Baja California, enero de 2026. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó públicamente que su exesposo, Carlos Torres Torres, enfrenta investigaciones abiertas en México por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, información que fue difundida inicialmente por el diario El País y retomada por otros medios nacionales.
De acuerdo con la propia mandataria, la Fiscalía General de la República mantiene una carpeta de investigación activa, derivada de una denuncia presentada a mediados de 2025, en la que se señala la posible participación de Torres en operaciones financieras y logísticas ligadas a organizaciones criminales que operan en la región fronteriza de Baja California.
Los reportes periodísticos indican que el expediente incluye transferencias de recursos, supuestos pagos periódicos y vínculos indirectos con estructuras delictivas, aunque hasta el momento no se han hecho públicos cargos formales, órdenes de aprehensión ni una imputación judicial definitiva, lo que mantiene el caso en la etapa de investigación ministerial.
En su posicionamiento, Marina del Pilar subrayó que los hechos investigados corresponden al ámbito personal de su exesposo, que el matrimonio terminó años antes de que ella asumiera la gubernatura y que no existe relación política, administrativa ni de gobierno entre ambos. Aseguró además que no intervendrá en el proceso y que la FGR debe actuar con plena autonomía.
El caso adquirió mayor visibilidad pública luego de que se confirmara que autoridades de Estados Unidos revocaron visas tanto a Carlos Torres como a la propia gobernadora, una medida administrativa que no equivale a una acusación penal, pero que suele aplicarse cuando existen alertas de seguridad, investigaciones en curso o intercambio de información entre agencias.
Hasta ahora, no existe confirmación oficial de cargos penales presentados ante tribunales estadounidenses, aunque fuentes periodísticas señalan que agencias de ese país comparten información con autoridades mexicanas, como ocurre de manera regular en investigaciones de carácter transnacional.
Carlos Torres, por su parte, ha negado los señalamientos y sostiene que no ha sido notificado formalmente de imputaciones, argumentando que los señalamientos se basan en denuncias anónimas y filtraciones. Ha señalado que colaborará con las autoridades para aclarar su situación jurídica.
El caso se desarrolla en un contexto político delicado para Baja California, un estado estratégico por su condición fronteriza, su dinámica económica y su historial de disputas entre grupos criminales, donde las investigaciones federales suelen tener repercusiones mediáticas y políticas inmediatas, aun antes de resolverse judicialmente.
Por ahora, el escenario es claro: hay una investigación federal en curso, reconocida por la propia gobernadora, sin resolución judicial definitiva, pero con implicaciones políticas que ya forman parte del debate nacional sobre responsabilidades públicas, vida privada y los alcances reales de las indagatorias penales.
