En Voz Alta/Perla Reséndez
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no
cierra el escándalo. Apenas abre una pregunta incómoda para las autoridades electorales del
país: ¿quién garantiza que el dinero destinado a organizar elecciones se ejerza sin conflictos de
interés y con absoluta transparencia?
La Consejera presidenta anunció su salida en medio de señalamientos por presuntos vínculos
con proveedores, posibles conflictos de interés y operaciones bajo investigación. La Auditoría
Superior de la Federación abrió una indagatoria sobre posibles irregularidades en
contrataciones del organismo.
Taddei habló de trascendidos, filtraciones y versiones que, dijo, deben verificarse. También
sostuvo que su renuncia no releva a nadie de esclarecer los hechos. Tiene razón en un punto:
dimitir no equivale a una declaración de culpabilidad, pero tampoco puede convertirse en una
salida que deje las preguntas sin respuesta.
Y en Tamaulipas, el asunto no es ajeno.
Expreso documentó que el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) otorgó tres contratos a
Cajas Graf, S.A. de C.V., para adquirir material electoral entre octubre de 2021 y marzo de
2022. El monto conjunto fue de 34 millones 37 mil 860 pesos.
Uno se asignó mediante licitación pública por 14.5 millones de pesos; otro, por invitación a
cuando menos tres proveedores, por 2.4 millones; y el tercero, también mediante licitación
pública, por casi 17 millones.
La empresa figura entre las proveedoras mencionadas en las investigaciones sobre
contrataciones electorales que involucran al INE y a organismos locales. La ASF revisa posibles
irregularidades en este entramado de contratos.
Eso no significa que los acuerdos del Ietam hayan sido declarados ilegales ni que exista una
responsabilidad acreditada del instituto tamaulipeco. Pero sí obliga a revisar cada expediente
con lupa.
El Consejero presidente del Ietam, Juan José Guadalupe Ramos Charre, salió a defender los
procedimientos. Aseguró que las compras están sujetas a la supervisión del Comité de
Compras, el órgano interno de control y las instancias fiscalizadoras.
Explicó también que las adquisiciones a partir de 251 mil pesos requieren contrato, mientras
que las operaciones por debajo de ese monto pueden tramitarse mediante órdenes de compra.
En los arrendamientos, precisó, siempre debe existir un contrato.
La explicación administrativa puede ser correcta, pero no sustituye la obligación de
transparentar. Cumplir una regla de contratación no elimina la necesidad de demostrar que
hubo competencia efectiva, que los proveedores cumplieron y que cada peso se ejerció
correctamente.
Y el calendario apremia.
El Ietam prepara las adquisiciones para las elecciones de 2027 mediante dos licitaciones
nacionales: una para equipo informático y tecnológico y otra para materiales electorales. Entre
los requisitos está acreditar experiencia con al menos cinco contratos celebrados durante los
últimos cinco años con institutos electorales.
La pregunta es inevitable: ¿qué mecanismos adicionales garantizarán que los nuevos
procedimientos estén libres de favoritismos y que las empresas participantes acrediten
realmente su capacidad?
La salida de Taddei pone bajo presión la credibilidad del árbitro nacional justo cuando el
proceso electoral ya está en marcha. En Tamaulipas, los contratos con Cajas Graf colocan el
tema sobre la mesa antes de que comiencen las compras para los próximos comicios.
No se trata de condenar por anticipado a una empresa ni de convertir una investigación en
sentencia. Se trata de exigir documentos, auditorías, explicaciones y resultados.
Porque la confianza electoral no se construye solamente con boletas, urnas y reglas. También
depende de que las instituciones que organizan las elecciones rindan cuentas sobre cómo
contratan, a quién compran y qué controles aplican.
La democracia exige elecciones limpias, pero también cuentas claras. Y ninguna renuncia debe
sustituir las respuestas que todavía faltan.
