Por Raúl López García
La Razón
El 3 de noviembre los celulares dejarán de ser un asunto de “guardar o no guardar” dentro de las escuelas de educación básica de Tamaulipas: a partir de esa fecha, su uso estará restringido durante toda la jornada escolar. Pero el nuevo acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) deja una pregunta abierta para las autoridades educativas del Estado: ¿cómo se aplicará la regla en cada plantel?
El Acuerdo 09/09/26, publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, establece que los alumnos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria no podrán utilizar teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros aparatos electrónicos personales durante toda la jornada escolar. La medida incluye el tiempo de clases y los periodos de descanso. El acuerdo entrará en vigor el 3 de noviembre.
En palabras sencillas, un alumno de secundaria que llegue con su teléfono no podrá estar contestando mensajes durante el recreo, revisando redes sociales entre clases o utilizando el aparato para jugar. Tampoco significa que el celular desaparezca de la escuela: podrá utilizarse cuando exista una actividad educativa previamente programada, con intención pedagógica y bajo la orientación del maestro. También habrá excepciones por emergencias personales, discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o situaciones extraordinarias.
Aquí aparece el principal reto para la Secretaría de Educación de Tamaulipas: el acuerdo federal establece la restricción, pero no ordena un único mecanismo para guardar los teléfonos en las escuelas de educación básica. Es decir, el documento no dice que todos los planteles deban comprar casilleros, utilizar bolsas especiales, entregar los aparatos a dirección o colocarlos en una caja al entrar. Esa parte tendrá que aterrizarse mediante las disposiciones y acuerdos que correspondan al Estado y a las comunidades escolares.
Y ahí estará una de las preguntas que deberán responder las autoridades educativas y los propios planteles: ¿quién se hará responsable del teléfono durante la jornada? Porque una cosa es pedirle a un estudiante que no lo utilice y otra muy distinta establecer dónde permanecerá, quién lo resguardará y qué ocurrirá si se pierde, se rompe o un alumno se niega a entregarlo.
El acuerdo también cambia la forma de entender una emergencia. Si un padre necesita comunicarse con su hijo durante el horario escolar, la respuesta no será que el estudiante tenga libre acceso al celular. El propio documento plantea que, ante una emergencia, el alumno deberá acudir con el maestro y que la comunicación entre la escuela y la familia deberá realizarse mediante los canales establecidos por el plantel. En otras palabras: el reto será crear una vía de comunicación que funcione sin convertir el teléfono del alumno en la línea directa entre casa y salón.
La SEP no plantea la medida solamente como una prohibición. El acuerdo parte de una consulta realizada en educación básica a 565 mil 396 figuras educativas. Entre los resultados reportados, 79.7 por ciento señaló dificultades de atención asociadas al uso de dispositivos; 78.7 por ciento observó dificultades para recordar información y 74.8 por ciento, problemas para resolver situaciones. Además, 38.7 por ciento reportó conflictos que comenzaron en redes sociales o espacios digitales y después llegaron a la escuela.
Hay otro dato que coloca el problema fuera del simple “celular en clase”. El 33.2 por ciento de las figuras educativas consultadas señaló haber observado fotografías, audios o videos tomados sin consentimiento, mientras que 29 por ciento identificó casos de ciberacoso o agresiones digitales. Por eso, el acuerdo también incorpora privacidad, consentimiento, convivencia y prevención de violencia digital. La intención es que la escuela no solamente quite el aparato de las manos del alumno, sino que enseñe a utilizar la tecnología de manera responsable.
Para la SET, por tanto, el trabajo no terminará el 3 de noviembre. El acuerdo establece que desde el día siguiente a su publicación deben comenzar asambleas con madres, padres, tutores y comunidades escolares para informar, difundir y construir acuerdos sobre la aplicación de estas medidas. Además, las entidades federativas tendrán hasta 180 días naturales después de la entrada en vigor para emitir o armonizar los instrumentos jurídicos que correspondan.
Otro punto importante es que no todos los estudiantes del sistema educativo tendrán exactamente la misma regla. En educación básica, la restricción es durante toda la jornada escolar; en educación media superior, como los bachilleratos, el acuerdo establece un esquema diferente: cada institución deberá determinar las condiciones para limitar el uso no pedagógico mediante diálogo y acuerdos con su comunidad.
En educación superior también se plantea un uso responsable, de acuerdo con las reglas de cada institución y respetando su autonomía.
La diferencia será importante para Tamaulipas. Un alumno de secundaria, por ejemplo, tendrá una regla mucho más clara: no utilizar su celular durante la jornada, salvo las excepciones previstas. En una preparatoria, en cambio, el plantel tendrá que establecer si permite el aparato en determinados espacios, horarios o bajo ciertas condiciones. Por eso, no sería correcto hablar de una “prohibición general de celulares” para todos los estudiantes tamaulipecos.
El acuerdo incluso propone un decálogo para educación básica con mensajes muy directos: no necesitar el celular dentro de la escuela, utilizarlo únicamente cuando el maestro lo indique o cuando exista una necesidad justificada, prestar atención en clase, aprovechar el recreo para jugar y convivir sin dispositivos, no utilizar redes sociales ni juegos digitales durante la jornada y nunca tomar o compartir imágenes de otras personas sin su consentimiento.
La verdadera prueba para Tamaulipas comenzará cuando la regla pase del papel a los patios, salones y oficinas escolares. El Gobierno Federal ya fijó la fecha y las restricciones generales; ahora corresponde conocer cómo las aterrizará la SET: qué harán las escuelas con los teléfonos, cómo se comunicarán las familias durante la jornada, qué protocolo habrá ante una pérdida o daño y cómo se aplicarán las excepciones por salud, discapacidad o emergencias. El 3 de noviembre marcará el inicio de la nueva regla; las respuestas a esas preguntas definirán cómo funcionará en las escuelas tamaulipecas.
