LA TALACHA/Francisco Cuéllar Cardona
La batalla por Tamaulipas en 2027 ya comenzó. Todavía no hay campañas formales, pero sí
señales de una ofensiva para golpear en redes sociales a quienes aspiran a representar a
Morena. La disputa no se librará solamente en las plazas, los mítines o los debates: también se
jugará en el espacio digital, con cuentas que aparentan ser de ciudadanos indignados y
mensajes diseñados para repetirse hasta que una acusación parezca verdad.
El caso de Fernando Cerimedo permite advertir hasta dónde pueden llegar esas prácticas. El
consultor argentino participó en la campaña presidencial de Javier Milei y tuvo vínculos con el
bolsonarismo en Brasil.
Después de la elección brasileña de 2022, difundió señalamientos de fraude electoral sin
pruebas suficientes. La justicia electoral de ese país desmintió las principales falsedades que
circularon sobre las urnas y el cómputo de votos. Cuando se intenta desacreditar una elección
mediante acusaciones infundadas, el daño rebasa a una candidatura: alcanza la confianza
pública en el voto.
Cerimedo fue detenido en Bolivia en agosto de 2026 por presunta tentativa de feminicidio
contra la analista política Nadia Beller. En torno a su detención también surgieron
señalamientos sobre granjas de cuentas y operaciones digitales vinculadas con propiedades
suyas.
Su socio en La Derecha Diario, el español Javier Negre, ha extendido ese proyecto mediático a
distintos países. Ambos han presumido sus vínculos con sectores de la derecha
latinoamericana. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum los ha señalado desde sus
conferencias matutinas por su actividad contra Morena y su gobierno. Negre reconoció
públicamente que una invitación de Ricardo Salinas Pliego influyó en su decisión de venir al
país.
El riesgo no es imaginario.
La narrativa contra Morena impulsada por Cerimedo, Negre y sus plataformas tiene alcance
nacional.
La preocupación en Tamaulipas es que otros “Cerimedos” adopten esas mismas prácticas:
cuentas coordinadas, discursos en medios y redes sustentados en mentiras y campañas de
descrédito amplificadas artificialmente para manchar a los aspirantes de Morena antes de que
el electorado conozca sus propuestas. No hace falta que los operadores originales estén aquí
para que su método encuentre imitadores.
Hay señalamientos de que se han montado oficinas en Monterrey y Ciudad de México desde
las cuales se estaría preparando una estrategia dirigida a Tamaulipas, con cantidades
importantes de dinero para su operación. También se apunta a personajes afines a Acción
Nacional y relacionados con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Son pistas
que no deben descartarse, pero que todavía deben documentarse: quién contrata, quién cobra,
qué cuentas participan y qué relación existe entre ellas.
La advertencia tiene un contexto local. Francisco García Cabeza de Vaca y el PAN conocen el
valor de la confrontación mediática en Tamaulipas. Su proyecto político creció en medio de una
dura disputa por el relato público. Hoy, fuera del gobierno, Cabeza de Vaca sigue siendo un
actor de la oposición. Por eso resulta legítimo preguntar qué papel tendrán él, el PAN y sus
aliados en la contienda digital de 2027. La respuesta debe salir de pruebas, no de la sola
sospecha.
Tampoco hay que olvidar lo ocurrido desde 2016. Durante el ascenso de Cabeza de Vaca y a lo
largo de su gobierno, comunicadoras y comunicadores fueron blanco de narrativas hostiles que,
en algunos casos, persisten hasta la fecha. Esos antecedentes merecen ser revisados y
documentados. También obligan a prestar atención a cualquier intento de extender los ataques
contra los gobiernos de Morena y sus posibles candidaturas.
Sería un error, sin embargo, llamar «guerra sucia» a toda crítica contra Morena. Sus gobiernos
y candidatos tienen cuentas que rendir. Investigar sus decisiones, señalar errores o revelar
actos de corrupción es trabajo periodístico. Otra cosa es fabricar señalamientos, ocultar al
patrocinador de una campaña y usar cuentas coordinadas para simular que miles de personas
llegaron espontáneamente a la misma conclusión.
Ahí entran los medios y los periodistas. Si una acusación nacida en una operación digital llega
a una redacción, la primera pregunta debería ser qué documentos la sostienen.
La segunda, quién la puso a circular. Publicarla sin responder ninguna de las dos permite que
otros escriban la agenda informativa desde una oficina cuyo financiamiento nadie conoce. Y si
esas oficinas ya están identificadas, corresponde investigarlas con el mismo rigor que se exige
para investigar a cualquier gobierno.
Tamaulipas necesita saber qué viene antes de que la campaña negra alcance su punto más
alto. Hay que exhibir contratos, pagos y redes de cuentas cuando existan pruebas; también hay
que dar oportunidad de responder a los señalados.
Los “Cerimedos” de Tamaulipas solo podrán operar a sus anchas si consiguen lo esencial: que
nadie pregunte quién les paga mientras todos repiten lo que publican.
Los “Cerimedos” ya están aquí: en un método que puede reproducirse en Tamaulipas y en el
riesgo de que la mentira organizada marque la elección de 2027. La defensa del voto empieza
por una pregunta que sus operadores no quieren responder: ¿quién paga para engañar a la
ciudadanía?
