La restricción del uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales en las escuelas no debe limitarse a una disposición administrativa, sino acompañarse de información clara a madres y padres de familia, consideró el abogado penalista del sur de Tamaulipas, Juan Jorge Olvera Reyes, al analizar el nuevo acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El especialista señaló que, previo a su implementación, las autoridades educativas deberán generar espacios de información y diálogo con las familias para explicar los alcances de la medida, así como las excepciones contempladas por la propia normativa.
“Y lo que se sugiere en este caso, previo a su implementación, que se inicien asambleas informativas con padres y madres de familia”.
Olvera Reyes explicó que el Acuerdo número 09/09/26, publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, establece reglas para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales en escuelas públicas y particulares de todo el país.
“Este acuerdo emanado de la Secretaría de Educación Pública, dirigido a escuelas públicas y particulares, tiene como fin restringir el uso de los dispositivos digitales, entre ellos los teléfonos celulares, los dispositivos inteligentes”.
El abogado expresó que la medida tiene como sustento los efectos que el propio acuerdo identifica en materia de atención, aprendizaje y convivencia escolar.
“Las razones que explican para llegar a esta determinación, las estadísticas son muy crudas y, por lo tanto, se emite este acto restrictivo como regla general y tiene excepciones para su uso, siempre y cuando se trate de emergencias personales, motivo de discapacidad, motivos de inclusión y de acuerdo a las necesidades particulares”.
El acuerdo establece que en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se restringirá el uso de celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante toda la jornada escolar.
Los equipos únicamente podrán utilizarse cuando exista una finalidad educativa previamente programada y bajo orientación docente, además de contemplarse excepciones por emergencias personales, discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o situaciones particulares y extraordinarias de las comunidades educativas.
En educación media superior, las reglas serán diferentes. Cada plantel deberá realizar un proceso de consulta, diálogo y construcción de acuerdos con su comunidad educativa para determinar cómo se limitará el uso no pedagógico de estos dispositivos.
El acuerdo contempla alternativas como mantener los teléfonos bajo resguardo durante las clases, permitirlos únicamente en determinados espacios y horarios, establecer su prohibición durante toda la jornada o aplicar un uso programado con fines de aprendizaje.
La disposición entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026, por lo que todavía no implica una prohibición nacional inmediata. El acuerdo ordena que, desde el día siguiente de su publicación, las autoridades educativas comiencen asambleas con madres y padres de familia, tutores y demás integrantes de las comunidades escolares para informar, difundir y construir los acuerdos necesarios para su aplicación.
Las entidades federativas tendrán, además, 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor, para emitir o armonizar los instrumentos jurídicos correspondientes.
La SEP sustentó la medida, entre otros elementos, en una consulta nacional realizada a 565 mil 396 figuras educativas. De acuerdo con los resultados incluidos en el acuerdo, 79.7% reportó dificultades para mantener la atención, 78.1% relacionó esa dificultad con el uso de dispositivos digitales y 81.2% se manifestó a favor de establecer medidas de carácter nacional para atender este fenómeno en las escuelas.
