En publico/Nora García Rodríguez
Andrés Manuel López Beltrán se registró el 1 de octubre como aspirante a coordinar los
comités de Morena en el Distrito 6 de Tabasco, el paso interno previo a la candidatura a
diputado federal en 2027. Es la primera vez que busca un cargo de elección popular y lo hace
poco más de cuatro meses después de dejar la Secretaría de Organización del partido. Su
aspiración pondrá a prueba la promesa de Morena de revisar a quienes buscan sus
candidaturas y cerrar el paso a perfiles vinculados con el crimen organizado.
En agosto, López Beltrán informó en una carta a Donald Trump que le habían revocado la visa
y atribuyó la decisión a motivos políticos de Marco Rubio y Christopher Landau. La revocación
es una medida administrativa que el Departamento de Estado no explica, porque la ley
estadounidense considera confidenciales esos casos; en octubre de 2025, Reuters reportó, con
base en fuentes mexicanas, que esas revocaciones alcanzaban ya a por lo menos 50 políticos
y funcionarios del país.
The New York Times publicó el 29 de septiembre que dos agencias de seguridad
estadounidenses, que no identificó, analizan señalamientos que lo relacionan con el crimen
organizado y con el huachicol fiscal, el contrabando de combustibles para evadir impuestos. El
diario revisó expedientes de la Fiscalía General de la República en los que un testigo
colaborador menciona al “hijo del presidente”, y abogados de marinos procesados sostienen
que se refiere a López Beltrán. Según cinco fuentes del diario, no se han iniciado procesos
formales, y él ha negado esos señalamientos.
El 4 de septiembre, la presidenta Sheinbaum afirmó que, según la Fiscalía, no había
investigaciones en su contra por ese contrabando, y el 16 la fiscal general Ernestina Godoy
negó que existiera una investigación sobre él. Tras el reportaje, Sheinbaum repitió que, hasta
donde sabía, la Fiscalía no lo investigaba y que esa institución tendría que informarlo. Ninguna
de esas declaraciones aclara qué peso tiene ese testimonio, y una mención en una carpeta
abierta sobre otros no convierte a nadie en probable responsable.
Morena aprobó en marzo revisar ante la Fiscalía a quienes busquen sus candidaturas, y en julio
su dirigente nacional, Ariadna Montiel, afirmó que la revisión abarcaría a todos los aspirantes,
incluidos los de diputaciones federales. El partido no ha informado el resultado en el caso de
López Beltrán, y su calendario prevé dar a conocer los registros aprobados a más tardar el 31
de diciembre.
De ganar la diputación, López Beltrán tendría fuero, una protección que obliga a obtener de la
Cámara de Diputados una declaración de procedencia antes de procesarlo penalmente, pero
que opera solo ante la justicia mexicana y no frena una acusación en Estados Unidos. La
presidenta se dijo en contra del fuero y aun así la comisión que redactó su propuesta de
reforma electoral de marzo decidió mantenerlo.
En Sinaloa, el escrutinio estadounidense sí llegó a una acusación penal, que tendrá que
probarse ante un tribunal y que el Departamento de Justicia presentó el 29 de abril contra el
senador Enrique Inzunza, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios
sinaloenses. Mientras tanto, Inzunza conserva escaño y fuero, y a la petición con 23 mil firmas
para que se separe del cargo y enfrente las acusaciones sin esa protección, respondió que lo
eligieron casi 650 mil sinaloenses. Las firmas no equivalen a una solicitud de la Fiscalía, de
modo que su permanencia no demuestra que el fuero haya frenado un proceso en México.
Una encuesta nacional de Enkoll, levantada del 16 al 19 de mayo, registró que 62%
consideraba muy o algo creíbles las acusaciones contra Rocha Moya. En julio, cuando se le
preguntó si los señalamientos afectarían a su partido, la presidenta respondió con una encuesta
de El Financiero que daba a Morena 38% de intención de voto para la gubernatura de Sinaloa,
con 36% de indecisos. Son mediciones de preguntas, poblaciones y fechas distintas, por lo que
no permiten calcular el costo electoral del caso. Una ventaja en las encuestas tampoco
sustituye la explicación de cómo se eligen las candidaturas.
Exigir pruebas a Washington, como ha hecho el gobierno, es una defensa legítima del debido
proceso; Morena debe explicar, por su parte, con qué información decide a quién postula, más
aún cuando Montiel prometió en mayo candidatos “intachables”. Esa exigencia va más allá de
la ausencia de una carpeta penal, y en este caso obliga a decir qué peso tendrán una visa
revocada y una revisión extranjera que no han derivado en cargos.
Entre una revocación que por ley no se explica y una revisión partidista cuyo resultado aún no
se conoce, el elector se queda sin criterios públicos para valorar a quien busca su voto. A la
Fiscalía le corresponde informar, hasta donde la ley se lo permita, si las menciones en sus
expedientes forman parte de alguna línea de investigación, y a Morena, si decide postular a
López Beltrán, explicar qué revisó y por qué aprobó su perfil. Yo quiero leer esa explicación
antes que su nombre en la boleta.
