INDICADOR POLITICO/Carlos Ramírez
Las relaciones México-Estados Unidos están entrando en una zona de incertidumbre en
donde ninguno de los dos gobiernos da su brazo a torcer: Washington ha llevado a política de
Estado con intervención de su congreso la narcopolítica en México o protección de
funcionarios a los cárteles de la droga y Palacio Nacional está decidiendo candidaturas para el
2027-2030 en el modelo lopezobradorista de “abrazos, no balazos”.
En ese sentido, la Determinación Presidencial para el año fiscal 2027 respecto de los
principales países en el tránsito de drogas o en la producción de drogas ilícitas ha representado
una política de Estado de la Casa Blanca y el apoyo de su congreso para en términos directos
descertificar a los países que no luchen contra el tráfico de drogas que viene del exterior para
responder a las demandas de los más de 50 millones de adictos.
Esta estrategia gubernamental comenzó en 1969 con la decisión del presidente Nixon de cerrar
su frontera sur en el continente americano al tránsito de vehículos y de personas para
implementar revisiones minuciosas que afectaron las relaciones fronterizas. Sólo que ahora el
presidente Trump agregó la narcopolítica, es decir, la percepción gubernamental de que los
cárteles del narcotráfico se han fortalecido por el apoyo de las estructuras de gobierno de
países productores de estupefacientes.
El párrafo central de la Determinación presidencial para 2027, circulada el miércoles 16 de
septiembre por la Casa Blanca, es muy directo y representa una política de Estado y no una
opinión de seguridad: “las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son
insuficientes para mantener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus
finanzas y sus redes delictivas. Esto (mayores inversiones) incluye desenmascarar,
detener y enjuiciar a los numerosos funcionarios corruptos que han ayudado y sido
cómplices de los cárteles y traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”.
No se trata, pues, de un capricho del presidente Trump. Estados Unidos ha distraído el gasto
de miles de millones de dólares en apoyo a países que no sólo no han disminuido su
producción y tráfico de drogas hacia EU, sino que los estupefacientes son producidos en una
nueva estructura de complicidad entre funcionarios del Estado y cárteles del narcotráfico.
El concepto de narcopolítica o narcoestado es el argumento central de la política exterior de
Estados Unidos en materia de seguridad y por ello La Casa Blanca de Trump en enero del año
pasado tomó la decisión de caracterizar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones
terroristas, un paso audaz que le ha permitido a Washington escalar la política contra las
drogas al principio toral de política exterior sustituyendo el fantasma del comunismo por el
espectro del narcoterrorismo.
La estrategia de definición de países afectados por el narcoterrorismo ha atendido las
recomendaciones de la Casa Blanca de incluir a México en una lista de 23 naciones que en los
hechos han sido descertificadas. Y coloca a México como país promotor del narcotráfico al
lado nada menos que de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Perú y Venezuela, naciones que se han convertido ya en objetivos de las
presiones de Estados Unidos en política exterior de seguridad por el narco.
En el caso de México, el párrafo de la Determinación presidencial que alude “a los numerosos
funcionarios públicos corruptos que han ayudado y sido cómplices de los cárteles y han
traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país” forma parte de lo que podría
caracterizarse como el síndrome o enfermedad Rubén Rocha Moya: una tipología de políticos
mexicanos hoy del partido Morena que pactaron alianzas estratégicas con una facción del
Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, y la solicitud de arresto con fines de extradición de
finales de abril pasado reveló de manera oficial que Estados Unidos cuenta con información de
esos pactos criminales entre la política y la delincuencia.
Y en ese mismo sentido, la negativa mexicana a cumplir con la solicitud de arresto con fines de
extradición de Rubén Rocha Moya y nueve cómplices quedó en el centro mismo del
restablecimiento de los criterios y exigencias de EU en materia de narcopolítica y narcoestado.
La advertencia de Estados Unidos del pasado miércoles 16 de septiembre fue circulada
oficialmente en la coyuntura previa a la definición de las candidaturas a 17 gubernaturas
mexicanas que se votarán en junio del año próximo, y entre ellas se encuentran las que han
exhibido el dominio casi total del narcotráfico sobre las plazas: Sonora, Sinaloa, Michoacán,
Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Gerrero, Chihuahua y Quintana
Roo.
Y de nueva cuenta Sinaloa quedó en el centro del conflicto: el grupo de Rubén Rocha Moya
mantuvo el control político del grupo que logró la candidatura de Morena a la gubernatura en
2027. Así que habrá que prepararse para el segundo tiempo del caso Rocha Moya desde EU.
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Política para dummies: La política es la seguridad nacional del Estado.
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