Hora de cierre/Pedro Alfonso García Rodríguez
Las conquistas políticas en Tamaulipas, al menos en su pasado reciente, no se han dado de una
manera pacífica, por su diversidad regional y su naturaleza geográfica.
Y sobre todo por los liderazgos regionales que imperaron y aún imperan en gran parte de su
territorio.
En la etapa salinista, el quinazo cambió por completo el panorama al restarle poder al sindicato
petrolero, gran contrapeso del poder presidencial.
Y tras el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu la turbulencia política alcanzó a figuras
fundamentales en la toma de decisiones desde el CEN del PRI para definir puestos de elección
popular.
Y la caída del partido terminaría por dejar al priismo tamaulipeco a la deriva, pero aún
mantenido en unidad.
La esperanza de un posible regreso al poder nacional y la vulnerabilidad de los recién llegados
panistas propiciaron una “luna de miel” entre la Presidencia y los gobiernos estatales, por los
espacios cedidos inicialmente.
Hasta el estallido de inseguridad, el gobierno estatal mantuvo prácticamente el control político
total mediante el partido y gracias a una oposición débil, de un perfil más cercano al activismo
que a la política.
Es la única forma de explicar gubernaturas tan dominantes como las de Tomás Yarrington
Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.
Los excesos llevados a cabo durante sus gobiernos fueron producto de lo inédito de sus
circunstancias. La distracción del poder presidencial por enfrentar a Andrés Manuel López
Obrador dejó a su suerte al estado de mayor importancia estratégica en la relación comercial
entre México y Estados Unidos.
Y al final esos excesos fueron la mejor herramienta utilizada durante el calderonato para
arrebatar el control del estado a los priistas.
Era natural que surgieran relaciones con actividades delictivas por el modelo de negocio que
creció de manera paralela a las rutas de comercio con Estados Unidos.
Un modelo cuyo origen está en Estados Unidos: las rutas del narcotráfico tienen como destino
final las ciudades estadounidenses.
Las rutas de la delincuencia organizada, sean de narcóticos o no, al final son rutas comerciales.
No es extraño que la raíz de un negocio como el del huachicol provenga de estados como Utah.
Y fue tras el estallido de inseguridad cuando el poder presidencial regresó al estado. No
mediante la política, sino con el despliegue de las fuerzas armadas en el territorio.
La estocada final a las estructuras de poder priistas se dio con la persecución de los dos
exgobernadores y el desmantelamiento al que sometieron al gobierno de Egidio Torre Cantú.
La inyección de recursos federales durante el calderonato permitió financiar el posicionamiento
político de Cabeza de Vaca, relacionado con el calderonismo, bien visto por los peñistas y, sobre
todo, favorecido por su doble nacionalidad y por su cercanía con las autoridades texanas, en
particular las de seguridad.
La desgracia priista permitió que Cabeza de Vaca los sometiera y los mantuviera a raya ante una
posible embestida judicial. La concentración del presupuesto en un círculo cercano abrió la
puerta a los operadores de AMLO para iniciar la formación de grupos con influencia en las
ciudades y regiones del estado.
Y no sólo lograron triunfos estratégicos para la llegada de la 4T a la gubernatura: también
aumentaron su dominio territorial para enfrentar al poder, de cualquier partido, incluido
Morena.
En el lapso entre el intento cabecista de continuar en el poder y la recuperación de las fiscalías,
que permanecieron bajo control cabecista, por parte del gobierno de Américo Villarreal Anaya.
La estructura federal de Bienestar que construyó Andrés Manuel López Obrador evitó que el
panismo recuperara los espacios perdidos.
Y gracias a la posibilidad de reelección, esos grupos mantuvieron la permanencia suficiente para
organizar la operación electoral.
El flujo de recursos, como el proveniente del tráfico de “huachicol fiscal”, garantizaba su
dominio, independientemente del partido para el que operaran.
La futura aplicación de la no reelección les resta permanencia, y el llamado de las autoridades
estadounidenses los somete a una posible extradición.
Y es posiblemente su parálisis la que ha propiciado el aumento de la presencia presidencial en el
territorio tamaulipeco.
Durante el gobierno de AMLO se realizó incluso una reunión de gabinete en Tamaulipas, en
respaldo al gobierno de Américo Villarreal Anaya.
En el caso de la presidenta, ante los constantes golpes mediáticos provenientes de la oposición y
de las mismas filas morenistas, y ante la presión desde Estados Unidos, lo que aporta es la
certeza de un respaldo total por parte del Estado mexicano.
En el aspecto interno, el alineamiento de las fuerzas políticas con el gobernador Américo
Villarreal, sin la influencia de otros actores políticos nacionales.
En el externo, frenar la injerencia desde Texas en los asuntos internos del estado y en su
gobernabilidad.
Y además, en su informe la presidenta puso especial énfasis en una plataforma de gobierno que
impulsa el aumento de los espacios de poder para las mujeres.
En la antesala de la elección de 2027, con la renovación de las presidencias municipales y del
Congreso local, y la importancia de asegurar los espacios en el Congreso de la Unión, la estricta
revisión de los perfiles políticos que se mantengan ajenos a investigaciones de las autoridades
mexicanas y estadounidenses.
Y el fortalecimiento de los rubros débiles heredados por AMLO, principalmente en materia de
salud, educación e infraestructura.
El anuncio de los proyectos es la confirmación del aumento de la presencia del gobierno federal
en el estado.
La presidenta y el gobernador mantienen una alianza política que se tejió desde los años en que
él era senador y ella jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además del respaldo total que él le
dio en el proceso de selección de la candidatura presidencial de Morena.
Y continuó pese a la presión de grupos políticos que la confrontaron como precandidata, como
candidata y como presidenta.
El ejemplo más claro es el senador Adán Augusto López.
En el informe del Polyforum, el gobernador dejó claro quién es la máxima autoridad en el
estado: la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ante las circunstancias actuales, también la máxima
autoridad política.
Ese control se mantuvo en manos de priistas durante los sexenios panistas; en el peñismo se dio
la transición; y durante el gobierno de AMLO estuvo en manos de Cabeza de Vaca, primero total
y después parcialmente.
AMLO propició con su popularidad los triunfos en el estado, pero el descontrol de las pugnas
por el poder impuso sus límites.
Ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum y la desgracia que enfrentan los señalados por
Estados Unidos, el control político del estado es del gobernador y, sobre todo, de la presidenta.
Los arrebatos de los liderazgos regionales continuarán; la presión estadounidense persistirá, sin
certeza alguna por la volatilidad de su gobierno.
Y ante la incertidumbre, la constante presencia de la investidura presidencial le da un respaldo
al gobernador y pone la estructura estatal a disposición de la federación.
Al final, ante cualquier circunstancia atípica propia de la turbulencia de los tiempos actuales, ella
es la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.
@pedroalfonso88
