*Trópico de Cáncer/ Jesús Collado Martínez*
Vivimos en una época en la que la velocidad con que se publica una denuncia pesa más que la
solidez de una prueba. Entre la manipulación de los medios, la anarquía de las narrativas en
redes sociales y la inseguridad que prevalece en algunos estados y municipios, se ha
construido un ambiente de crispación e inconformidad que distorsiona y a veces impide una
adecuada apreciación de los hechos.
La paradoja es evidente. Los usuarios de medios y redes sociales claman, con razón, por el
Estado de Derecho. Exigen justicia, reclaman instituciones que funcionen y señalan la
inseguridad, la corrupción y la impunidad como los grandes males del país. Pero al mismo
tiempo, en cuanto surge una denuncia pública o formal contra alguien, se apresuran a
condenarlo, dando por sentado que se trata de un auténtico delincuente. Piden legalidad pero
se suman a la condena inmediata contra el señalado en turno.
Olvidan que una denuncia es apenas el inicio de un camino. Presentarla es un derecho
legítimo, pero no equivale a una prueba ni mucho menos a una culpabilidad demostrada. La
autoridad, de acuerdo al Estado de Derecho, debe iniciar una investigación para determinar si
la denuncia tiene méritos suficientes para sustentar una acusación formal, y a partir de ahí
seguir los procedimientos y los plazos que señala la legislación vigente. Ese trayecto no es un
trámite burocrático ni un obstáculo para la justicia, es el proceso correcto para garantizar que
nadie será castigado sin ser escuchado en su defensa y, en su caso, vencido en juicio.
Conceptos como la presunción de inocencia, el debido proceso, la cadena de custodia, el auto
de sujeción a proceso, la fianza o la prisión preventiva, la sentencia absolutoria o condenatoria,
parecen haber perdido sentido para el gran público. Son figuras jurídicas que existen
precisamente para equilibrar la fuerza del Estado frente al individuo y para evitar que el error, la
venganza o el interés político se impongan sobre la verdad, que ningún inocente sea
condenado injustamente y que ningún culpable quede sin castigo por los delitos que haya
cometido.
Sin embargo, en la selva de las redes sociales no hay tiempo para matices. Las tribus digitales
tienen prisa por emitir su veredicto condenatorio. En ese gran desierto ético, el afán por estar
primero “del lado correcto de la historia” se ha convertido en una competencia feroz. Quien
tarda en opinar corre el riesgo de ser señalado como cómplice; quien pide prudencia es
tachado de defensor del acusado. La razón y el derecho no ganan seguidores ni likes. El
linchamiento digital, en cambio, premia con visibilidad inmediata.
Las consecuencias no son menores. Reputaciones destruidas, familias exhibidas y carreras
arruinadas antes de que un juez revise un solo documento y si después la denuncia resulta
infundada, nadie ofrece disculpas ni la rectificación alcanza la difusión del agravio. Peor aún,
cuando la condena social sustituye a la judicial, el daño será permanente porque en la jungla de
la comunicación actual nadie puede limpiar totalmente su nombre.
Defender el Estado de Derecho exige coherencia. Significa exigir investigaciones serias y
castigo para los culpables, pero también respetar los tiempos, custodiar debidamente las
pruebas y proteger las garantías de todos, incluso de los acusados. También requiere
instituciones sólidas y eficientes en la policía, el ministerio público como representante de la
sociedad y en los juzgados, tribunales y la Suprema Corte.
Siempre será oportuno recordar que denuncia no es sentencia, y que en el debido proceso
nace la oportunidad de que se imparta justicia que es un fin superior del estado y de nuestra
sociedad, y es mucho más que un espectáculo frívolo y efímero.
