Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
El triunfo del Partido Demócrata en la elección para renovar la tercera
parte del Senado y la Cámara de Representantes, ciertamente significa
un revés para el presidente Donald John Trump, en la segunda mitad
de su ejercicio, porque estará obligado a modificar su estrategia política
y económica.
Para la relación bilateral y los intereses de México, el nuevo Congreso
estadunidense que será controlado por el Partido Demócrata no se
clasifica simplemente como bueno o malo, sino que representa un
cambio profundo de prioridades, que ofrecería tanto ventajas
estratégicas como importantes desafíos regulatorios.
Algunos analistas en relaciones internacionales dividen tal impacto en
dos vertientes:
1) Como ventajas, estiman un freno a medidas unilaterales extremas,
porque un congreso demócrata actuaría como un contrapeso
institucional frente a las propuestas republicanas más radicales, como
las amenazas de intervenciones militares unilaterales contra los
cárteles en nuestro territorio o la designación de estos como
organizaciones terroristas extranjeras.
Tradicionalmente, los congresos liderados por el Partido Demócrata en
Estados Unidos no han adoptado una postura de enemistad abierta o
de ‘estar en contra’ de México, sino que han optado por una ejercer
dinámicas de presión institucional, de una fiscalización estricta y
fricciones en temas comerciales, laborales, ambientales y migratorios.
En cuanto a la corresponsabilidad en seguridad, en lugar de centrarse
únicamente en el despliegue militar y la construcción de muros
fronterizos, los demócratas tienden a reconocer (de manera pública)
que el consumo interno de drogas en su país, como el tráfico ilegal de
armas hacia el sur, son factores clave en la crisis de seguridad de la
región.
Habría igual certidumbre institucional y diplomática, puesto que los
legisladores demócratas prefieren resolver los diferendos a través de
canales diplomáticos tradicionales, comisiones bilaterales y los
mecanismos establecidos en tratados internacionales, evitando la
diplomacia de confrontación o las amenazas imprevistas de aranceles
masivos.
Y, sobre los desafíos, advierten que habría un escrutinio estricto en el
tratado comercial (T-MEC), ya que los demócratas mantienen un
vínculo histórico muy estrecho con sindicatos estadounidenses. Por
ello, ejercen una supervisión sumamente rigurosa y activa sobre México
en materia de derechos laborales, libertad sindical, salarios mínimos y
cumplimiento de regulaciones ambientales en las fábricas mexicanas.
También, los congresistas demócratas suelen presionar con firmeza si
consideran que las decisiones soberanas de México (como las
reformas al poder judicial, las políticas energéticas o la autonomía de
los reguladores económicos) vulneran la certeza jurídica de empresas
estadounidenses o afectan los compromisos de transición hacia
energías limpias.
Sin embargo, se prevé continuidad de la presión migratoria y sobre el
combate al fentanilo.
Para México, entonces, un Congreso demócrata ofrecería una mayor
estabilidad institucional y respeto a la soberanía, pero, a cambio, exige
un cumplimiento exhaustivo, minucioso y auditable de las reglas del
juego comerciales, ambientales y laborales.
Así ha quedado demostrado históricamente, pues durante la gestión
presidencial de Joseph Robinette Biden Jr. hubo fricciones entre México
y la Unión Americana durante las negociaciones del T-MEC, al
considerar la parte estadounidense que la reforma energética violaba
los acuerdos. Pero además, exigieron una aplicación sumamente
rigurosa de los paneles laborales del tratado para auditar la libertad
sindical dentro de las fábricas de México.
A nivel político, la postura demócrata hacia México no se traduce en
bloqueos o agresiones territoriales, sino en lo que los especialistas
denominan ‘presión regulatoria e institucional’. Y es que mientras que
los republicanos suelen focalizar su presión en la seguridad fronteriza
directa y los aranceles, los congresistas demócratas centran sus
exigencias en la política interna de México, sobre el cumplimiento de
normas laborales, el respeto al Estado de derecho, la ecología y el
control del tráfico de fentanilo.
Los últimos tres presidentes demócratas –William Jefferson Clinton,
Barack Hussein Obama II y Joe Biden–, no adoptaron formalmente una
postura ‘enemiga’ ni de guerra abierta contra México –como ocurrió en
el siglo XIX–, pero sí implementaron políticas migratorias, comerciales
y de seguridad fuertemente restrictivas que generaron serias tensiones
y afectaciones directas para el país y sus ciudadanos.
Los tres también coincidieron en endurecer la política migratoria y una
mayor vigilancia fronteriza para frenar el paso de indocumentados.
En fin, habrá que esperar los primeros discursos que pronunciarán los
demócratas a partir del 3 de enero próximo, cuando tomen posesión de
sus cargos, para saber cuál es su postura frente a México.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
