Trópico de Cáncer/Jesús Collado Martínez
La creación del Instituto Federal Electoral IFE y su transformación en el Instituto Nacional
Electoral INE no fue un acto de generosidad democrática del gobierno, sino el resultado de una
prolongada crisis de legitimidad. Durante décadas, el partido oficial sostuvo que la Revolución
le daba derecho al poder y que el pueblo lo ratificaba en las urnas. La disidencia era cooptada,
comprada o reprimida.
Las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación, cuyo titular presidía la Comisión
Federal Electoral, donde participaban partidos opositores incipientes PPS, PARM y PAN que
por mucho tiempo fueron, en el mejor de los casos, testimoniales. Mientras tanto, la represión
contra los ferrocarrileros en los cincuenta, los campesinos en los sesenta y los estudiantes en
1968, con Gustavo Díaz Ordaz, y en 1971, con Luis Echeverría, mostró el costo humano de un
sistema cerrado a la diversidad política.
En 1976 la simulación llegó al extremo, José López Portillo fue el único candidato presidencial.
Su gobierno buscando legitimidad impulsó una amnistía y la Ley de Organizaciones Políticas y
Procesos Electorales LOPPE para incorporar a la izquierda clandestina a la vida política, pero
la desconfianza persistió.
El punto de quiebre llegó en 1988, con el Presidente Miguel de la Madrid. Surgido de una
escisión del propio PRI y respaldado por la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas movilizó a
millones de votantes contra el candidato oficial. La noche del 6 de julio el sistema de cómputo
“se cayó” cuando las cifras favorecían al opositor y, al restablecerse, el triunfo oficial era
irreversible. Aquel episodio confirmó la sospecha ciudadana de que la voluntad popular podía
ser burlada con la complicidad del gobierno.
El Presidente Carlos Salinas de Gortari, urgido de legitimidad, convocó a la reforma electoral
que en 1990 creó el IFE, autónomo pero aún presidido por el secretario de Gobernación. La
desconfianza opositora impulsó entonces instrumentos para blindar el voto: el padrón electoral,
el listado nominal y la credencial con fotografía, la tinta indeleble y las urnas transparentes de
alta resistencia. Cada innovación respondió a una sospecha y una demanda concreta, no fue
un avance espontáneo.
Ernesto Zedillo asumió el cargo de Presidente de México en 1994 en medio de una crisis de
confianza, marcada por los asesinatos del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo
Colosio, y del dirigente priista José Francisco Ruiz Massieu. Tras la reforma de 1996, el IFE se
“ciudadanizó” con José Woldenberg como Presidente del Consejo General. Según Francisco
Labastida, candidato del PRI en 2000, Zedillo trabajó para favorecer al PAN. Ese Consejo
impuso al PRI una multa de mil millones de pesos en 2003 por recursos de Pemex no
reportados en la campaña de 2000, aunque las autoridades penales exoneraron a los
implicados de lavado de dinero y delincuencia organizada.
En 2000 Vicente Fox se convirtió en el primer presidente emanado de la oposición. Ha dicho
públicamente que en 2006 intervino a favor de Felipe Calderón y contra Andrés Manuel López
Obrador, al punto de que el Tribunal Electoral advirtió que ponía en riesgo la elección. Luis
Carlos Ugalde, entonces presidente del IFE, ha dicho que sufrió fuertes presiones de
funcionarios y dirigentes gremiales para favorecer a Calderón. Con un margen mínimo, el IFE
se negó a recontar todos los votos y Calderón asumió el cargo de Presidente de la Republica
en medio de un conflicto poselectoral de enormes dimensiones.
En 2014 Enrique Peña Nieto promovió una nueva ley electoral y la creación del Instituto
Nacional Electoral INE para restaurar la confianza. En 2018 llegó López Obrador, quien
propuso reformar a fondo el Instituto y el Tribunal Electoral para convertirlos en verdaderos
garantes de la soberanía popular. La oposición bloqueó su propuesta y, junto con empresarios y
comunicadores, se movilizó en la “Marea Rosa” bajo la consigna “el INE no se toca”. En marzo
de 2026, la Cámara de Diputados rechazó también la reforma de la presidenta Claudia
Sheinbaum.
Esa creciente autonomía no ha estado libre de cuestionamientos. Hoy la Presidenta denuncia
serias irregularidades en la contratación de materiales y servicios electorales, en una trama
siniestra que se extiende hasta principios de este siglo, y pide al actual Consejo sanear el
Instituto y transparentar sus contratos.
La historia muestra que los órganos electorales son hijos de la culpa de los gobernantes y de la
desconfianza y el enojo de los ciudadanos y que la autoridad electoral ha servido en más de
una ocasión para validar fraudes y simulaciones, y que también ha administrado mal los
recursos públicos. México necesita una Reforma Electoral con mayusculas, que cree órganos
electorales confiables, verdaderamente comprometidos a respetar y proteger el bien más
preciado de la democracia, la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas.
