En visto | Dora de la Cruz
No normalicemos la violencia política por razones de género en los medios de
comunicación contra las mujeres en el poder, cuando el periodismo feminista levanta
la voz; no es que “estamos exagerando”, no es que “estamos haciendo drama”; es
que se está nombrando esta desigualdad y cultura machista, que intenta
desacreditarlas y expulsarlas de los espacios públicos.
Con la llegada de la paridad a los espacios de poder, llega la violencia política por
razón de género; la crítica hacia una mujer en el servicio público se construye a partir
de su género y no de su desempeño, no se analizan decisiones, resultados, o
políticas públicas de la funcionaria; se activan estereotipos, se cuestiona su forma de
hablar, o incluso su vida personal.
Los casos de violencia contra las políticas, está subiendo de tono y es peligroso, por
las consecuencias y los mensajes que se envían a otras mujeres que quieren
participar en la política; se desalientan, ante la incidencia de estas críticas públicas y
en redes sociales, pero además, frente a la impunidad y castigos superficiales, de
amonestaciones públicas, multas económicas y disculpas obligadas; es decir, si no
hay un arrepentimiento, es seguro que la actitud machista se vuelva a repetir.
Precisamente este fin de semana, en la Cuarta Sesión Itinerante de la Legislatura
66, celebrada en Matamoros, la diputada Magaly Deandar,
fue criticada por usar una bolsa “costosa”, que algunos periodistas retomaron,
incurriendo en una crítica colectiva que no tiene nada que ver con su trabajo
legislativo, pero además, terminó siendo una agresión colectiva que, por añadidura,
nadie está registrando como tal, ni la autoridad electoral, de quien se manifiesta un
silencio cómplice .
Las violencias contra las mujeres empiezan con una burla, con una crítica y van
escalando, ante la impunidad que persiste; no la normalicemos en los medios de
comunicación; el periodismo con perspectiva de género no exagera, evidencia y
transforma la narrativa . Se debe dejar de centrar la cobertura en la ropa que usan,
en su forma de hablar, en su pareja o en su estado civil. La crítica debe dirigirse al
desempeño de las funcionarias, a sus decisiones, resultados y responsabilidades,
para bien o para mal. Cuando el análisis se va hacia lo personal, reproducimos la
violencia política por razón de género y lo que se normaliza, se repite.
Las cifras oficiales no retratan la dimensión real de la violencia política que enfrentan
las mujeres. Al 4 de febrero de 2026, el Registro Nacional de Personas Sancionadas
del INE reporta 479 casos, con 356 hombres y 76 mujeres sancionadas, además de
27 personas reincidentes; el 71.77% de los hechos ocurre en el ámbito municipal y el
36% de las víctimas en procesos electorales son mujeres. Sin embargo, estos
números sólo reflejan los casos denunciados y resueltos, no la cifra de agresiones
que se silencian por miedo, desgaste institucional, o normalización de la violencia. El
reporte del Instituto Nacional Electoral, señala que la lista de causa por denuncia en
este tipo de violencia es por insultos sexistas (44% de parlamentarias), amenazas de
muerte, violencia física y psicológica.
No podemos minimizar las razones por las que las mujeres denuncian; son
alarmantes. Si la autoridad electoral no actúa de manera oportuna, corremos el
riesgo de que sea demasiado tarde, como ha ocurrido con otras leyes sobre
violencia: solo cuando suceden hechos graves e irreversibles, se endurecen las
penas, después del daño.
Basta de complicidades e impunidad. Las mujeres políticas tienen derecho a ejercer
el poder sin violencia.
