El regaño generalizado al gabinete por parte del gobernador Américo Villarreal deja al descubierto una necesidad latente e ignorada que, de no recibir la atención suficiente, provocaría que otros actores cooptaran a los sectores de la población no atendidos por las autoridades, además de exponer vulnerabilidades en la antesala de un proceso electoral.
La modorra morenista, propiciada por todas las condiciones a favor para recuperar el control del aparato de justicia y mantener influencia sobre las “autónomas”, terminó con un balde de agua fría: el llamado de las autoridades estadounidenses a Rubén Rocha Moya y el retiro de visas a políticos morenistas, principalmente de la frontera, y al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Además de los frentes mediáticos, el riesgo latente de un incremento en la presión bilateral entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el de Donald Trump mantiene un ambiente de tensión que exige, al menos frente al exterior, “mantener la casa en orden”.
Y si el respaldo presidencial es más que evidente con las constantes visitas de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo es también la presencia de su investidura y su prioridad de atender a la población.
En su informe de gobierno realizado en el Polyforum de Victoria, el lugar preferente fue para los beneficiarios de los programas sociales y para la burocracia estatal. Las autoridades estatales, las diputadas y diputados locales y federales, el senador y las senadoras, en una sección estratégica pero no protagónica.
Ante la intensa movilización de aspirantes a cargos de elección popular, el mensaje fue más que claro: la urgencia consiste en atender a la ciudadanía, con funcionarios públicos presentes para resolver las necesidades de la población.
Para el doctor Américo Villarreal, probablemente el ejercicio del poder va más allá del control de las cortes y del Congreso: es la atención directa a cada ciudadano por parte de su gobierno y de sus funcionarios.
La presencia territorial del “buen gobierno” no es nueva y terminó como la única esperanza de aterrizar una verdadera política pública de izquierda: el aparato de Bienestar.
Los recorridos de Andrés Manuel López Obrador a lo largo de todo el país se dieron a la par de los cuestionamientos que enfrentó el gobierno de Enrique Peña Nieto por corrupción y por su responsabilidad, real o por omisión, en el desastre en materia de derechos humanos que aumentó durante el gobierno de Felipe Calderón y aún se mantiene vigente.
Escuchar el clamor social y recopilar información sobre las redes económicas y de poder de cada rincón del país ayudaron a formar estructuras políticas con rapidez. Además, AMLO encontró aliados (cuestionados o no) para aterrizar su proyecto de Bienestar social.
La bandera del combate a la corrupción terminó en cuanto aumentó el dominio territorial de Morena, pero el aparato de Bienestar y la infraestructura construida para atender a la ciudadanía fueron una medida sistemática y exitosa.
En la etapa final del gobierno de AMLO, los excesos de su cúpula y las evidencias de actividades ilícitas corrieron de manera paralela a la constante presencia de su gobierno en distintas partes del país, como sucedió en Tamaulipas, donde realizó una reunión de todo su gabinete.
La trama del huachicol y el intento de esa misma cúpula de secuestrar al gobierno de la presidenta provocaron una pausa en las actividades gubernamentales que coincide con todos los movimientos realizados en el gabinete del gobernador.
Y es probablemente el parteaguas de lo que sería la fase final del gobierno estatal, por iniciativa del Ejecutivo, pero a la vez como una instrucción presidencial.
Ante las constantes crisis que exponen la legitimidad de las autoridades, la mejor respuesta es la presencia del gobierno en cada rincón del estado, con atención directa a la ciudadanía.
Por iniciativa propia, Américo Villarreal acudió y acudirá a prácticamente todos los informes de gobierno de los ayuntamientos del estado. Una señal de respaldo a los gobiernos municipales, pero a la vez como testigo de la realidad de cada localidad.
La “luna de miel” de los alcaldes con el uso del presupuesto público terminó con la recuperación de las autoridades fiscalizadoras y del aparato de justicia.
Y la presencia del gobernador, además, suma la supervisión de su gobierno al ejercicio del poder propio y al de los ayuntamientos. Y a la vez, un censo natural del impacto o de las deficiencias de los programas sociales federales.
En medio de la turbulencia política y de las embestidas mediáticas contra el morenismo y los morenistas, la presencia del gobierno funciona como un contrapeso que garantiza un mayor dominio territorial.
Necesaria para el registro de los liderazgos regionales que mantienen secuestrada la operación electoral en las ciudades y en la periferia rural, los mismos que son constantemente vinculados con actividades ilícitas y con colusión directa con la delincuencia organizada.
Aun con el estallido de inseguridad en la parte final del gobierno de Eugenio Hernández Flores, el trabajo territorial que realizó antes de la crisis le permitió mantener popularidad entre la ciudadanía y el electorado.
Durante los gobiernos de Egidio Torre y Cabeza de Vaca, la ausencia del Estado se dio inicialmente por la crisis de inseguridad y, en la etapa final del cabecismo, por el proceso de desafuero.
En un periodo de 12 años, la figura del Ejecutivo perdió presencia territorial en el estado y ahora, como emulación de la dinámica presidencial, la recupera.
Y de ser acatada la instrucción por su gabinete, propiciaría una verdadera transformación en la vida pública de los municipios tamaulipecos.
Al menos para terminar con el abandono histórico, agravado por la inseguridad, que se convirtió en un área de oportunidad para las actividades delictivas y para el “oportunismo político”.
Como sucede prácticamente en todas las regiones rurales del estado y en los sectores de las ciudades en los que es evidente la falta de atención de las autoridades en algo tan básico como los servicios públicos.
Y al final, el destino sería la recuperación del control político, al menos en materia de gobernabilidad.
@pedroalfonso88