Antonio H. Mandujano
Expreso – La Razón
Tamaulipas enfrenta un problema ambiental que va más allá de los basureros convencionales: miles de tiraderos clandestinos donde terminan residuos de construcción, llantas, aparatos electrónicos y, en algunos casos, materiales que pueden representar un riesgo sanitario, como jeringas y desechos médicos.
De acuerdo con los diagnósticos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), durante 2025 y 2026 se han identificado entre 3 mil 700 y 3 mil 800 tiraderos clandestinos en diferentes puntos del estado, mediante recorridos, análisis satelitales y trabajos de georreferenciación cuyas ubicaciones han sido entregadas a los ayuntamientos para su atención.
Hasta el día de hoy, y según lo corroborado por la propia SEDUMA, esta cifra se mantiene prácticamente igual.
La problemática no es nueva. En diagnósticos anteriores se habían contabilizado alrededor de 926 puntos solo en la franja fronteriza norte, mientras que posteriormente las estimaciones estatales llegaron a situarse entre 2 mil y 2 mil 800 sitios activos.
En Matamoros, por ejemplo, se identificaron de manera preliminar alrededor de 390 puntos de disposición irregular, una muestra de la dimensión que ha alcanzado este problema en distintas regiones de Tamaulipas.
Entre los residuos que predominan se encuentran los materiales de construcción, conocidos como escombro, además de neumáticos y otros desechos de manejo especial que terminan en terrenos baldíos, caminos, cauces, cuerpos de agua y zonas naturales.
El problema tiene un componente adicional: la falta de espacios autorizados para recibir y disponer adecuadamente estos materiales, situación que dificulta tanto su control como la aplicación de sanciones a quienes los abandonan.
ESCOMBRO: EL PRINCIPAL RETO PARA LAS AUTORIDADES
Uno de los principales obstáculos para combatir los tiraderos clandestinos es precisamente la disposición final del escombro, pues no todos los municipios cuentan con espacios autorizados para recibirlo.
Ante esta situación, el titular de SEDUMA, Karl Heinz Becker Hernández, planteó este año la posibilidad de aprovechar bancos de materiales que ya fueron explotados, es decir, terrenos previamente impactados por actividades extractivas, para habilitarlos como sitios de recepción de residuos de construcción.
La propuesta contempla que estos materiales puedan reutilizarse después de ser triturados, por ejemplo, en bases para caminos, banquetas y muros no estructurales, con lo que se reduciría la cantidad de escombro abandonado en espacios naturales o terrenos sin autorización.
“Gran parte de lo que encontramos en los tiraderos clandestinos es escombro. Estamos convocando a propietarios de bancos de materiales para que puedan recibir estos residuos”, dijo el funcionario estatal.
Mientras tanto, existen casos que han llamado la atención por el impacto potencial de estas prácticas.
En agosto de 2026, en Tampico se advirtió sobre la posibilidad de presentar una denuncia contra Capufe o la empresa contratista encargada de los trabajos de demolición de un puente, luego de señalarse el depósito de escombro en el sistema lagunario, un ecosistema sensible donde podrían intervenir autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En Ciudad Victoria también se han detectado basureros recurrentes, incluidos depósitos de escombro, en las inmediaciones de estaciones de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).
Aunque la legislación contempla sanciones económicas que pueden superar los 5 millones de pesos en los casos más graves relacionados con residuos de manejo especial, históricamente las multas por tiraderos clandestinos han sido poco frecuentes.
La atención institucional se ha concentrado principalmente en los apercibimientos, la limpieza de los sitios y la coordinación con los municipios.
Hasta el momento no existe un recuento público, detallado y consolidado de las sanciones aplicadas durante 2026, por lo que las cifras de tiraderos identificados no deben confundirse con el número de infractores sancionados.
DESECHOS MÉDICOS: UN RIESGO SANITARIO
A diferencia del escombro y los aparatos electrónicos, los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) tienen un esquema de regulación y manejo mucho más específico, debido a los riesgos que representan para la salud pública.
En este grupo se encuentran materiales utilizados en hospitales, laboratorios y unidades médicas, como jeringas, gasas, bolsas de diálisis y otros insumos que pueden estar contaminados con agentes infecciosos.
Como referencia de su volumen de generación, un hospital de segundo nivel produce en promedio alrededor de mil 200 kilogramos mensuales de estos residuos.
La infraestructura de salud de Tamaulipas, integrada por hospitales, centros de salud, laboratorios y unidades de atención especializada, incluidos los CAPASITS, requiere servicios permanentes para su recolección, tratamiento y disposición final.
En 2024, el estado destinó aproximadamente 8.38 millones de pesos para cubrir durante un trimestre los servicios de recolección y tratamiento de estos materiales, mediante una empresa ubicada en Altamira.
Sin embargo, el manejo inadecuado también ha dejado antecedentes, pues se han reportado hallazgos de jeringas, bolsas de diálisis y materiales clínicos en calles, canales pluviales, tiraderos y hasta en la Laguna del Carpintero, en Tampico.
Las inspecciones federales realizadas históricamente entre 2013 y 2018 derivaron en multas superiores a 1.7 millones de pesos contra unidades médicas de Tamaulipas por irregularidades como mezclar residuos infecciosos con basura común, depositarlos en rellenos sanitarios sin cumplir las disposiciones y omitir su separación y envasado.
También existen antecedentes de retiros de cientos de kilogramos de RPBI de sitios de disposición inadecuados.
Actualmente, estos materiales deben ser recolectados por empresas autorizadas, que se encargan de transportarlos y someterlos a tratamientos como la incineración u otros procedimientos de inactivación, de acuerdo con las características del residuo.
MULTAS Y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES
El abandono de residuos no está permitido por la legislación estatal ni federal.
El Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, particularmente su artículo 305 y disposiciones relacionadas, contempla sanciones por depositar, abandonar o quemar residuos sólidos urbanos y de manejo especial en vías públicas, terrenos baldíos, cuerpos de agua y otros espacios no autorizados.
Las penalizaciones pueden incluir amonestaciones, multas calculadas en veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), clausuras y la obligación de reparar los daños ocasionados.
Dependiendo de la gravedad de la infracción, las multas pueden alcanzar cantidades superiores a los 5 millones de pesos.
Los ayuntamientos tienen facultades para intervenir en los asuntos de su competencia, mientras que las autoridades estatales y federales pueden actuar cuando se trate de residuos de manejo especial, peligrosos o afectaciones a zonas bajo jurisdicción federal.
En el ámbito federal, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establecen disposiciones para prevenir la contaminación y regular el manejo de los desechos.
La NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, por su parte, establece las especificaciones para la clasificación y manejo de los RPBI, desde su separación y envasado hasta su almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final. Su cumplimiento es vigilado por autoridades ambientales y sanitarias, entre ellas PROFEPA y COFEPRIS, dentro de sus respectivas atribuciones.
El incumplimiento puede derivar en multas, medidas correctivas, clausuras y, cuando existen conductas que configuran delitos, responsabilidades penales y ambientales.
Así, mientras Tamaulipas enfrenta miles de puntos de disposición clandestina, la falta de infraestructura para recibir escombro, la necesidad de fortalecer las campañas de reciclaje electrónico y la vigilancia sobre los residuos médicos mantienen abierto un frente ambiental que requiere tanto la intervención de las autoridades como la participación de la ciudadanía.





