Perla Reséndez
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- Gloria de Jesús Molina Gamboa, Secretaria de Salud durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, rompió el silencio sobre las denuncias que enfrenta y aseguró que las adjudicaciones a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser fueron ordenadas por el entonces gobernador, con la Subsecretaría de Administración y Finanzas como conducto.
En un video difundido en sus redes sociales, la exfuncionaria sostuvo que al asumir el cargo el mandatario estableció una separación de funciones, ella quedaría a cargo de los asuntos técnicos y operativos de la dependencia, mientras él controlaría la proveeduría y los contratos de interés económico o político relevante.
De acuerdo con su versión, recibió indicaciones directas para adjudicar obras y servicios a las dos empresas por compromisos económicos y políticos, e identificó a Alejandro Aguilar Poegner, entonces subsecretario de Administración y Finanzas, como el funcionario que conocía y supervisaba el cumplimiento de esas instrucciones.
Molina dijo no buscar evadir la responsabilidad que legalmente le corresponda, pero pidió a las autoridades investigar toda la cadena de mando y no detenerse en los cargos subalternos que aparecen en expedientes y firmas.
Pidió además que cualquier amenaza contra ella o su familia sea indagada a la luz de su declaración.
Aseguró que no pretende evadir las responsabilidades que pudieran corresponderle, “asumo la responsabilidad que me corresponde”, pero cuestionó que las investigaciones se concentren en funcionarios subordinados.
“No es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la administración estatal”, manifestó.
Gloria Molina fue nombrada Secretaria de Salud en Tamaulipas por Cabeza de Vaca en abril del 2017, luego de un paso fugaz de Lydia Madero, quien solo estuvo en el cargo seis meses hasta que renunció.
Después de más de 35 años de servicio público, pidió a las autoridades investigar toda la cadena de mando que intervino en las decisiones relacionadas con esos contratos y cualquier acto de intimidación o amenaza que pudiera sufrir ella o su familia.
“Si después de esta declaración ocurre cualquier acto de intimidación, amenaza o afrontación contra mi familia, contra mi, solicito a las autoridades competentes se investigue considerando el cotexto y los hechos de lo que hoy declaro”, señaló.
El señalamiento llega un año después de que la Secretaría de Salud estatal presentara, el 27 de agosto de 2025, 70 denuncias, 14 de ellas penales, ante la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso local y las auditorías superiores del estado y de la federación, por un quebranto estimado en 343 millones 966 mil pesos, entre recursos estatales y federales.
Entre los denunciados figuran el exgobernador, la propia Molina Gamboa, Horacio García Rojas Guerra, exsubsecretario de Planeación y Vinculación Social, Aguilar Poegner y Román Castillo Airola, exdirector de Compras del Gobierno del Estado. Los contratos investigados corresponden principalmente a mantenimiento hospitalario.
Según la dependencia, las operaciones con Permart y Joser sumaron cerca de 500 millones de pesos, de los cuales se pagaron casi 344 millones y quedaron pendientes 157 millones que las empresas nunca reclamaron por la vía legal, un dato que la autoridad lee como indicio de contratos inflados o simulados. Detectó también pagos sin contrato firmado.
Las dos empresas están vinculadas a los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo. El primero, conocido como el Rey del Huachicol, fue asesinado el 22 de noviembre de 2021. Documentación corporativa revisada por Proceso ubica a Perla Sharaza McDonald Sánchez, identificada como viuda de Sergio Carmona, como accionista y apoderada de ambas firmas.
La relación comercial venía de antes. Registros de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que Permart recibió al menos 122.5 millones de pesos en 2017 y 14.5 millones en 2018, y que Joser obtuvo en julio de 2018 un contrato de 42.8 millones para conservación de unidades médicas de la propia Secretaría de Salud.
La declaración de Molina abre una vertiente que las denuncias no resolvían, quién seleccionaba a los proveedores y cuánta autonomía tenían los funcionarios que firmaban, tramitaban o autorizaban los contratos. Su dicho no cancela la responsabilidad de quienes participaron en los procedimientos, pero traslada el punto de partida de la indagatoria hacia el origen de las decisiones.
Sergio Carmona Angulo fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León. El empresario era conocido públicamente con el sobrenombre de “El Rey del Huachicol”.
Entre las anomalías documentadas por la Secretaría de Salud se identificaron pagos efectuados sin que en los expedientes de compras aparecieran las invitaciones a por lo menos tres licitantes.
También se detectaron procedimientos de excepción que, según la dependencia, habrían sido realizados de manera irregular, debido a que no se acreditaron las condiciones de urgencia que justificaran adjudicaciones directas.
A ello se sumó la falta de algunos expedientes en el Comité de Compras de la Secretaría de Administración, uno de ellos fue el contrato con Grupo Industrial Permart por poco más de 4 millones de pesos. El pago fue realizado el 28 de febrero de 2018, mientras que la factura correspondiente fue emitida hasta el 2 de octubre de ese mismo año.
Las 14 denuncias penales fueron presentadas por posibles delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además de la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de Salud informó que presentó denuncias y entregó información a otras instancias para su revisión, entre ellas el Congreso de Tamaulipas, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
