En días pasados entendimos que el Estado es un árbitro, que la inflación es un impuesto silencioso, que el Estado de Derecho es innegociable para la inversión y que la deuda pública es la hipoteca de nuestros hijos. Ahora es necesario confrontar al “elefante en la habitación”. Hemos hablado mucho sobre cómo gasta el Estado, pero ¿quién paga realmente la cuenta? La respuesta es tan injusta como normalizada, pues lo hace una minoría asfixiada. En México vivimos en una economía a dos velocidades, una donde el gobierno es implacable y estricto con una parte de la población, mientras a otra la ignora por completo o, peor aún, la usa con fines políticos, me refiero a la trampa de la economía informal; para dimensionar la gravedad del problema, quitemos las opiniones y vayamos a los datos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, más del 54% de la población ocupada en México labora en la informalidad. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores del país operan fuera del radar del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin pagar impuestos sobre la renta y sin aportar a la seguridad social, sin embargo, ese 54% sí utiliza las carreteras, sí demanda seguridad pública, sí acude a los hospitales financiados por el Estado y sí recibe transferencias de programas sociales. ¿Cuál es la respuesta ante este déficit? En lugar de ampliar la base gravable, es decir, en lugar de cobrarle poco a todos, se opta por la ruta más fácil y dañina, cubrir lo que falta con los contribuyentes cautivos. Al empresario formal, al profesionista asalariado y a la empresa legalmente constituida se les imponen cargas regulatorias brutales, auditorías y tasas impositivas propias de un país nórdico, pero a cambio reciben servicios públicos deficientes; romantizar la informalidad es un error gravísimo, a menudo esto se justifica argumentando que es una “válvula de escape” ante la pobreza, pero en realidad es una condena. La informalidad es sinónimo de baja productividad, empresas que no pueden acceder a créditos bancarios, trabajadores sin protección ante accidentes laborales y una competencia desleal y ruinosa para el emprendedor que sí paga sus licencias, sus cuotas al IMSS y sus impuestos. Un gobierno que permite y fomenta la informalidad, está faltando a su deber de aplicar la ley por igual (Estado de Derecho). Es un abandono de sus responsabilidades disfrazada de tolerancia, si verdaderamente queremos un país próspero, necesitamos una reforma profunda que invierta los incentivos, estar en la formalidad debe ser barato, sencillo y atractivo, mientras que operar fuera de la ley debe tener consecuencias, no podemos seguir sosteniendo el peso de una nación entera sobre los hombros de unos cuantos ciudadanos y empresas que decidieron hacer las cosas bien.
Como ciudadanos que sostenemos el gasto público, ¿qué incentivos o simplificaciones fiscales crees que el gobierno debería implementar urgentemente para que a un emprendedor informal le convenga dar el salto hacia la legalidad, en lugar de seguir escondiéndose del sistema. Te invito a la reflexión.
