Por Salvador Valadez C.
EXPRESO-LA RAZON
Actualmente, cuatro jueces del Poder Judicial de Tamaulipas se encuentran sometidos a
procesos de responsabilidad, mientras que uno de ellos fue separado de sus funciones,
confirmó la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Gisela Contreras López.
La magistrada dejó en claro que, cuando un juzgador toma una decisión equivocada en la que
se evidencia una actuación parcial, ésta puede ser objeto de sanción.
“Tenemos servidores públicos que han sido sancionados, desde una amonestación hasta
multas, que son básicamente por actividades administrativas.
Pero hemos tenido la separación de juzgadores para que lleven a cabo el procedimiento de
responsabilidad sin ejercer su función, por la gravedad del caso, preservando el tener
juzgadores con la suficiente capacidad y solvencia moral para esa responsabilidad”, puntualizó.
Explicó que, a partir de la elección judicial, las y los juzgadores asumieron un compromiso con
la sociedad, pues ahora tienen un rostro y un nombre, mientras que sus resoluciones pueden
ser conocidas públicamente.
“Cada resolución sea conocida por la sociedad, porque otro eje fundamental es la
transparencia. Abrimos en muchos aspectos las puertas del Poder Judicial, accediendo a las
resoluciones, a los videos, a lo que hace cada servidor público.
Esto implica una responsabilidad que va muy de la mano de la independencia”, señaló.
Contreras López sostuvo que, desde entonces, ha cambiado el enfoque, la visión y la
orientación del Poder Judicial, particularmente en el trabajo del Tribunal de Disciplina y del
órgano del Supremo Tribunal.
Explicó que ya no se trata solamente de revisar expedientes, sino de sensibilizar al personal
sobre el hecho de que detrás de cada caso existen personas y vidas que pueden verse
afectadas por las decisiones judiciales.
“Se sensibilizó al personal de que se está frente a personas, frente a vidas, y eso es lo que ha
cambiado en el Poder Judicial, tomando decisiones y acompañando a las personas en el
proceso que llevan”, expresó.
Por otra parte, confirmó que encontraron un Poder Judicial con diversas condiciones laborales
que requerían atención inmediata, particularmente en materia salarial.
Dijo que fue sorprendente encontrar trabajadores que percibían ingresos inferiores al salario
mínimo, por lo que se tomó la decisión de garantizar que todos los empleados recibieran, al
menos, el ingreso mínimo establecido por la ley.
Explicó que esta situación fue atendida en marzo y que actualmente todos los trabajadores
tienen garantizado su salario, además de que se contemplan incrementos para los siguientes
niveles salariales.
En otro tema, señaló que, como resultado de una evaluación realizada al Poder Judicial, se
detectó que la mayor carga de trabajo se concentraba en el ámbito penal, donde existía un
retraso importante en la programación de audiencias.
Explicó que había audiencias que llegaban a programarse hasta seis meses después, por lo
que se puso en marcha un programa para ampliar los horarios de atención y celebrar
audiencias durante los turnos vespertinos, así como los sábados y domingos.
Con estas medidas, afirmó, se han reducido los tiempos de espera y se ha propiciado una
impartición de justicia más pronta y expedita.
