EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
En el Congreso de Tamaulipas deberían reservar un espacio en el Muro de Honor para las
sentencias de la Suprema Corte, ahí junto al tablero, para recordarles que juntar manos no
convierte cualquier ocurrencia en una buena ley.
Nota mental 1: Una mayoría sirve para aprobar; pero para legislar bien hace falta estudiar y
mucho.
El revés del 10 de septiembre es la más clara y reciente muestra: la Corte invalidó la reforma al
Código Municipal que establecía restricciones para acceder o permanecer en cargos
municipales por su situación penal.
¿La razón? Se publicó el 1 de julio, dentro de los noventa días previos al inicio del proceso
electoral, cuando la Constitución prohíbe cambios electorales fundamentales.
La Corte ni siquiera necesitó resolver el fondo de esas restricciones; bastó revisar el calendario.
El último día para publicar esos cambios era el 15 de junio. Una reforma puede reunir votos,
pero si llega fuera del plazo constitucional, llega mal. Conocer los tiempos tendría que ser
requisito básico del oficio.
Por si eso fuera poco, el 18 de agosto hubo otra corrección. Al resolver sobre normas que
reservaban al menos 3% de los empleos públicos municipales para personas con discapacidad,
la Corte encontró que el Congreso había omitido consultarlas. Dio doce meses para realizar la
consulta y volver a legislar, difiriendo los efectos de esa invalidez.
Además, anuló de inmediato la exigencia de una certificación de competencias impuesta a esas
personas, por discriminatoria. La paradoja es incómoda: una legislación presentada para incluir
terminó excluyendo a sus destinatarios de la decisión y colocándoles una barrera adicional.
Nota mental 2: Las buenas intenciones también necesitan leer la Constitución.
El tercer asunto es del 20 de abril. En un amparo, la Corte declaró inconstitucionales
disposiciones de Tamaulipas que criminalizaban el aborto y protegían la vida desde la
fecundación. La protección inmediata correspondió a quienes promovieron el juicio; sería
incorrecto venderlo como una eliminación general y automática de todas esas normas.
Sin embargo, la señal al Legislativo es contundente: mantener disposiciones contrarias a los
derechos obliga a las personas a buscar en los tribunales lo que sus representantes deberían
garantizarles.
Nota mental 3: El costo de una ley mal hecha, o de una actualización que nunca llega, lo paga
alguien real.
Estos tres casos muestran que al Congreso le han corregido la plana en asuntos
trascendentes. No todas las normas nacieron en la actual Legislatura, pero quienes hoy ocupan
las curules deben corregir lo heredado y evitar nuevos tropiezos. Eso exige revisar
precedentes, respetar plazos y escuchar a las personas afectadas antes de votar.
Ha trascendido en redes que Tamaulipas es el estado con más reveses ante la Corte. Sería
irresponsable afirmarlo sin un comparativo verificable, pero tampoco necesitamos ganar ese
campeonato para preocuparnos: con los casos que ya tenemos documentados alcanza para
exigir una revisión de cómo se ha venido legislando en nuestro Estado en los últimos años.
Que estos asuntos no acaparen reflectores no les resta trascendencia: una sentencia exhibe
una falla, aunque haga menos ruido que una pelea en tribuna; pero también esos resultados
deben entrar en el balance del Congreso, aunque incomoden al informe y descompongan la
fotografía.
La Corte (ahí como la ven con todas sus deficiencias) cumple su función al revisar las leyes; el
Congreso debe cumplir la suya aprendiendo de las correcciones…
Es un hecho que Tamaulipas ha ocupado un lugar importante en las discusiones jurídicas a
nivel nacional en los últimos años ―y no lo digo necesariamente como un cumplido―, ojalá
que nuestros legisladores locales entiendan que levantar la mano toma segundos; hacerse
responsable de lo que se aprueba exige mucho más.
