Indicador/Carlos Ramírez
Aunque el debate sobre la producción y consumo de drogas está
llevando a los dimes y diretes de que si primero fue el huevo de los
cárteles o la gallina de los adictos, el teorema del narcotráfico en
México se debe asumir desde el punto de vista nacional y no culpar a
quienes demandan droga.
Y ahí han comenzado a emerger en medio de los jaloneos
presidenciales algunos datos que debieran preocupar a las autoridades
mexicanas: si el secuestro de Ismael El Mayo Zambada detonó la
guerra civil entre las facciones de los mayitos y los chapitos dentro del
Cártel de Sinaloa y estalló la violencia criminal que no tiene control,
entonces se está reconociendo a nivel oficial que el gobernador Rubén
Rocha Moya era muy incompetente y tuvo que entregarle el poder
político del Estado al capo de capos que se quedó al frente del Cártel
del Chapo.
Con este enfoque que se desprende de las últimas declaraciones
gubernamentales mexicanas la situación se acerca a uno de los temas
más delicados porque pudiera decirse que se está reconociendo a nivel
gubernamental: la gobernanza criminal, es decir, la incapacidad de las
autoridades políticos y administrativas para mantener la gobernabilidad
en una entidad conflictiva y la entrega de los hilos del poder político a
los capos que no son funcionarios ni políticos sino que se han dedicado
a producir droga y venderla con actitudes criminales que violan todas
las leyes.
Y ahí es en donde, ocultando obviamente su propia corresponsabilidad,
el presidente Donald Trump acusa del tráfico de drogas a la
narcopolítica mexicana y salta a una caracterización que no ha recibido
desmentidos ni declarativos ni operativos del Gobierno mexicano: el
narcoestado.
Es inocultable el hecho de que se cumple la ley económica que señala
que la demanda determina la oferta, pero hasta donde se tienen datos
el consumo de drogas en Estados Unidos es permisible y forma parte
de un enfoque de autorresponsabilidad, aunque tampoco de manera
subrayada y con estudios serios México no ha querido explotar la
argumentación más que real de que el tráfico de drogas para el
consumo en Estados Unidos tiene una corresponsabilidad de las áreas
de seguridad del Gobierno americano, aunque hasta ahora no ha
habido ninguna evidencia de que algún gobernador estadounidense o
algún senador o funcionario que tome decisiones este aliado algún
cartel dedicado al tráfico de drogas para el consumo.
La Casa Blanca detonó la acusación de narcopolítica y narcoestado en
México con la solicitud legal de arresto con fines de extradición del
gobernador sinaloense Rocha Moya y nueve presuntos cómplices y con
base en testimonios recogidos y avalados por un Gran Jurado dieron
por ciertas las acusaciones de acuerdos formales entre el grupo de
Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa para las elecciones de 2021 y del
2024, y que hay testimonios en otros estados de la República donde las
últimas elecciones revelaron pactos criminales de políticos en funciones
con grupos delictivos y también están a la vista las evidencias de
funcionarios federales, estatales y municipales que pactaron
compromisos de apoyo político a las elecciones a cambio de
gobernanza criminal.
Los argumentos de la presidenta Sheinbaum que dijo que no los iba a
decir pero que al final sí los dijo no sólo son impecables sino una
verdad absoluta a la vista de todos, sobre todo el de la pasividad
gubernamental de EU para combatir el consumo de droga y dejando
con ello que los cárteles mexicanos y sus células autónomas dentro del
territorio americano sean las encargadas de meter todas las drogas
para satisfacer la demanda de –en el mejor de los casos– más de 50
millones de consumidores de drogas en EU.
Pero el problema que denunció el presidente Donald Trump desde la
Casa Blanca y apenas el martes en la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas centró el debate en la capacidad,
organización y apoyos institucionales de los cárteles del narcotráfico
que producen droga y la meten de contrabando a Estados Unidos.
México daría un gran paso para plantarle cara a EU, a la Casa Blanca y
a Trump si decidiera combatir la estructura criminal y productiva de
drogas, y no sólo centrarse en decomisos que por una puerta cierran el
tráfico de drogas y por otra abren muchas otras puertas para seguirlas
produciendo. El Mayo Zambada, dicen, no tenía orden de aprehensión
y todos sabían que eran el jefe de drogas del cártel de Sinaloa, pero
operaba como eje político aliado del gobernador Rocha Moya.
Y el problema está a la vista: apañan a mandos menores y la prelación
permite la subsistencia y funcionamiento de los cárteles productores de
droga; ahora mismo, en Sinaloa, los tres más importantes personajes
abajo del gobernador Rocha Moya siguen teniendo fuero y protección
institucional y por lo tanto la producción del Cártel de Sinaloa sigue
funcionando como si nada.
La decisión de Estado contra los cárteles del narcotráfico debe ser del
Gobierno mexicano por sí mismo y no por tranquilizar a EU.
-0-
Política para dummies: la política es un amasijo de intereses creados
donde la tranquilidad de la polis ni siquiera está en los políticos.
carlosramirezh@elindependiente.mx
http://elindependiente.mx
@carlosramirezh
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del
columnista y no del periódico que la publica.
