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Para recuperar la salud

  • noviembre 22, 2026
  • 8:11 am

Faljoritmo

Jorge Faljo

 

“No tengo derecho a enfermarme”. La frase la repiten vendedoras ambulantes, tianguistas y voceadores de periódicos entrevistados para un estudio reciente sobre el sistema de salud mexicano. No es una queja retórica: describe una regla de supervivencia. Quien vive de lo que gana cada día pospone la consulta hasta que el dolor le impide trabajar, y cuando por fin busca atención, la paga de su bolsillo.

Esta frase la retoma el informe Salud quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México presentado el 9 de noviembre en el Colegio de México por cinco investigadores adscritos a instituciones de salud pública de prestigio como el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Cancerología. No obstante estas entidades y el IMSS rebaten algunos de sus datos; lo que no invalida lo esencial del trabajo que se apoya en datos oficiales del INEGI y en investigaciones de revistas especializadas. El deslinde institucional revela lo incomodo que resulta un estudio independiente y serio.

El documento es el resultado de cuatro años de trabajo y fue financiado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido y es atribuible a El Colegio de México y directamente a sus autores.

Una comparación internacional subraya que México gasta poco y mal repartido; además sin continuidad institucional. Se destina a la salud el 5.5 por ciento del producto y de eso el gobierno aporta apenas la mitad, menos del 3 por ciento del PIB, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que tan solo el gasto público llegue al 6 por ciento.

La escasez presupuestal se refleja en todas partes: pocas camas de hospital, equipos de diagnóstico insuficientes y, sobre todo, falta de personal. México tiene alrededor de una tercera parte de las enfermeras por habitante que el promedio de los países de la OCDE. Y quienes sí trabajan en el sector lo hacen cada vez en peores condiciones: según el informe, tres de cada cuatro médicos del país, contando sector público y privado, trabajan sin contrato estable, con salarios bajos o con jornadas excesivas.

El estudio revela que la evolución de la salud en este siglo presenta dos comportamientos. De 2004 a 2016, con el Seguro Popular, la proporción de hogares sin ningún tipo de protección en salud se redujo de casi seis de cada diez a menos de uno de cada diez. Un avance notable centrado en los municipios más pobres, sobre todo de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Por vez primera pobreza no significaba desprotección.

Después de 2018 la tendencia se invirtió. El Seguro Popular fue desmantelado y sustituido por el INSABI, que fue extinguido tres años después y sus funciones pasaron al IMSS-Bienestar. Para 2024, según el informe, casi un tercio de los hogares del país se declaraba sin cobertura, y en los municipios de mayor rezago económico la proporción superaba el 60 %. La brecha que había tardado una década en cerrarse se reabrió en seis años.

La decadencia del sistema público se reflejó en un incremento del gasto privado. El desabasto de medicamentos, agravado tras la desaparición del sistema de compras consolidadas que operaba el IMSS, empujó a millones a las farmacias privadas. Los hogares que enfrentan gastos de salud excesivos, capaces de llevarlos a la ruina o de hundirlos en la pobreza, se habían reducido casi a la mitad entre 2000 y 2014.

Para 2024 habían vuelto a niveles cercanos a los de principios de siglo: unos 5.7 millones de hogares. Un retroceso de un cuarto de siglo.

El informe documenta varios indicadores, pero dos bastan para dimensionar el problema. La mortalidad materna, bajó de 59.3 por 100 mil nacidos vivos en el 2000, a 44.1 en 2018 pero se disparó a 76.4 en 2021. Lo más sorprendente es que el mayor deterioro ocurrió en el IMSS y el ISSSTE donde en 2021 fue de 89.7; más que entre la población sin seguridad social. El IMSS rechaza esta lectura y afirma que la mortalidad materna ha caído fuertemente desde 2021; cierto pero esto no contradice que ese año haya sido el peor. En 2024 la tasa nacional de mortalidad materna fue de 52 por 100 mil nacidos vivos; aún superior a la de 2018.

El segundo indicador es la mortalidad evitable: muertes antes de los 75 años que no deberían ocurrir con la medicina disponible. México supera las 400 por cada 100 mil habitantes, casi el doble del promedio de la OCDE. Después de la pandemia, los derechohabientes de la seguridad social recuperaron sus niveles previos; la población sin seguridad social, no.

Según INEGI (Estadísticas a propósito del Día Internacional para la erradicación de la pobreza del 14 de octubre de 2026), en 2018 la carencia de acceso a los servicios de salud afectaba a 20.1 millones de personas; en 2022 se elevó a 50.4 millones, el 39 por ciento de la población. Es decir que en cuatro años más de 30 millones de mexicanos quedaron fuera de cualquier esquema de protección en salud. Para 2024 la cifra bajó a 44.5 millones, una mejora respecto del peor momento pero todavía más del doble de población desamparada que en 2018.

Resulta paradójico que según INEGI de 2016 a 2024 salieron de la situación de pobreza 13.7 millones de personas, algo digno de celebrarse, pero, en contraste en ese mismo periodo perdieron el acceso a los servicios de salud 25.7 millones de personas. Pareciera que estos datos reflejan una decisión de política en la que el incremento del gasto público en transferencias sociales se dio a costa de la austeridad impuesta a múltiples servicios públicos directos; entre ellos de manera destacada el gasto en salud.

El caso es que en 2018 la protección en salud se derrumbó y ahora en 2026 estamos en proceso de recuperar parte de lo perdido. Avanzar en esa dirección requiere, de acuerdo con el documento mencionado, elevar el gasto público en salud al 3.5 por ciento del PIB en 2030 y al 6 por ciento en 2043, a un siglo de la creación del IMSS y de la Secretaría de Salud; una mejor organización puede aumentar la eficiencia, dicen los autores, pero no puede substituir indefinidamente la escasez de recursos. Desde la perspectiva de eficiencia la idea es que el sistema no fracasó por falta de reformas, sino por el exceso de ellas, una política pública zigzagueante. Ahora se requiere definir una ruta clara orientada a convertir la cobertura universal en política de Estado sustentada en la participación amplia de los interesados, instituciones, trabajadores, pacientes y sociedad civil, de instituciones públicas, trabajadores, sector privado, universidades, pacientes y sociedad civil. Habría que preguntarse si una discusión franca, pública, es posible ante el muro infranqueable de la austeridad definida desde el ámbito de las finanzas públicas.

El 27 de octubre el gobierno presentó dos planes de doce puntos a cumplirse en 120 días; uno para el IMSS y otro para el ISSSTE que en buena medida atienden las propuestas del estudio del COLMEX en cuanto a dirección aunque no en la magnitud necesaria. Se presentan en un momento de presión. Años de denuncias de carencias de medicamentos y atención deficiente por insuficiencias de personal, incluso de cierres de hospitales o paros de labores, culminaron en que en octubre trabajadores del IMSS se movilizaron en varios estados.

Los planes, de cumplirse, beneficiarían a la población mitigando los rezagos existentes. No obstante hay que señalar que responden más a la presión de los trabajadores organizados que a la población que cuenta con pocos medios de expresión. Otra cosa podría ser si operara conforme a su diseño y función legal la Contraloría Social, cuando menos para lanzar alertas oportunas y dar cauce a la participación de los más afectados en la definición de un nuevo rumbo.

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Grupo Editorial Expreso – La Razón

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