El Mundo de Nunca Jamás
Pedro Alfonso García Rodríguez
El régimen colapsaba, era 1996 y el Partido Revolucionario Institucional se desmoronaba en medio de una crisis económica de legitimidad y una profunda pugna iniciada en la fase final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Ernesto Zedillo, en ese entonces presidente del país, optó por mantener una “sana distancia” con la elite de su partido, lo que permitió, además, terminar por restarle importancia, proceso que, por cierto, había iniciado también Salinas.
La “caída del sistema” en la elección presidencial de 1988, además de otros acontecimientos como el levantamiento zapatista y el asesinato de Colosio, iniciaron un proceso de cesión de espacios de poder a la oposición tras la pérdida de la mayoría en el Congreso en 1997.
En la búsqueda de legitimidad, el régimen dejó de ser el árbitro electoral e iniciaron los triunfos de la oposición, el más significativo, con la llegada al poder del PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas (QEPD).
Desde entonces, “las izquierdas” mantienen el control político de la capital del país, en contraste con todo el territorio nacional, gobernado dos sexenios por el PAN, uno por el PRI y dos por Morena.
La línea divisoria entre ambas dinámicas políticas se da por las pocas posibilidades que tuvieron las administraciones federales para lograr el suficiente quórum que permitiera recuperar el control del INE.
Hasta la llegada de la 4T…
Los gobiernos del PAN inicialmente llegaron al poder aún bajo el dominio territorial priista y al final requerido por el mismo expresidente Felipe Calderón para sostener la legitimidad de su gobierno y la constante amenaza de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador.
Ni el quórum reformista impulsado con el regreso del PRI permitió que el Instituto Nacional Electoral sostuviera su autonomía otorgada desde 1996 y que permitió las alternancias, primero en la CDMX, en la presidencia del país y en los estados.
Los juegos del poder que se dieron entre la Federación y los estados permitieron que los organismos electorales estatales descentralizaran su uso, a pesar de todos los recursos que les permitieron a los poderes estatales ejercer control y decisión en su composición.
Y en medio de la crisis de inseguridad a partir de 2007, que sumergió a regiones completas del país (y de Tamaulipas) en la ingobernabilidad, el fortalecimiento del organismo electoral además por presión ciudadana, con las fuerzas armadas y policías locales en operativos conjuntos.
La operación política en el país y en las localidades terminó prácticamente acotada al “Día D”, al control territorial segmentado mediante el uso de la fuerza o, como sucede en la actualidad, a la compraventa de la operación, además del uso de algunos recursos del mismo gobierno, como la operación y operatividad de la plataforma de Bienestar.
En el lapso de la conformación o reajuste de las estructuras políticas regionales, el INE padeció distintas crisis de credibilidad, de intentos de embestidas parlamentarias, pero nunca una proveniente directamente de quienes le cedieron su autonomía desde 1996: la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación.
Y desde el inicio, y sobre todo a partir de la alternancia política nacional, los cuestionamientos sobre los esquemas de financiamiento de las campañas políticas.
El Pemexgate y “los Amigos de Fox” fueron esquemas de financiamiento que saldrían a la luz pública y su influencia en la operación político-electoral durante los procesos electorales.
En la elección presidencial de 2006, la más polarizada en la historia del México contemporáneo, se dio el agregado de la “guerra sucia” orquestada desde algunos medios de comunicación: la televisión abierta y medios digitales.
La difusión de videos, documentación y otro tipo de evidencias sobre actos de corrupción de funcionarios públicos de los distintos partidos, además de la “guerra ideológica” impulsada principalmente desde el Consejo Coordinador Empresarial, relacionado con el panismo.
A partir de 2000 inició la regularización en los esquemas de financiamiento a los partidos políticos; en 2006 se sumaba el gasto realizado para la difusión de la “guerra sucia”.
Se sumaba además la apertura a los sistemas de conteo electoral en tiempo real tras los señalamientos del obradorismo sobre un supuesto algoritmo que cambió la ventaja sostenida por AMLO a favor de Calderón.
Con el regreso del PRI en 2012, el nuevo objeto de escrutinio se dio en los esquemas de financiamiento con recursos públicos de los estados para una operación territorial masiva con regalos o con la entrega sistemática de dinero el día de la elección.
Denunciado inicialmente por AMLO, pero casualmente después utilizado por prácticamente todos los partidos a partir de 2018. Con la ventaja de Morena de ejercer el poder.
La postura de AMLO frente al INE (IFE) siempre fue la misma desde que inició su figura como cuestionador de la credibilidad del Instituto Electoral. Idea que alimentó una narrativa por darle una mayor apertura al Instituto Electoral a la ciudadanía y que permitiera elecciones con mayor escrutinio.
Y la legitimidad de las impugnaciones que dieron figuras opositoras desde el PAN, el PRD y el mismo Morena cambió el destino de los resultados electorales, gracias a la intervención del mismo INE.
