Inteligencia Ciudadana/Alfredo Torres
Hoy toca hacer la pregunta más incómoda de todas: ¿quién vigila cómo se gastan los
impuestos que pagamos? Imaginemos por un momento que hemos invertido en una empresa y
como accionistas, un día, al revisar los estados financieros, descubres que el Director General
gasta millones sin presentar facturas, les entrega los contratos más lucrativos a sus amigos sin
comparar precios y, año con año, reporta pérdidas millonarias en proyectos mal planeados.
¿Qué harías? ¿lo despedirías de inmediato? ¿exigirías una investigación penal?, recordemos
que el dinero aportado es fruto de nuestro esfuerzo y trabajo, mucho o poco, pero nos ha
costado, la respuesta pareciera ser obvia, pero eso lo dejamos a la imaginación de cada uno.
No obstante, cuando se trata de la empresa más grande de todas “el Estado Mexicano”,
parecemos padecer de una extraña amnesia colectiva o simplemente justificamos. Olvidamos
que nosotros somos los accionistas y que los gobernantes son, simplemente, administradores
temporales, contratados para gestionar esos recursos. Tanto en la academia, como en el sector
privado, a los mecanismos que evitan que un director abuse de su poder se les conoce como
Gobierno Corporativo, este mecanismo exige transparencia, consejos de administración
independientes y auditorías rigurosas, lo trágico en el estado mexicano es que carece de una
verdadera gobernanza corporativa pública, por así llamarle.
Veamos los datos que evidencian esta falla estructural: El monopolio de los “amigos”. Una regla
básica de buena administración es que las compras deben licitarse para obtener el mejor precio
y calidad, sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha documentado
consistentemente que, a nivel federal, la enorme mayoría de los contratos públicos
(históricamente rondando el 70% o más en diversas administraciones) se entregan por
adjudicación directa o invitación restringida. Esto demuestra como el sistema ha venido
operando en la opacidad, recordemos que, cuando no hay competencia, el dinero simplemente
se fuga en sobrecostos y amiguismo. Auditorías sin dientes, ¿Qué pasa cuando se detectan
desvíos? prácticamente nada, año con año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa
la Cuenta Pública y detecta miles de millones de pesos con irregularidades o sin justificar, en
diversas dependencias y estados. Además, según la misma ASF, el porcentaje de ese dinero
que realmente se recupera o que termina en algún tipo de sanción para los responsables, es
estadísticamente minúsculo (históricamente menor al 5%). Tenemos también auditorías que
señalan el robo, pero no tenemos un sistema judicial que castigue al ladrón. Una democracia
funcional requiere mucho más que ir a votar cada tres o seis años; requiere una rendición de
cuentas constante. Debemos ser conscientes de que el poder, por su propia naturaleza, tiende
a corromperse si no tiene contrapesos institucionales fuertes. Un principio de administración
básica y de ética establece que, a quien se le confían muchos recursos, se le debe exigir un
nivel equivalente de responsabilidad. Mientras toleremos que el Estado opere en la opacidad y
sin consecuencias por su mala gestión, seguiremos pagando impuestos de primera para recibir
resultados de cuarta.
Para reflexionar, como ciudadanos y “accionistas” del país, ¿qué deberíamos impulsar para que
los gobernantes estén obligados a rendir cuentas en tiempo real sobre cada peso que gastan?.
