Faljoritmo/Jorge Faljo
El Premio Nobel de la Paz 2026 se otorgó a Navanethem “Navi” Pillay, jurista sudafricana, en
reconocimiento a su integridad y valentía excepcionales para asegurar que los crímenes de
guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean perseguidos por la justicia. El
galardón funciona así como un mensaje doble: contra el desmantelamiento de la justicia penal
internacional impulsado desde Washington y contra la impunidad israelí.
La decisión va más allá de reconocer a una persona. Es una toma de posición en momento en
que, como dijo Pillay al recibir la noticia, “el derecho internacional y los derechos humanos
están bajo un ataque político significativo”.
Este premio marca una importante diferencia de perspectiva respecto al año anterior. Donald
Trump se había autopromovido como candidato al Premio Nobel diciendo, sin bases, que era
un promotor de la paz y había resuelto, o estaba en vías de resolver, ocho conflictos
internacionales. Había prometido acabar con la guerra en Ucrania y promovió un cese al fuego
en Gaza de poca efectividad.
En 2025 el Nobel de la Paz se le dio a María Corina Machado, destacada figura de la oposición
al gobierno de Nicolas Maduro en Venezuela. El premio se le otorgó “por su lucha por lograr
una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Esto en momentos en los que
Estados Unidos arreciaba visiblemente su acoso a Venezuela. Al 29 de agosto, por órdenes de
Trump, siete buques de guerra y un submarino de ataque rápido ya se desplegaban en el
Caribe Sur para, según el comunicado oficial, combatir a los carteles de la droga.
Seis semanas más tarde se anunció el premio a Machado. Tras recibirlo reiteró su posición en
favor de una intervención norteamericana para destituir a Maduro. También había expresado su
apoyo sin reservas al gobierno israelí encabezado por Netanyahu. Podría incluso pensarse que
el premio a Machado fue una especie de premio de consolación para Donald Trump. Machado
fue personalmente a entregarle el premio a Trump en enero de 2026, ya capturado Maduro. El
Instituto Nobel declaró que el premio era intransferible.
Entre 2025 y 2026 el Comité del Nobel dio un giro radical en su perspectiva política global.
Podría llegar a pensarse que los hechos subsecuentes a la decisión de 2025 lo llevaron a
considerar un error aquella decisión. El premio 2026 marca una corrección de fondo en favor de
la defensa del derecho internacional personificado en esta abogada nacida en una familia de
origen Tamil en Sudáfrica. Destacó en la defensa de activistas antiapartheid y logró que los
presos políticos de Robben Island, entre ellos Nelson Mandela, obtuvieran el derecho a la
asistencia legal.
Pillay recibió la noticia en la Sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, donde se juzgó a la
cúpula nazi. Un hecho casual que añadió significado al premio. Estaba en un foro
conmemorativo de aquellos juicios, fundacionales del derecho penal internacional. Los juicios a
los criminales de guerra nazis establecieron el precedente internacional, en aquel momento
apoyado por los países vencedores, incluyendo de manera destacada a Estados Unidos.
El elemento más explosivo del premio es Gaza. “Lo último que hice fue entregar el informe
sobre Gaza, nombrando lo que ocurre ahí como genocidio”, recordó Pillay en Núremberg. La
comisión que presidió no se limitó a calificar los hechos. Identificó que el primer ministro, el
presidente y el exministro de Defensa de Israel incitaron a cometer genocidio y que, al haber
actuado como agentes del Estado, el Estado de Israel es responsable.
La reacción de Israel fue inmediata. Su cancillería calificó el premio como una “grotesca
instrumentalización de un galardón para legitimar el odio y el prejuicio antiisraelíes”. El premio
no tiene efectos jurídicos, pero eleva el costo político de ignorar las conclusiones de la
comisión.
El destinatario implícito del premio es el gobierno de Trump que ciertamente se dio por aludido.
Horas después del anuncio del Premio Nobel, el secretario de Estado norteamericano, Marco
Rubio, anunció una campaña frontal contra la Corte Penal Internacional (CPI). “Prohibiremos
las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad
para actuar en nuestra contra”. Añadió que Trump nunca permitirá que un ciudadano
norteamericano sea juzgado por la Corte. Washington le concedió seis meses de gracia al alto
tribunal para dar tiempo a que los Estados miembros demuestren con acciones concretas que
atienden a las preocupaciones de Estados Unidos.
De acuerdo con Pillay los líderes políticos mundiales tienen la obligación legal de proteger los
derechos humanos, evitar la guerra, y hacer cumplir la Carta de las Naciones Unidas. Por su
parte Estados Unidos se cura en salud ante posibles acusaciones futuras. Las posiciones están
claramente deslindadas.
La CPI es un tribunal de justicia internacional con sede en La Haya, Países Bajos, cuya misión
permanente es juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de
lesa humanidad y agresión. Ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin, presidente
de Rusia, acusado de crímenes de guerra por el traslado de niños de las zonas ocupadas de
Ucrania a Rusia. También ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu y su exministro de
Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos el uso del
hambre como método de guerra y los ataques deliberados contra la población civil en Gaza
La CPI está integrada por más de 120 países, pero Estados Unidos e Israel no se cuentan
entre ellos. Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido
lamentaron y rechazaron enérgicamente las sanciones. El alto comisionado de la ONU para los
derechos humanos, Volker Türk, dijo que era inaceptable la decisión estadounidense.
El derecho internacional nació de una correlación de fuerzas y depende de ella para aplicarse.
La pregunta es si el principio de Núremberg, que nadie está por encima de la ley, puede
sostenerse contra la voluntad de quienes lo fundaron. El Nobel a Pillay es un acto de
resistencia institucional, no un cambio en la correlación de fuerzas. Su valor está en lo que
legitima. Respalda la conclusión de genocidio en Gaza, refuerza a una CPI acosada y coloca a
la defensa del orden jurídico internacional como condición de la paz.
Estar a favor o en contra del derecho internacional es ahora un campo de lucha política global
explícito, sin medias tintas. La historia presenta múltiples ejemplos de situaciones en las que
las elites encuentran que el orden legal que fundaron dejó de favorecerlos, o que los pueblos
encontraron la manera de emplearlo para limitar su poder. El mundo vive uno de esos
momentos en los que una parte de la elite global ha decidido abandonar el derecho
internacional en defensa de su posición hegemónica.
