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Expreso-La Razón
El Gobierno federal prepara un nuevo mecanismo de
trazabilidad para el Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles, como
parte de las medidas para enfrentar el huachicol fiscal
que se incorporarán al Paquete Económico 2027.
El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum llega a
Tamaulipas en momentos en que la entidad concentra
algunos de los casos de contrabando fiscal de
hidrocarburos más relevantes documentados en el país,
con expedientes abiertos en las aduanas de Matamoros,
Tampico y Altamira.
La Mandataria federal adelantó en su conferencia
matutina que el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) trabaja en un esquema para dar seguimiento al
pago del IEPS desde la importación hasta la venta final
del combustible.
“Queremos que el IEPS a los combustibles tenga
trazabilidad. Eso nos va a ayudar mucho con el tema que
ha disminuido mucho, pero todavía se presentan casos
de huachicol”
, dijo. Sheinbaum precisó que la medida no
representa un impuesto nuevo, sino un refuerzo en el
control de uno ya existente: “No es nuevo impuesto,
obviamente. Es el mismo que existe hasta ahora, pero
que combate la evasión fiscal”.
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)
reportó 3 mil 109 casos de posible contrabando
relacionados con 109.4 millones de litros de
hidrocarburos y una evasión potencial de 4 mil 600
millones de pesos.
De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, la
ANAM detecta en promedio 10 casos diarios de posible
huachicol fiscal a nivel nacional, cifra que da dimensión
al fenómeno que el nuevo esquema de trazabilidad
busca contener.
En ese contexto, las aduanas tamaulipecas no son
ajenas al patrón que documentan las cifras federales.
La aduana de Matamoros fue señalada en un caso de
fraude fiscal por 144 millones de litros de combustible y
291 pedimentos irregulares, uno de los expedientes de
mayor volumen conocidos en la frontera noreste del país.
En Tampico y Altamira, por su parte, se ha documentado
el esquema conocido como “Los Primos”
, una red que
habría operado dentro de las propias instalaciones
aduanales para facilitar el ingreso irregular de
combustible, mientras que en el puerto de Altamira las
autoridades aseguraron en meses recientes el buque
Challenge Procyon, embarcación vinculada al tráfico
marítimo de hidrocarburos de procedencia no acreditada.
El endurecimiento fiscal anunciado por la Presidenta se
suma a una tendencia de fortalecimiento de controles
que, de acuerdo con el análisis de la consultora QUA
Energy Consulting, ya se refleja en las cifras de
sanciones del SAT.
Marcial Díaz, socio director de la firma, señaló que la
autoridad fiscal canceló los sellos de facturación de 2 mil
205 empresas comercializadoras de combustible entre
octubre de 2024 y agosto de 2026, mientras que los
registros públicos únicamente contabilizan 714 permisos
de comercialización cancelados, vigentes o en proceso.
Esa diferencia, dijo, evidencia que el mercado de
combustible que opera fuera de los canales visibles para
la autoridad es considerablemente más amplio que el
reflejado en el padrón oficial de permisionarios.
“No son sólo estaciones de servicio. Hay un mercado
importante de combustible que se entrega directamente a
empresas constructoras, obras, patios de autotransporte,
minas, industrias, actividades agrícolas y otras
instalaciones de autoconsumo”
, explicó Díaz, quien
identificó a los intermediarios que compran combustible
para suministrarlo posteriormente a terceros como uno
de los puntos críticos del esquema.
Ese perfil de intermediación resulta relevante para
Tamaulipas, entidad con un corredor de hidrocarburos
que se extiende desde la Cuenca de Burgos hasta
Reynosa y que históricamente ha combinado el robo
mediante tomas clandestinas con el contrabando fiscal a
mayor escala documentado en las aduanas y puertos del
estado.
El nuevo entorno regulatorio, apoyado en registros de
autoconsumo, controles volumétricos, CFDI y sistemas
de geolocalización, busca precisamente cerrar el margen
de operación de empresas que hasta ahora trataban el
combustible como un insumo operativo y no como una
actividad sujeta a fiscalización estricta.
En el caso tamaulipeco, ese enfoque de trazabilidad
integral tocaría directamente los eslabones que las
investigaciones periodísticas y los propios reportes de la
Fiscalía General de la República (FGR) han identificado
en la entidad: refinerías clandestinas como la operada
por la razón social Maytrack, S.A. de C.V., en el predio
conocido como Quinta Campestre Las Magnolias, en
Reynosa.
A nivel nacional, la FGR inició 9 mil 459 carpetas de
investigación por ilícitos en materia de hidrocarburos
durante el periodo reportado en el Segundo Informe de
Gobierno, con 859 personas detenidas, 307 vinculadas a
proceso y más de 10.3 millones de litros de combustible
asegurados. Las autoridades fiscales, en paralelo,
cancelaron 3 mil 434 sellos digitales para facturar y
presentaron 118 denuncias penales relacionadas con
estas operaciones.
Sheinbaum adelantó que los detalles del Paquete
Económico 2027, en el que se incluirá formalmente la
propuesta de trazabilidad fiscal para combustibles, serán
presentados el 9 de septiembre, un día después de su
entrega al Congreso de la Unión.
La Mandataria reconoció que, pese a la disminución del
fenómeno respecto a años anteriores, persisten casos de
evasión fiscal y de empresas factureras que buscan
eludir sus obligaciones tributarias.
