Trópico de Cáncer/Jesús Collado Martínez
El desabasto de medicamentos en México no es un problema reciente ni puede explicarse por
una sola administración. Desde hace más de dos décadas, las fallas de planeación, la
dependencia de proveedores, las dificultades de distribución y las irregularidades en las
compras públicas han puesto en riesgo el derecho a la salud.
En 2003 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó, mediante
Recomendación numerada, que pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS
enfrentaban faltantes de medicamentos y surtimiento incompleto de recetas. La Comisión
concluyó que, en los casos analizados, se había vulnerado el derecho a la protección de la
salud.
Durante los años siguientes persistió la dependencia de un número reducido de proveedores y
la falta de empresas con capacidad para satisfacer toda la demanda. En octubre de 2020, la
Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 30 meses a Laboratorios Pisa y a su filial
distribuidora Dimesa, además de imponerles multas, por presentar información falsa en
procedimientos relacionados con contratos del IMSS.
En 2019, otro episodio evidenció la vulnerabilidad del suministro. La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS suspendió la línea de producción de
metotrexato de Laboratorios Pisa por incumplimientos sanitarios. La medida buscaba proteger a
los pacientes, y expuso la necesidad de contar con proveedores alternativos y mecanismos
eficaces para evitar interrupciones en tratamientos oncológicos.
El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador buscó romper con el modelo de
intermediación y centralizar las adquisiciones. Sin embargo, la reorganización de las compras,
los cambios institucionales y las dificultades operativas no resolvieron de manera sostenida el
problema del abasto.
La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum tampoco ha estado exenta de tropiezos.
En abril de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anuló la licitación consolidada
de medicamentos e insumos para 2025-2026. La decisión siguió a la detección de precios no
competitivos en 175 claves, con una diferencia estimada de alrededor de 13 mil millones de
pesos. Con la medida se evitó el sobreprecio en la compra pero no se resolvió el abasto
oportuno.
En octubre de 2026, información periodística basada en auditorías de la Secretaría
Anticorrupción reportó un posible daño patrimonial de 419.5 millones de pesos en Birmex por
compras sin respaldo documental suficiente. Entre los casos señalados figura un posible pago
excesivo de 65.6 millones de pesos a Farmacéuticos Maypo. Son observaciones de
fiscalización que deben distinguirse de responsabilidades definitivamente acreditadas pero que
están ahí y forman parte del entramado completo.
El problema, por tanto, combina posibles actos de corrupción con deficiencias administrativas,
fallas logísticas y una supervisión insuficiente. No toda falta de medicamentos demuestra un
saqueo, pero tampoco puede descartarse el impacto de las irregularidades cuando los recursos
destinados a la salud se ejercen sin controles adecuados.
La centralización de las compras puede reducir costos, pero concentra riesgos: una licitación
fallida o un proveedor incumplido puede afectar a numerosas instituciones. La solución exige
publicar información verificable sobre contratos, precios, entregas, inventarios y recetas
surtidas, además de diversificar proveedores y sancionar efectivamente las irregularidades.
Ante esa situación la Presidenta Sheinbaum realiza una gira exhaustiva para visitar centros de
salud, clínicas y hospitales, para hacer una supervisión directa y establecer contacto directo
con los derechohabientes, el personal médico, de enfermería, y administrativo, de tal manera
que se pueda contrastar lo que se encuentra en informes y documentos con lo que sucede
realmente al nivel de sala de espera y la ventanilla de la farmacia.
En toda esta compleja situación el costo humano es el más grave. Cuando una familia debe
comprar por su cuenta un medicamento que debería recibir gratuitamente, el sistema traslada
al paciente las consecuencias de sus propias fallas.
Después de más de veinte años de escasez, corrupción e ineficiencia, el Sistema de Salud
necesita garantizar que cada medicamento comprado llegue oportunamente a los pacientes
