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PLANCHADURÍA LEGISLATIVA

  • septiembre 1, 2026
  • 6:47 am

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO

El Congreso de Tamaulipas autorizó recientemente dos cambios de gran calado a la
administración pública local: la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital y el Instituto de las
Mujeres pasaron a convertirse en Secretarías.
Ambas decisiones son defendibles; por una parte, dar mayor rango a la política para las
mujeres puede fortalecer su presencia en el gabinete; por otro lado, hacerlo con Innovación
representa una importante oportunidad para agilizar y eficientar trámites.
El problema no está qué se aprobó, sino en la manera como lo hicieron.
Las iniciativas fueron recibidas el 17 de agosto y aprobadas el día 18, con 32 votos a favor; es
decir, todo indica que ya llegaron “planchaditas”.
Y si, aunque parezca increíble, esto nos demuestra que en Tamaulipas una secretaría puede
nacer en menos tiempo del que tarda un ciudadano en terminar algún trámite gubernamental.
Para reformas que modifican jerarquías, atribuciones y presupuestos, el análisis observado
resulta pobre. Los dictámenes exponen bondades generales, pero no presentan un
organigrama comparativo, no precisan las plazas antes y después, no identifican duplicidades
ni establecen metas.
Es cierto que no aparecieron dos burocracias de la nada. Los decretos transfieren personal,
bienes y presupuestos de la Agencia y el Instituto; pero mover recursos no demuestra que el
cambio sea gratuito.
Sin duda alguna, un nuevo rango puede traer titulares, subsecretarías, direcciones y mejores
salarios. El membrete podrá ser barato; la nómina suele tener otros gustos.
Además, las normas de disciplina financiera obligan a incorporar una estimación del impacto
presupuestario. Sin embargo, en los dictámenes publicados no aparece un cálculo sobre
plazas, salarios, transición o gasto anualizado.
Inclusive, en Innovación sólo se ordena que la reorganización no genere impacto… eso es una
instrucción, no una estimación. Es como escribir “no gastar de más” en el refrigerador y dar por
resueltos todos los problemas de la economía familiar.
Lo curioso es que el impacto presupuestal aparece con puntualidad británica cuando se busca
frenar propuestas de otras bancadas. Reformas para ampliar derechos o crear programas han
rebotado porque aparentemente cuestan dinero, pero, cuando la iniciativa viene del Ejecutivo,
hasta la calculadora parece disciplinada.
El ejemplo más incómodo es la Secretaría de la Mujer.
En octubre de 2024, el diputado Ismael García Cabeza de Vaca propuso transformar el Instituto
en Secretaría. Sorprendentemente, en febrero de 2025, las comisiones declararon
improcedente la iniciativa por seis votos contra dos. Argumentaron que el Instituto tenía
capacidad suficiente y que crear una secretaría requería un presupuesto anual inviable… Meh.
El legislador presentó nuevamente la propuesta en octubre de 2025 y permaneció “en estudio”,
pero cuando una idea semejante llegó firmada por el gobernador, el calendario legislativo
descubrió virtudes atléticas: en aproximadamente veinticuatro horas tuvo dictamen, unanimidad
y decreto.

Y no se trata de defender aquella iniciativa, ni al promovente, sino de exigir el mismo rasero. Si
antes el presupuesto impedía la transformación, ahora correspondía explicar, con números y no
con buenos deseos, por qué dejó de ser obstáculo.
El Congreso debió exigir el costo inmediato y anualizado; las plazas antes y después; las
funciones eliminadas o duplicadas; e indicadores verificables; y como muestra, tenemos que
entre ambas secretarías se otorgaron 55 atribuciones, pero no una sola meta concreta de
desempeño.
El impacto presupuestal no puede ser guillotina para la oposición y servilleta decorativa para el
Ejecutivo, porque si depende de quién firma la iniciativa, el criterio técnico se convierte en
obediencia y sumisión política.
Las nuevas secretarías pueden producir buenos resultados y ojalá lo hagan. Pero aprobar una
buena idea mediante un análisis deficiente no fortalece al Congreso: exhibe su falta de
autonomía.
Porque una cosa es construir acuerdos y otra recibir instrucciones con el doblez marcado… un
Congreso que sólo plancha iniciativas termina arrugando su propia autonomía.

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