Uno de los ejemplos más conocidos en la historia reciente de Tamaulipas se dio con la elección para el Senado en 2018, en la que el ahora gobernador Américo Villarreal terminó por ganar frente al panista Ismael García Cabeza de Vaca.
Desde la oposición, ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador y póstumo agotamiento y acotamiento en los espacios de poder, buscó refugio en la narrativa de la defensa del INE dirigido por Lorenzo Córdova, después mencionado como su aspirante a una posible candidatura presidencial de coalición.
Y ese uso deliberado del INE como causa y bandera política, que aglomeraba voces bienintencionadas inicialmente, terminó en una pasarela de aspirantes a puestos de elección popular provenientes de la “marea rosa”.
El ascenso al poder no le permitió a AMLO avanzar con la velocidad esperada en su plan reformista, en el que involucraría también al INE; las alianzas tejidas con el Partido Verde y el PT le permitieron avanzar en el control de los estados y sus congresos, pero no logró la mayoría absoluta para Morena.
Actualmente, con la presidenta Claudia Sheinbaum, las fricciones con la cúpula morenista y la periferia partidista no le han permitido el suficiente consenso para dar continuidad a los planes reformistas.
Hasta el estallido del escándalo que involucra a la ahora exconsejera Guadalupe Taddei, relacionada directamente con la cúpula de Morena.
El escándalo de corrupción que reveló contratos que beneficiaron a un proveedor terminó por minar la autonomía en un proceso que inició desde 2019, aún bajo la dirigencia de Lorenzo Córdova.
Los constantes recortes presupuestales, el intento de reducir el periodo de Córdova, la insistencia de AMLO en desaparecerlo y crear una nueva institución desde cero y electos mediante el voto popular.
Los intentos realizados en el lapso AMLO-Sheinbaum y, ya en el gobierno de la presidenta, las limitaciones en el avance de las reformas propuestas desde el poder presidencial limitaron su prosperidad y, si los intentos no terminaron descafeinados, quedaron frenados.
Y probablemente definido en la próxima legislatura que llegue tras la elección de 2027, que también define si la presidenta puede continuar con la gobernabilidad o someter su gobierno a la voluntad parlamentaria.
Tras la renuncia de Taddei y la llegada provisional de Blanca Cruz García, el futuro del INE pareciera entrar en un limbo similar al que deliberadamente AMLO llevó a los organismos autónomos a su absorción.
Será la Cámara de Diputados la encargada de definir la nueva presidencia, mientras la Auditoría Superior de la Federación y las autoridades competentes resuelven los señalamientos de corrupción.
Treinta años después de lograr su autonomía sin la intromisión directa del Poder Ejecutivo, el INE enfrenta una de sus crisis institucionales más importantes, al grado de poner en tela de duda su legitimidad como institución y su exposición a una sobrepolitización.
Desde la agenda presidencial y tras los intentos presidenciales en la era AMLO de influir en su vida interior, es la actual coyuntura la que puede exponer al INE a un intenso escrutinio que lo paralice, sí, en la víspera de una elección trascendental como la de 2027.
En el contexto de una 4T que desapareció los autónomos y aplicó restricciones al acceso a la información y a la rendición de cuentas.
En un país sobremilitarizado y que les ha permitido a las mismas Fuerzas Armadas incursionar en otros rubros que no sean la Defensa Nacional, además del control que aún mantienen en materia de seguridad pública.
Y en medio de una crisis de legitimidad en Morena y/o sus aliados que pudiera repercutir en el ánimo electoral de la próxima elección.
Y un Poder Judicial reconfigurado tras una reforma polémica y una elección cuestionada por su bajo nivel de participación y señalamientos de posible operación electoral.
Bajo ese contexto, el INE se sumerge en una crisis institucional por la presión de Morena, pero también por el oportunismo de sobrepolitizarlo por parte de la oposición.
Mientras, la posibilidad de revertir el debilitamiento del INE y mejor fortalecerlo institucionalmente para evitar o complicar los actos de corrupción pareciera no pertenecer al lenguaje de la cúpula morenista.
El reparto de puestos políticos sigue entre arrebatos de los grupos de poder nacionales y regionales, y la delincuencia organizada (la del narco y la del huachicol) involucrada en esquemas de financiamiento.
Y el árbitro atado de manos y, al parecer, al menos en los intentos, de estar secuestrado.
A 30 años de distancia, cuando el Ejecutivo terminó su intromisión en la autoridad electoral, propició la alternancia política y dio por terminado un régimen político septuagenario.
En la actualidad, con el debilitamiento del INE y el merodeo a su estructura, terminaría por diezmar su autonomía y sería la antesala al inicio de un nuevo régimen.
Aunque a la distancia de las tres fuerzas políticas más importantes de la historia ante su paso al poder y el final del “modelo opositor” revelan la naturaleza de un régimen que va más allá de la partidocracia.
Nada descabellado ante todo el caos que impera en la actualidad…
@pedroalfonso88




