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Gerentes del terror y capitanes del capital

  • noviembre 22, 2026
  • 7:39 am

MAPAMUNDI

Leo Andrade

 

Entre febrero de 2025 y noviembre de 2026, el Estado mexicano ejecutó una purga operativa y carcelaria sin precedentes: noventa y dos perfiles criminales enviados a Estados Unidos en tres entregas masivas, sumados a capturas de alto impacto en bastiones clave como las de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, en el norte de Sinaloa; los hermanos Ramón Ángel y Rafael Álvarez Ayala, El R1 y El R2, en Guadalajara; y Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, El Titán, en la frontera tamaulipeca.

El giro jurídico aplicado bajo la Ley de Seguridad Nacional rompió décadas de juicios de amparo y dilaciones penitenciarias que permitían a los capos seguir operando desde prisión. En tres vuelos extraordinarios salieron del país tanto figuras históricas —Rafael Caro Quintero, los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, Vicente Carrillo Fuentes— como mandos activos de la estructura contemporánea: Pedro Inzunza Noriega, El Señor de la Silla; Ricardo González Sauceda, El Ricky; Armando Gómez Núñez, Delta 1; Daniel Alfredo Blanco Joo, El Cubano; y María del Rosario Navarro Sánchez, La Señora.

Sin embargo, el impacto visible de estas detenciones oculta una asimetría decisiva. Se ha golpeado con dureza la estructura armada y el mando operativo de los cárteles, pero no existen evidencias firmes de una ofensiva contra la ruta del dinero ni contra las redes de lavado que operan entre México y Estados Unidos. Han caído los gerentes del terror; siguen intactos los capitanes que administran las ganancias.

En las plazas dominadas por las organizaciones más poderosas, las capturas alteran las cadenas de mando sin pacificar los territorios. En Sinaloa, la fractura interna entre Los Mayos y Los Chapitos, sumada a la caída de operadores de Los Cabrera Sarabia, las Fuerzas Especiales Avendaño, los Beltrán Leyva y El Chapo Isidro, ha forzado a las facciones a dispersar laboratorios de drogas sintéticas y rutas hacia estados del sur y el sureste como Chiapas y Yucatán.

En el occidente y el noreste ocurre un fenómeno paralelo. En Jalisco y Michoacán, los golpes contra células como Los Deltas, Los Rs y líderes locales como César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, interrumpen circuitos específicos de extorsión agrícola y control urbano. En Tamaulipas, los traslados de José Alberto García Vilano, La Kena, los hermanos Treviño Morales y El Ricky acortaron drásticamente el ciclo de vida de los jefes regionales del Cártel del Golfo y del Cártel del Noreste en Matamoros y Nuevo Laredo, acelerando su atomización en células más pequeñas y agresivas.

Cuando cae un jefe de plaza o un coordinador logístico, los relevos locales compensan la pérdida de ingresos intensificando la depredación sobre la economía formal: cobro de piso al transporte, extorsión a productores agrícolas, control de aduanas y contrabando de combustible. La violencia muta y se fragmenta, pero el negocio sigue operando sobre las mismas rentas ilícitas.

En el plano político, esta ofensiva responde a una presión estadounidense inédita y a un viraje pragmático del gobierno mexicano. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la amenaza constante de aranceles punitivos y la designación formal de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras colocaron a México ante la disyuntiva de entregar resultados verificables o enfrentar sanciones comerciales y acciones unilaterales.

La velocidad de las capturas y la precisión con la que fueron ubicados objetivos ocultos durante años revelan una coordinación estrecha en materia de inteligencia, geolocalización e intervención de comunicaciones entre agencias estadounidenses y las fuerzas federales mexicanas. Para Palacio Nacional, sacar del país a noventa y dos objetivos desactiva las presiones de Washington, proyecta eficacia hacia el interior y elimina el riesgo de que los reos sigan dirigiendo operaciones desde penales federales o recuperen la libertad por tecnicismos judiciales.

El vacío estructural de la estrategia está en la arquitectura financiera. Quienes abordan los aviones hacia cortes federales de Nueva York, Washington, Texas o California son, en su inmensa mayoría, gerentes operativos: jefes de sicarios, coordinadores de rutas o encargados de laboratorios clandestinos. Son piezas sustituibles dentro de la cadena de violencia; por cada mando detenido, hay lugartenientes listos para ocupar su lugar.

Los capitanes que manejan las ganancias multimillonarias del narcotráfico, la extorsión y el contrabando no viven escondidos en la sierra. Mueven esos capitales dentro del sistema financiero formal, en desarrollos inmobiliarios, empresas fachada, comercio exterior, hidrocarburos y circuitos políticos. Detener a contadores tácticos o emitir bloqueos administrativos aislados no equivale a desmantelar las redes de lavado de dinero que conectan a México con Estados Unidos.

Tampoco se observan acciones judiciales de fondo contra políticos, funcionarios o empresarios que garantizan impunidad territorial, blanquean capitales mediante contratos de obra pública o financian campañas electorales con dinero ilícito. La impunidad de cuello blanco protege la base económica y política que permite a las organizaciones criminales sobrevivir a la caída de sus jefes armados.

La omisión es compartida en ambos lados de la frontera. Mientras Estados Unidos exige golpes militares y judiciales contra los capos mexicanos, en territorio estadounidense permanecen prácticamente intocados los canales financieros que reciclan las ganancias del consumo interno de drogas y la industria armamentista que equipa a los cárteles.

Fusiles de asalto, armas calibre .50, municiones, miras térmicas y equipo táctico adquiridos en armerías de Estados Unidos cruzan hacia México para sostener el poder de fuego criminal, mientras la mayor parte de los ingresos ilícitos se queda en el sistema bancario y comercial estadounidense. Sin embargo, el procesamiento penal de fabricantes de armas, redes de prestanombres y altos ejecutivos financieros en Estados Unidos sigue siendo marginal frente a la magnitud del negocio.

La experiencia reciente de América Latina demuestra que decapitar cúpulas armadas sin tocar las finanzas ni las redes de complicidad institucional solo multiplica las facciones y prolonga el conflicto. Los aviones pueden seguir despegando de Santa Lucía con gerentes del terror esposados, pero el poder real de los cárteles permanecerá intacto mientras no se persiga a los capitanes del capital y a sus socios políticos y empresariales en México y Estados Unidos.

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