Golpe a golpe/Por Juan Sánchez Mendoza
No entiendo por qué las fiscalías General de Justicia y la Especializada
en Combate a la Corrupción han demorado tanto –más de tres años
entre las actuales y las anteriores– para llevar a juicio a quienes
saquearon las arcas públicas en beneficio personal, cuando han sido
los mismos funcionarios gubernamentales quienes han señalado con
índice de fuego un cúmulo de ilícitos. Tanto o más que los diputados
locales que, mediáticamente, se muestran dispuestos a llevar al
patíbulo a tantos malhechores.
Sobre todo, por el mar de documentos que aparecen cotidianamente en
todas las áreas para sustentar acusaciones –por prácticas contrarias al
ejercicio público–, bajo un marco legal, como espera la sociedad.
Ésta que de ningún modo plantea una cacería de brujas, pero sí una
actitud congruente entre el decir y el hacer, por parte de quienes son,
ahora, fiduciarios del poder.
Mucho se comenta sobre el latrocinio indiscriminado con obras que no
existieron; una abultada nómina, al pagarle jugosos salarios a gente sin
desquitar los emolumentos; desviación de recursos, mediante el rollo
del sistema de viáticos y becas; la asignación vertical de contratos,
siendo la ley muy clara en cuanto a las licitaciones para adquirir equipo,
mobiliario y enseres de papelería y limpieza; la renta o venta de bienes
inmuebles; así como en el mantenimiento de la infraestructura (léase
oficinas), y del parque vehicular, entre otros ilícitos menos graves a los
que serían:
a) El extravío de cientos o tal vez miles de millones de pesos;
b) La preferente asignación de los apoyos de programas sociales en
beneficio exclusivo de amigos, compadres, caprichos y parentelas de
los otrora influyentes jerarcas gubernamentales; y
c) El saqueo millonario mediante el pago de facturas a empresas sin
haber brindado servicios –se les llama fantasmas–, que aparecieron
con las auditorías practicadas.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas consiga la forma, el
método y los procedimientos a seguir para requerir información sobre
las finanzas y su consecuente aceptación u observaciones, antes,
durante o posterior al análisis de la Auditoría Superior del Estado,
apoyada por una comisión legislativa.
Ahí se establece claramente que, aún vencido el término de 60 días
hábiles para que la administración saliente rindiera cuentas claras a la
entrante, de encontrarse irregularidades puede aún procederse vía
penal por las infracciones cometidas.
Más cuando los ilícitos resultan gravosos, como sería en este caso.
Tal vez por eso las fiscalías no han actuado, todavía, para enjuiciar a
los saqueadores.
De cualquier forma, el plazo para que la Auditoría Superior del Estado
entregue sus observaciones al Congreso venció hace casi un año.
A partir de entonces, se dio que empezarían a caer los peces gordos.
Pero a la fecha sólo han sido consignadas alrededor tres decenas de
investigación de las cerca de las más de mil que Fiscalía Anticorrupción
mantiene abiertas; y las decenas de la Fiscalía General de Justicia.
Diputados intolerantes
Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), ven mal todo cuanto
no satisfaga sus dogmas extremistas que hacen de ellos seres necios e
inflexibles.
De ahí que su quehacer legislativo deje mucho qué desear; y que su
conducta, siempre, esté encaminada a fustigar cuanto ocurre en su
entorno, sin importarles excederse en las funciones que les confiere la
propia reglamentación del Congreso.
Con ésta su actitud, el rebaño albiceleste sólo demuestra que son un
grupo carente de disposición al diálogo y a la concertación.
Una oposición cerrada, tal y como definió Jesús Reyes Heroles.
De ahí que recuerde a esos napoleones de opereta lo que en vida
acuñó el ideólogo veracruzano:
“La oposición ni siquiera cumple el papel elemental que en cualquier
régimen político le concierne: resistir para apoyar. No resiste y, por
consiguiente, no apoya. La oposición se ocupa más de criticar que de
señalar sus objetivos y propósitos. La crítica a lo ajeno es la razón de
su existencia”.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
