Por Arturo Rosas H
EXPRESO-LA RAZON
Doce cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2023 serán judicializadas, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presente denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Precisó que, aunque existen cuentas pendientes de los ejercicios 2021 y 2022, la mayoría de las denuncias corresponden a 2023, cuyos expedientes ya se encuentran en proceso de integración para ser presentados ante la FECC en los próximos meses, con el objetivo de conformar las carpetas de investigación.
De ese universo, entre 10 y 12 cuentas públicas, correspondientes a 40 de los 43 ayuntamientos y a algunas Comapas, presentan irregularidades graves que deberán ser esclarecidas por la Fiscalía Anticorrupción. Noriega Orozco explicó que, debido al debido proceso, la ASE está impedida legalmente para detallar los presuntos actos de corrupción.
El auditor explicó que las cuentas públicas atraviesan diversas etapas de fiscalización, que van desde informes específicos de disciplina financiera hasta el pronunciamiento final del Congreso del Estado sobre el desempeño administrativo y financiero de los entes auditados.
Subrayó que los dictámenes negativos no obedecen a criterios políticos, sino a indicadores contables y financieros, con porcentajes de observaciones elevados que evidencian administraciones deficientes y desordenadas.
Noriega hizo énfasis en diferenciar entre una mala administración y un posible quebranto al erario, al señalar que muchas observaciones derivan de desorden documental, expedientes incompletos y fallas en los procedimientos administrativos.
Detalló que cerca del 80 por ciento de los más de 12 mil millones de pesos observados en ejercicios anteriores corresponde a errores en la integración de pólizas, falta de documentos legales y comprobaciones mal elaboradas.
Aclaró que, cuando existe evidencia de que una obra fue ejecutada, un servicio prestado o un bien adquirido, no puede presumirse automáticamente un desvío de recursos, aun cuando el procedimiento administrativo haya sido incorrecto.
No obstante, advirtió que cuando los procesos de adjudicación están viciados o se construyen “de adelante para atrás”, las faltas se clasifican como responsabilidades administrativas, algunas de ellas de carácter grave.
Explicó que las sanciones se canalizan por dos vías: los Órganos Internos de Control, para faltas no graves, y el Tribunal de Justicia Administrativa, para aquellas consideradas graves, conforme a la ley.
Destacó que en municipios con reelección se repitieron irregularidades, mientras que en administraciones con cambio de gobierno ya se registran sanciones reales, incluidas inhabilitaciones a exfuncionarios municipales, lo que —dijo— refleja una mayor conciencia administrativa.
Celebró que nuevas autoridades municipales hayan iniciado procedimientos contra administraciones anteriores, rompiendo con la práctica histórica de cerrar observaciones mediante simples amonestaciones privadas.
Aseguró que imponer orden administrativo permitiría reducir hasta en 80 por ciento las observaciones, dejando claramente identificado el 10 o 20 por ciento donde podría existir corrupción real.
Con ello, explicó, el enfoque pasaría de montos globales por 12 mil millones de pesos a investigaciones más precisas por entre 2 mil y 2 mil 400 millones de pesos, fortaleciendo la credibilidad institucional.
“El objetivo es que exista, con hechos, un cambio de percepción en la ciudadanía y que se observe que sí se está combatiendo la corrupción”, afirmó.
Noriega Orozco señaló que uno de los principales cambios de esta administración es la reducción del tiempo entre la revisión y la sanción, evitando que las cuentas permanezcan archivadas durante años.
Recordó que anteriormente las cuentas recientes quedaban en espera mientras se atendían ejercicios a punto de prescribir, lo que generaba una percepción de impunidad y castigos tardíos.
Ahora, afirmó, una vez concluidos los dictámenes de la cuenta pública 2023, la Auditoría inició de inmediato la integración de expedientes con mayor solidez jurídica y financiera.
Por ello, confirmó que durante 2026 se buscará judicializar entre 10 y 12 entes correspondientes al ejercicio 2023, además de avanzar en responsabilidades administrativas ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Reconoció que la carga de trabajo es elevada, ya que también se atienden cuentas de 2019 para evitar su prescripción, pero aseguró que se priorizan los casos de mayor impacto al erario.
Indicó que prácticamente todas las cuentas municipales de 2023 se encuentran en semáforo rojo, con apenas dos o tres dictámenes positivos, reflejo de vicios administrativos arraigados.
Adelantó que la cuenta pública 2024 podría mostrar mejoras marginales, aunque todavía insuficientes para un cambio sustancial, pese a la capacitación brindada a nuevos alcaldes.
Finalmente, sostuvo que para 2025 se espera un avance más claro, con menos observaciones y mejores prácticas, en un escenario de mayor escrutinio público y transparencia.
