Nora M. García
EXPRESO-LA RAZÓN
La deuda bancaria de Tamaulipas bajó en términos reales y se pagará hasta 2048, mientras el adeudo reconocido con el IPSSET y una presión pensionaria que, sin reforma, equivaldría a cerca de seis veces el saldo bancario a valor presente, quedan fuera de esa cuenta.
Las notas a la Cuenta Pública 2024 del IPSSET asientan que entre 2010 y 2016 Finanzas no le enteró los recursos que le correspondían. El Presupuesto 2026 todavía contempla, en su artículo 55, los intereses del convenio con que se reconoció ese adeudo, de modo que el faltante sigue presente una década después.
La deuda gira alrededor de los créditos bancarios, que se inscriben ante Hacienda, reciben calificación y se miden con un semáforo. El convenio es un adeudo reconocido y las pensiones que las reservas no cubran son una presión fiscal futura, pero ninguno figura en la deuda reportada, aunque la ley hace a las entidades garantes si el fondo resulta insuficiente.
CUATRO CIFRAS PARA UNA MISMA DEUDA
Según Finanzas, la deuda sumaba 15,833 millones al cierre de 2022 y 15,550 millones al cierre de 2025, una diferencia de 283 millones: 1.8% nominal y 13.2% real. Al cierre de 2025 el estado debía menos, en poder adquisitivo, que al inicio del gobierno de Américo Villarreal Anaya.
El 6 de mayo de 2026, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, reportó ante el Congreso un saldo inicial de 15,924 millones y uno actual de 15,072 millones, una baja de 852 millones. Once días después, el gobernador afirmó haber recibido 16,000 millones que hoy rondan los 14,800 millones, 272 millones menos. En agosto, un boletín de Finanzas ubicó el saldo en 14,983 millones. Entre mayo y agosto circularon tres cifras, con una dispersión de 272 millones.
Aunque el saldo nominal varió poco, su composición cambió casi por completo: al 30 de septiembre de 2025, de los once créditos vigentes, siete se firmaron en esta administración, entre ellos los dos del FAFEF y cinco de refinanciamiento, autorizados en julio de 2023 para refinanciar la deuda heredada, con plazos de 20 y 25 años, sobretasas de 0.21 a 0.55 puntos sobre la TIIE y vencimiento en 2048. Entonces sumaban 12,611 millones, 82% del saldo total.
De enero a septiembre de 2025, el estado pagó 1,071 millones en intereses y 101 millones en capital, y para 2026 el presupuesto prevé 1,512 millones en intereses y 489 millones en amortización, 2,001 millones de servicio.
UN FONDO QUE SE QUEDÓ CORTO
El sistema operó con la ley de 1984, que permitía jubilarse sin edad mínima y fijaba aportaciones de 16% del sueldo entre trabajador y patrón. La ley de 2015 estableció edades mínimas de 60 años para mujeres y 62 para hombres, y elevó las aportaciones hasta 32% del sueldo base, el doble.
A esa debilidad se sumó el faltante: entre 2010 y 2016 no se enteraron las cuotas retenidas ni las aportaciones patronales, según explicó en abril de 2025 la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván. Para regularizarlo, la administración anterior firmó en septiembre de 2021 un convenio que reconoció un adeudo de 2,011 millones, con intereses y actualización, por 2010 a 2016. El estado lo cubre en 96 mensualidades al 6% anual, por lo que al último pago, en 2029, habrá desembolsado 2,537 millones, 526 millones más.
Al inicio de este gobierno, las reservas líquidas alcanzaban solo hasta 2024 y medidas internas las extendieron a 2028, mientras el estudio actuarial, con corte a diciembre de 2024, proyectó que, sin cambios, la reserva total se agotaría en 2031. Desde entonces, el gobierno tendría que cubrir aportaciones extraordinarias de 714 millones de pesos de 2024, que llegarían a 2,902 millones en 2050.
Con la tasa real de 2% del estudio, esas aportaciones hasta 2125 tienen un valor presente de unos 91,000 millones de pesos de 2024, cerca de seis veces el saldo bancario de 2025.
Vigente desde el 1 de enero de 2026, la reforma respeta las edades de quienes ya cotizaban y fija en 65 años la de quienes ingresen desde este año. Para los nuevos, la cuota del trabajador será de 10.5% y la patronal de 27%, más 27% del aguinaldo.
Con la reforma, el costo patronal estimado para 2026 sube a 1,810 millones de pesos de 2024, 381 millones más que los 1,429 millones sin cambios, un aumento de 27%. A cambio, el gasto baja en el largo plazo, con un ahorro cercano a 13,800 millones a valor presente, y el gobierno sostiene que la suficiencia llega ahora hasta 2051, 20 años después de 2031.
Los dirigentes del SUTSPET y de la sección 30 del SNTE respaldaron la reforma en enero de 2026, mientras poco más de 250 trabajadores promovieron un amparo en febrero, sin resolución hasta mayo. Su vocero, Armando Trejo Moreno, del SETGOAT, sostuvo que la reforma “impacta directamente sobre el salario de los trabajadores” y que es retroactiva.
LO QUE EL SEMÁFORO NO MIDE
Hacienda evalúa a los estados con tres indicadores de deuda, servicio y obligaciones de corto plazo, y ninguno incorpora el pasivo de pensiones, de modo que la clasificación de endeudamiento sostenible no refleja la presión del IPSSET. La Ley de Disciplina Financiera exige un estudio actuarial en el paquete, y el de 2026 lo incluye, pero no interviene en la clasificación de Hacienda.
Para 2026, el artículo 43 del Presupuesto estatal estima 2,611 millones para pensiones, vía IPSSET, que no forman parte de la deuda reportada. Con los 2,001 millones del servicio de la deuda bancaria, la suma llega a 4,612 millones, más que los 3,606 millones del capítulo 6000, Inversión Pública, por 1,006 millones, equivalente a 28% de esa partida.
El adeudo reconocido es el del convenio, y los 91,000 millones no son un crédito exigible ni se suman a la deuda bancaria, pues son una proyección actuarial que depende de supuestos, como la tasa real de 2% y el horizonte hasta 2125.
En octubre, Finanzas informó que el paquete 2027 se entregará al Congreso para el 15 de noviembre, con un crecimiento de 3% a 5% sin impuestos nuevos. Para 2027, la proyección prevé un costo patronal 591 millones superior, en pesos de 2024, al que habría sin reforma. Con 85.5% de sus ingresos de 2026 de origen federal, la capacidad para sostener ambas obligaciones descansa en transferencias que no controla.
