Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
El incumplimiento de pagos a los proveedores de varios
ayuntamientos, me lleva a suponer que el cierre de su
ejercicio 2026 será harto complicado, en materia de liquidez
financiera, no obstante que su programación anual tuvo que
considerar imprevistos y medidas precautorias ante
eventualidades.
Sin embargo, lo más inquietante es la cobertura de
salarios de las dos quincenas de diciembre y el pago de
aguinaldos a sus trabajadores.
Esta situación no es nueva. Y lo saben las autoridades
municipales. Sin embargo, aunque tuvieron tiempo de sobra
para preverla soslayaron ocuparse del tema.
Ahora buscan la ayuda gubernamental para solventar el
gasto, pues el presupuesto anual, aparentemente, ya se
gastó. ¡Qué lamentable!
Lo anterior refleja, en principio, una deficiente planeación
financiera y una administración poco previsora de los
recursos públicos, dado que ningún alcalde puede
argumentar desconocimiento sobre los compromisos
económicos que representa el cierre de cada ejercicio fiscal.
Las nóminas, las prestaciones de fin de año y las
obligaciones con los proveedores no son eventualidades
inesperadas, sino gastos identificables que deben
contemplarse desde la elaboración del presupuesto anual.
Por tanto, resulta inadmisible que algunas autoridades
municipales lleguen a noviembre con dificultades para cumplir
compromisos que debieron atenderse mediante una
programación responsable del gasto. ¿En qué se utilizaron
entonces los recursos presupuestados?
La sospecha de que el dinero público pudo haberse
destinado a conceptos distintos de las prioridades
municipales no es un asunto menor. Los servicios públicos, el
mantenimiento urbano, el alumbrado, la recolección de
basura y la atención ciudadana deberían estar por encima de
los gastos superfluos, las erogaciones innecesarias y
cualquier compromiso que no represente un beneficio
colectivo.
Además, trasladar al Gobierno estatal la responsabilidad
de resolver los problemas de liquidez municipal no puede
convertirse en una práctica recurrente ni en un mecanismo
para ocultar deficiencias administrativas. La solidaridad
institucional puede ser necesaria ante circunstancias
extraordinarias, pero no debe servir de salvavidas para
quienes omitieron hacer su trabajo.
Por supuesto, también existen ayuntamientos que están
en condiciones de concluir el año sin mayores sobresaltos
financieros. Y es justo reconocerlo, porque demuestra que
una administración ordenada, con disciplina presupuestaria y
prioridades definidas, sí puede cumplir sus compromisos.
La diferencia está en la responsabilidad de quienes
gobiernan.
Al final, los alcaldes no solamente deben rendir cuentas
sobre las obras realizadas o los programas anunciados, sino
también sobre el destino de cada peso del presupuesto,
porque dejar proveedores sin cobrar y poner en riesgo
salarios y aguinaldos no es un simple contratiempo
administrativo: es una señal de que algo no se hizo bien. Y si
no hay dinero para cumplir las obligaciones básicas, alguien
tendrá que explicar en qué se gastó. La ciudadanía merece
respuestas, no pretextos ni solicitudes de rescate financiero
de última hora.
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