Por Perla Reséndez
Expreso – La Razón
La Fiscalía General de la República (FGR) destacó el caso de los 144 millones de litros de hidrocarburos contrabandeados en 2025 por la Aduana de Matamoros, en el que se implica a militares, como uno de los asuntos más relevantes de huachicol fiscal descubiertos hasta ahora por las autoridades federales.
Entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, esa cantidad de carburante fue introducida al país por ese puente fronterizo en mil 366 ferrotanques cargados con diésel, gasolina y nafta ligera, declarados ante la autoridad como “solución de cloruro de calcio” para evadir el pago de impuestos, simular una operación lícita y ocultar su origen ilícito, de acuerdo con la indagatoria.
En un comunicado oficial, la FGR recordó que, del total, logró asegurar en la Aduana 15 millones de litros de hidrocarburos, el 10.4 por ciento de lo contrabandeado en apenas 52 días, además de 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques vinculados directamente a la operación de trasiego.
“De igual forma, entre los resultados más relevantes de esta estrategia se encuentra una indagatoria que recientemente trascendió al ámbito público sobre los resultados de las investigaciones con respecto a uno de los esquemas de contrabando de combustibles de mayor dimensión detectados en el país, con operaciones concentradas en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas”, señaló la dependencia en su informe.
“Como resultado de estas indagatorias se logró el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos, 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques, además de diversas órdenes de aprehensión que llevaron a la detención y vinculación a proceso de posibles integrantes de la organización criminal, así como el seguimiento de una red conformada por empresas, operadores logísticos y servidores públicos presuntamente involucrados”, precisó la Fiscalía.
ESQUEMA DE CONTRABANDO Y RED DE FUNCIONARIOS
Por este caso se libraron 13 órdenes de aprehensión contra funcionarios, empresarios y agentes aduanales. Siete han sido detenidos y vinculados a proceso, entre ellos Armando Riestra Fernández, propietario de Servicios Aduanales JR S.A. de C.V., señalado por la FGR como presunto líder de la red de huachicol fiscal que operaba en la Aduana de Matamoros.
Permanecen prófugos de la justicia los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, titulares de esa aduana entre 2024 y 2026, y el teniente de Policía Militar Jorge García García, exsubdirector de Operación Aduanera del recinto, vinculados a facilitar el ingreso ilegal de hidrocarburos.
A diferencia del huachicol por tomas clandestinas, el huachicol fiscal opera con complejas redes de empresas fachada, importadores, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros que permiten introducir combustible ilícito, evadir impuestos y comercializarlo en gasolineras y con clientes industriales, con grave afectación a la hacienda pública y a la competencia legal.
Para resarcir el daño a la economía nacional y al patrimonio de las y los mexicanos, la FGR fortaleció las investigaciones en coordinación con el Gabinete de Seguridad, la Agencia Nacional de Aduanas y la Unidad de Inteligencia Financiera, con el objetivo de desmantelar por completo la estructura financiera y logística.
Según las indagatorias, las organizaciones usaban rutas marítimas, ferroviarias y terrestres. En la vía marítima utilizaban documentación falsa para simular importaciones legales de aditivos y químicos como cloruro de calcio. Ya en puertos nacionales, el combustible era descargado sin declarar y almacenado en instalaciones clandestinas para distribuirlo con facturación apócrifa y empresas de transporte aparentemente legales.
Luego, por vía terrestre, el hidrocarburo era mezclado con producto lícito para dificultar su identificación e incorporarlo al mercado formal mediante una red diseñada para ocultar su origen y romper la trazabilidad del producto.
La inteligencia federal detectó también una red ferroviaria que declaraba volúmenes menores a los reales o los registraba como productos con carga fiscal distinta, ocultando millones de litros y provocando quebrantos por omisión de impuestos como IEPS e IVA. Según la FGR, en el esquema participan importadoras, agencias aduanales, empresas receptoras, operadores ferroviarios y firmas dedicadas a la dispersión de recursos, integradas para fragmentar la operación y aparentar legalidad con depósitos en cascada y prestanombres.
OPERATIVOS FERROVIARIOS Y MARÍTIMOS MILLONARIOS
Las investigaciones de la FEMDO han permitido establecer que todas estas operaciones forman parte de una misma estructura criminal con alcance transnacional. Estados como Coahuila, Durango y Zacatecas funcionan como nodos logísticos que conectan las operaciones marítimas, ferroviarias y terrestres para insertar el combustible en el mercado nacional, utilizando patios y espuelas privadas.
Por lo que la estrategia no se limita al aseguramiento del combustible, sino también a desarticular por completo las organizaciones, identificar a quienes las financian, localizar a las empresas utilizadas para simular operaciones, investigar a los responsables de la logística, seguir la ruta del dinero y llevar ante la justicia a todas las personas involucradas, incluyendo servidores públicos.
Entre los principales resultados sobresalen los aseguramientos realizados en Tamaulipas. En la modalidad marítima, destaca el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico. Allí fueron asegurados alrededor de 10 millones de litros de diésel, además de tractocamiones, autotanques, documentación aduanera e infraestructura, así como la detención de dos personas. Lo anterior afectó la estructura logística, generándole un impacto económico aproximado de 372 millones de pesos.
En Ensenada, Baja California, fue asegurado el combustible del buque TORM AGNES, con ocho millones 892 mil 1 litros localizados en un predio de El Sauzal. En esa operación también fueron aseguradas pipas cargadas con combustible ilícito, fueron detenidas tres personas y continúan vigentes órdenes de aprehensión. El impacto económico fue de 154 millones 920 mil 363 pesos.
En la modalidad ferroviaria, la FGR aseguró ferrotanques en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila, sumando 170 ferrotanques con 18 millones 900 mil litros y una espuela en Coahuila. Estas acciones implicaron un impacto de 238 millones 818 mil pesos, con investigaciones abiertas contra más de 70 personas y empresas en nueve entidades del país.
