Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
El Paquete Económico 2027 contempla severas modificaciones a la Ley
de Ingresos de la Federación (LIF) porque, según la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHyCP) la recaudación ha sido insuficiente
–por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT)–, por la
evasión de impuestos.
Sobre todo, en lo que concierne al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y
al Impuesto Sobre la Renta (ISR), pues supone que, de cada 10
causantes nueve no cumplen formalmente o sus tasas efectivas son
muy reducidas.
Esto lleva al gobierno federal a trazar un nuevo esquema recaudatorio,
aunque está más orientado a ‘obtener recursos’ mediante
modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta porque, advierte,
en tal rubro, es donde más se evaden tributaciones, aunque va por las
empresas grandes, dice, y no por las micro, pequeñas y medianas.
Sin embargo, a éstas les lanza el anzuelo de ‘reducirles’ el IVA en un 9
por ciento al pagar solamente el 7 –conforme al cobro del 16– siempre
que estén inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico); y
que se rehúsen a acreditar el gravamen mediante operaciones
realizadas en su ejercicio comercial.
Ciertamente, el Estado requiere mayores ingresos para su gasto, pues
la recaudación no ha sido suficiente para cubrir servicios públicos de
forma eficiente como son los de educación, salud, seguridad y
asistencia social al menos.
Bajo ese argumento, es inobjetable el propósito recaudatorio. Además,
en un principio elemental de justicia, quienes tienen mayor capacidad,
en lo económico, deben contribuir proporcionalmente, como hacen los
causantes menores, atendiendo las obligaciones establecidas por la
ley.
Sin embargo, el problema es cuando la lucha contra la evasión termina
convirtiéndose en una política de mayor presión sobre quienes ya
cumplen, mientras se pretende presentar como un combate a la
informalidad y/o a la elusión fiscal lo que pudiera terminar siendo
simplemente una ampliación a la base recaudatoria.
La diferencia no es menor.
Se lo comento porque perseguir a quienes deliberadamente ocultan su
ingreso, pero simulan operaciones, usando ‘empresas fantasmas’,
facturan operaciones inexistentes o recurren a técnicas para disminuir
obligaciones fiscales artificialmente, y otra, muy distinta, es modificar
las reglas de manera que el contribuyente termine pagando más, aun
cuando no haya incurrido en una conducta evasiva.
Y en este terreno, habrá que observar con lupa el Paquete Económico
2027.
Las autoridades hacendarias sostienen que la recaudación obtenida ha
sido insuficiente frente al nivel de evasión existente, bajo la premisa de
que un porcentaje muy elevado de contribuyentes no cumple
regularmente con sus obligaciones o presenta tasas efectivas de
tributación ampliamente bajas.
El diagnóstico puede ser correcto.
Pero lo que debe discutirse, sin embargo, es la medicina.
Desde hace décadas, México padece un fuerte problema fiscal que no
puede resolverse únicamente modificando leyes.
La recaudación es menor, a lo que necesita para atender los enormes
rezagos sociales y de infraestructura, pero, al mismo tiempo, mantiene
una economía informal de dimensiones considerables, además de los
múltiples mecanismos legales y contables que les permiten a
determinados sectores reducir significativamente su carga tributaria.
Por eso, cualquier reforma fiscal (que pretenda) tendría que comenzar
por distinguir entre evasión, elusión, informalidad y una legítima
planeación financiera.
No todo contribuyente que paga poco necesariamente está evadiendo.
Y no todo contribuyente que cumple puntualmente debería convertirse
automáticamente en el objetivo más sencillo de la estrategia
recaudatoria.
La autoridad fiscal tiene herramientas cada vez más sofisticadas para
fiscalizar. El SAT cuenta con información bancaria, facturación
electrónica, declaraciones, cruces de información, controles digitales y
mecanismos de inteligencia tributaria que hace algunos años hubieran
parecido propios de una novela de ciencia ficción.
Entonces cabe preguntar: ¿si el Estado dispone de tanta información,
por qué la solución debe descansar fundamentalmente en
modificaciones legales?
La pregunta es pertinente porque el discurso oficial suele presentarnos
cada ajuste fiscal como la panacea contra quienes no pagan impuestos;
sin embargo, la experiencia cotidiana de millones de pequeños
contribuyentes es distinta: más trámites, mayores controles,
obligaciones administrativas crecientes y una relación con la autoridad
fiscal que, en ocasiones, parece construida más desde la sospecha que
desde la confianza.
Y aquí aparece uno de los puntos más delicados del nuevo esquema.
La intención de modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que
se incremente la recaudación, sería bien vista, pero concentrándose en
los grandes contribuyentes que utilizan una compleja estructura
empresarial, a fin de disminuir artificialmente sus obligaciones.
No obstante, el tema cambia cuando se habla de las micro, pequeñas y
medianas empresas, porque son precisamente éstas las que
constituyen buena parte del tejido productivo nacional.
Decir que el gobierno no pretende ir contra ellas sería tranquilizador.
Pero aparece el incentivo del IVA. Y entonces las cosas adquieren otra
dimensión, pues los contribuyentes inscritos en el Resico, para alcanzar
el ‘beneficio’, deben renunciar a toda operación para acreditar el IVA y
pagar, mensualmente, el siete por ciento sobre sus ingresos, más hasta
el 2% por concepto de ISR.
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