Cynthia Gallardo
La Razón
La aprobación de una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas requiere voluntad política para garantizar que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con obligaciones específicas de prevención y protección, afirmó Rosa María Rodríguez Quintanilla, coordinadora fundadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas.
Explicó que la legislación federal vigente se basa principalmente en la coordinación entre autoridades, mientras que una Ley General permitiría establecer responsabilidades y obligaciones concretas para la Federación, los estados y los municipios.
“Una Ley como la que tenemos ahorita, la Ley Federal, sólo es para la coordinación, depende de la voluntad política del gobierno. Si no quieren, no pasa nada, nada lo obliga. Una Ley General ya es regular y obliga a todos los niveles de gobierno a garantizar la protección y la prevención también”
Rodríguez Quintanilla señaló que en septiembre de 2026 ingresó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia de libertad de expresión, mediante la cual se propone facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Una Ley General permitiría distribuir obligaciones entre Federación, entidades federativas y municipios, en vez de descansar fundamentalmente en el esquema de coordinación”.
La periodista explicó que una propuesta presentada en 2025 plantea incorporar a las autoridades municipales y a las fiscalías estatales al mecanismo de protección, además de incluir la perspectiva de género y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
“Sustituir o superar el alcance de la Ley Federal de 2012 porque esta se basa principalmente en la cooperación Federación-Estados y no establece con suficiente fuerza obligaciones para los tres órdenes de gobierno”
Dijo que otra reforma presentada en agosto de 2026 busca fortalecer el secreto profesional periodístico, reconocer las agresiones administrativas y judiciales contra periodistas, brindar orientación jurídica inmediata y establecer un monitoreo nacional de este tipo de agresiones.
