacen saben perfectamente a qué se atienen
porque están en manos de la usura–, en el sector público se da el caso
de que hay directores de escuelas que suelen negarle la instrucción a
quienes no han pagan ‘las cuotas voluntarias’ o los ‘donativos’, que
jamás registran las arcas gubernamentales.
Por si fuera poco, igual basta ir cualquier institución –al menos aquí en
Tamaulipas–, para darnos cuenta del negocio que se hace con los
uniformes y útiles escolares y preguntar dónde se fabrican y quiénes
los venden, para mejor entender el por qué se obliga a los educandos a
la adquisición de su vestimenta diaria y enseres en negocios
determinados.
Sospecho, sin embargo, que en el caso de Tamaulipas el secretario de
Educación, Miguel Ángel Valdés García, no está en el ‘enjuague’, pero
sí creo pertinente se mantenga al cuidado de esta denuncia, pues a lo
largo y ancho de toda la geografía estatal se registra el cobro indebido
de cuotas escolares y la compra de uniformes en establecimientos
determinados.
Precisiones
El tema atrapa mi atención porque sé, de primera mano, que hay miles
de víctimas de los colegios privados.
Y la mayoría de sus alumnos nunca han recibido un beneficio público.
Ciertamente, y, ante la falta de escuelas públicas para cursar estudios,
sobre todo en las áreas de bachillerato y profesional en el municipio,
tienen los estudiantes necesidad de emigrar a otras latitudes para
continuar, si así lo quieren, su capacitación.
Las becas que actualmente otorga el programa Bienestar, ciertamente
benefician a estudiantes de los niveles de educación básica,
bachillerato y profesional que cursan estudios en instituciones públicas,
dejando fuera de su programa a quienes lo hacen en colegios privados.
Y aquí preciso estos puntos:
+ La usura educativa golpea a los paterfamilias sin razón de ser, pues
hay aún de cientos disgustados ante el alto precio que cobran por
atender la educación de sus hijos ante la falta de oferta federal, en su
instrucción;
+ La connivencia de algunas autoridades educativas con los colegios
privados, obstaculiza que los alumnos puedan obtener duplicados de
sus certificados en la propia SET (Secretaría de Educación de
Tamaulipas); y
3) La negativa de la Federación para becar a estudiantes de escuelas
privadas, mientras subsidia a los jóvenes que no estudian ni trabajan
–más conocidos como ‘ninis’–, con 7 mil 572 pesos mensuales, es un
insulto a la economía de quienes con esfuerzo pagan colegiaturas.
Al empeño
Ahora, con el regreso a clases y la pedidera de útiles, resulta
importante destacar que el abuso contra el patrimonio familiar que
cotidianamente realizan las empresas prestamistas instaladas en los 43
municipios de la entidad, es un asunto que el Congreso del Estado
debe atender en lo inmediato y no relegarlo, como lo han hecho los
diputados de legislaturas anteriores, a un simple punto de acuerdo.
Más cuando su operación y funcionamiento no acata lo dispuesto en la
Ley de Ahorro y Crédito Popular –publicada en el Diario Oficial en junio
del 2001–, que regula, promueve y facilita el servicio.
Por tanto, las llamadas casas de empeño están incurriendo en el delito
de usura, según lo establece el Código Penal para el Estado de
Tamaulipas.
¿Acaso éste no es un buen tema para debatir en el Congreso local?
Eso acarrearía credibilidad a los diputados.
Y más si sancionaran tanto abuso.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
