El jueves 1 de octubre, a mediodía, el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón de Ciudad Victoria recibió un balance de gobierno poco habitual en Tamaulipas, porque Américo Villarreal, en lugar de concentrar las cuentas de sus cuatro años en un solo mensaje, fue llamando uno por uno a los titulares de las dependencias para que cada quien informara lo más destacado de su área ante legisladores, empresarios y representantes de la sociedad civil.

Formalmente, el Cuarto Informe se entregó al Congreso en marzo y lo del jueves fue el corte del cuarto aniversario, a dos años de que termine el sexenio. La novedad estuvo en el formato, que el propio gobierno llamó inédito y que dejó ver quién sostiene cada cifra entre los 20 integrantes del gabinete, con espacio para que los invitados tomaran la palabra.

Ese es el alcance del ejercicio y también su límite, porque identificar al responsable de un dato es el primer paso y exigirle cuentas requiere además documentos, metas y seguimiento. Para leer lo expuesto sirve distinguir entre lo que el gobierno hace, que se cuenta en pesos y contratos, y lo que cambia en la vida de la gente, que miden terceros; con esa vara, las cifras más firmes del jueves fueron las que el gobierno no produce.

En el capítulo de las cuentas, Finanzas reportó una deuda reducida en alrededor de mil millones de pesos sin contratar créditos nuevos y una recaudación que en 2025 superó en 34% a la de 2022, sin aclarar si descuenta la inflación.

Anticorrupción y Buen Gobierno informó que la Auditoría Superior de la Federación tenía observados 17 mil millones de pesos al inicio de la administración y que hoy el monto es cero. No está acreditado que ambos montos correspondan al mismo universo de revisión: el comunicado oficial de julio refirió el cero a la primera entrega de resultados de la Cuenta Pública 2025, cuando había 19 auditorías en proceso, y lo heredado tendría que documentarse con su propio corte.

De Bienestar salió el dato social del día: la pobreza bajó de 26.8% a 20.2% de la población entre 2022 y 2024, 242 mil personas menos en esa condición según la medición del INEGI, y la pobreza extrema pasó de 2.9% a 1.5%. Economía presentó una cartera que ronda los 170 proyectos privados por cerca de 21 mil millones de dólares, a los que el gobierno asocia 57 mil empleos proyectados. Lo ya medido es el crecimiento de 5.2% anual que el INEGI registró en el primer trimestre de 2026, el segundo más alto del país.

Obras Públicas contó más de 24 mil millones de pesos ejercidos en poco más de mil 500 contratos, 95% de ellos con empresas del estado. Recursos Hidráulicos reconoció que Tamaulipas, como el resto del país, tiene un problema de falta de agua, y frente a él enlistó la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria y la tecnificación de los distritos de riego.

Del lado de la seguridad, la secretaría del ramo informó que 98% de sus elementos está certificado y que espera recuperar el próximo año la acreditación policial de CALEA, mientras la Secretaría General de Gobierno reportó 2 mil 476 operativos de búsqueda con 3 mil 196 personas localizadas. Entre los invitados, el dirigente de los empresarios del sur, Marco Antonio Cortés, reconoció el avance y pidió más elementos para su zona, y el de los constructores, Paulo Haro, solicitó que las empresas locales sigan siendo tomadas en cuenta en la obra estatal.

El dato de pobreza gana con el contexto, pues la baja de 6.6 puntos es casi idéntica a la del país, de 6.7, aunque Tamaulipas partió de un nivel menor y hoy se ubica 9.4 puntos por debajo de la media nacional. El balance vinculó el resultado con la coordinación federal, cuyos programas sociales suman 24 mil 500 millones de pesos en el estado.

Entre los retos que el formato pidió nombrar, el del empleo tiene cifra oficial: en agosto, los puestos de trabajo afiliados al IMSS en el estado eran 2.2% menos que un año antes. Los 57 mil empleos de la cartera son una proyección y contarán cuando los proyectos se concreten, de ahí que su ejecución sea la apuesta para revertir esa línea.

En seguridad conviven dos mediciones, y la primera es la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reporta una baja de 16.7% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre enero y agosto de 2026, respecto al mismo periodo de 2025. La segunda es la encuesta de victimización que el INEGI publicó en septiembre y que mide los delitos ocurridos en 2025: ubica a Tamaulipas por debajo de la media nacional, con 18 mil 892 víctimas por cada 100 mil adultos, y registra a la vez un aumento frente a las 16 mil 537 de 2024 que el instituto considera estadísticamente significativo.

El reto abarca entonces las dos cosas, la victimización que subió y la percepción que la acompaña. En el levantamiento de febrero a abril de 2026, 75.8% de los adultos consideró inseguro el estado y 22.6% dijo lo mismo de su colonia, y el temor tuvo un lugar preciso, la carretera, donde 59.6% se sintió en riesgo. Es el trayecto del transportista y del estudiante que vuelve a su municipio el fin de semana, y explica tanto la petición de los empresarios del sur como las estaciones seguras que Obras Públicas incluyó en su lista.

El formato ya hizo visible a quien sostiene cada dato, con 20 funcionarios a la vista cuando el proceso electoral de 2027 está en marcha. El paso que sigue es documental y consiste en publicar en datos abiertos las láminas, las fuentes y las metas de cada dependencia, de modo que cualquier ciudadano pueda cotejar una cifra con las bases del INEGI o del IMSS, a mano o con ayuda de inteligencia artificial.

A dos años del cierre, el pronóstico admite un escenario y sus condiciones. Si se mantiene la disciplina de no contratar deuda y las obras cumplen su calendario, el gobierno llegaría a septiembre de 2028 con un saldo menor al que recibió y con sus proyectos mayores en operación o en la recta final. Ninguna de las dos cosas está solo en manos del gobierno, porque el costo de la deuda se mueve con las tasas de interés y buena parte de la obra se sostiene en la coordinación con la Federación.

Más abierto queda lo que miden el INEGI y el IMSS: el empleo formal, atado a la manufactura y al comercio con Estados Unidos; la victimización y la percepción de seguridad, que tardan en moverse, y la medición de pobreza de 2026, que debe conocerse en 2027.

En medio estarán la elección intermedia de 2027 y la sucesión de 2028, justo en el tramo en que cada secretaría deberá entregar lo que el jueves puso en cifras. Yo anoto dónde se va a comprobar: en la llave del agua de Victoria, en la carretera de noche y en las altas del Seguro Social.