Asunto Crítico/Luis Alberto Rodríguez Juárez
La crisis del Instituto Mexicano del Seguro Social que está en curso parece ser una reedición
del grave panorama que se presentó en 1995, año en que se propuso una reforma al sistema
de pensiones de los trabajadores aportantes y año en que, también se planteó modificar el
esquema de atención médica, lo cual se frustró por el rechazo sindical y de algunos grupos de
interés político/partidarios -que incluso hoy son gobierno.
En aquel entonces, bajo la administración de Genaro Borrego Estrada y el gobierno de Ernesto
Zedillo Ponce de León, se dio a conocer un amplio diagnóstico en el que se revelaron muchos
de los problemas que aquejan, incluso hoy, a la institución de seguridad social, al punto de
deslizar que el IMSS estaba en riesgo de una quiebra.
La problemática era la misma que hoy y, casualmente, en un entorno de revisión salarial y
contractual, ésta última en la que se planteaba la revisión de cláusulas que el sindicato
consideró lesivas.
Si bien el modelo de pensiones pasó y quedó en dos grandes vertientes: la de los beneficiarios
de antes de 1997 y los que en adelante se pensionarían bajo el esquema de las Afores.
Mucho se debatió acerca de que el sistema de pensiones estaba siendo privatizado al dejar
que las instituciones bancarias, a través de administradoras especializadas, manejarían los
fondos de los trabajadores, para garantizar su sostenibilidad financiera al ser usados para
inversiones en los mercados, de tal manera que se garantizaran rendimientos, por poco que
fueran.
En muchos casos, los trabajadores han tenido que apechugar con las pérdidas en las
inversiones. Pero no existe el riesgo de que desaparezcan, a menos de un daño sistémico
grave en el sistema financiero.
De haber continuado con el esquema que existía, en el que el IMSS tuviera que pagar las
pensiones de los trabajadores aportantes, seguro hoy estaríamos en una dificultad seria de
cubrir las mensualidades de los jubilados. Las reservas de pensiones se estaban acabando por
infinidad de causas, que incluyen desvíos en campañas.
Lo que no avanzó en aquel 1997 fue el modelo de atención médica que implicaba eliminar
cargas salariales, redundancias, burocracia, ineficiencias, falta de disponibilidad de
medicamentos.
Se habló, entonces, del médico de familia, un esquema similar al canadiense o chileno, donde
el usuario escogía el doctor a quien más confiaba y los honorarios del galeno eran cubiertos por
el IMSS.
Igualito que como se subrogó en los inicios del Seguro Social.
Pero eso implicaba para el sindicato que se dejaran de crear nuevas plazas, de que se
redujeran prestaciones, de que hubiera modificaciones al contrato y que las inversiones del
Seguro Social fueran enfocadas a donde más se necesitaba: equipamiento, infraestructura y
abasto -sobre todo de medicamentos que siempre ha sido un talón de Aquilés.
Se acusó, entonces, -hasta por la CTM- que había un intento por privatizar los servicios del
Seguro Social.
Y entre quienes se opusieron están muchos de los que hoy son gobierno y están pagando un
daño estructural que ha venido creciendo en el IMSS, por décadas.
La referencia y contrareferencia sigue siendo un problema, al igual que la atención médica en el
primer nivel.
Los consultorios privados en México —especialmente los adyacentes a farmacias— lideran la
atención de primer nivel, acaparando entre el 57% y 68% de las consultas generales del país
debido a su bajo costo (alrededor de 40 pesos), inmediatez y amplia cobertura geográfica.
Eso significa que alrededor de 6 de cada 10 consultas médicas generales en México ocurren en
el sector privado y no en instituciones públicas como el IMSS o ISSSTE.
Ese es, ni más ni menos, el esquema que se planteaba en 1997. Y, aun así, ni en el IMSS ni el
ISSSTE han podido salir de su problemática.
Ahora se plantea echar mano de las pensiones de los trabajadores aportantes. Se habla de un
cambio en la modalidad 40.
Lo que estamos viendo es, sin duda, los rasgos de una crisis que pudiera estar siendo inducida
para avanzar hacia el planteamiento de una serie de reformas del IMSS que saque a la
institución de una severa problemática financiera, sistémica/estructural.
La movilidad social que hoy vemos de trabajadores del IMSS es legítima. La exigencia de quitar
al líder sindical huele un poco a intento de mover escollos para un replanteamiento del Contrato
Colectivo de Trabajo que, dicho sea de paso, es tan pesado como en aquel 1997.
El IMSS parece que está en un trance que, de no ser sometido a cirugía fina, puede llevar a
daños más graves en lo mediato.
