A BARLOVENTO/ TOMÁS BRIONES
Cuando hace unos tres meses, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social (SRHDS), Raúl Quiroga Álvarez, y el gerente general de la Comapa Sur, Francisco González Casanova, reconocieron públicamente un problema ajeno a las operaciones del organismo que afectaba a miles de familias de la zona conurbada, ya se hablaba de soluciones de fondo.
El tema de los hundimientos de tierra y el colapso de las tuberías de agua y drenaje en los municipios de Tampico y Ciudad Madero había llegado al punto en que era imposible postergar la atención inmediata con mayor esfuerzo, lo cual llevó a la dependencia estatal y a la Comapa Sur a trabajar de lleno en encontrar una solución que ayer se anunció.
El problema se acentuó tras la prolongada sequía de ocho años que vivió el sur de Tamaulipas. Posteriormente, el aumento en los niveles del sistema lagunero y de los mantos freáticos, sumado al deterioro de la red hidrosanitaria, provocó la situación descrita. Para entonces, se contaban ya más de 260 socavones, como se les conoce coloquialmente, en diferentes sectores de ambos municipios.
La estrategia para atender esta situación también se presentó en ese entonces, cuando los alcaldes Erasmo González Robledo y Mónica Villarreal Anaya comprometieron el apoyo institucional a las acciones contempladas por la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Comapa Sur.
Ayer, ya con una estrategia detallada y una planeación sólida, el secretario Raúl Quiroga, el gerente Francisco González y los dos alcaldes anunciaron la siguiente etapa del proyecto para atender los socavones, mediante una acción principal impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, con la participación de la Comapa Sur y el respaldo de los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero.
El diagnóstico elaborado con datos históricos indica que el problema era manejable en 2008, cuando se contabilizaron solo siete socavones entre los dos municipios. Esa cifra se mantuvo al año siguiente, pero ya en 2020 aumentó a 44 hundimientos. Entre 2021 y 2024, el número osciló entre 68 y 79, hasta llegar a 125 en 2024. Con esa cantidad, resultaba más difícil para el organismo operador resolver con inmediatez todos los casos, aunque se hizo el esfuerzo.
El secretario Quiroga Álvarez hizo hincapié en lo preocupante del asunto: en 2025, con los efectos acumulados de la sequía y la tormenta tropical “Alberto”, que permitió la recuperación del nivel del sistema lagunero, se registraron 268 socavones. Una cifra sin precedentes que puso a prueba la capacidad técnica, financiera y operativa de la Comapa.
Obviamente, el cierre de calles y las fugas de agua potable y aguas negras provocaron el malestar ciudadano y complicaron la respuesta rápida, por lo que los alcaldes de la zona conurbada intervinieron directamente para gestionar apoyo estatal y respaldar a la Comapa Sur.
Lo de ayer fue el resultado del trabajo coordinado entre las instituciones involucradas. El proyecto contempla una inversión de 105 millones de pesos para ejecutar 54 acciones de reparación: 37 en Tampico y 17 en Ciudad Madero.
El secretario de Recursos Hidráulicos señaló que, de acuerdo con las estimaciones, en los próximos cuatro meses se resolverá el problema de esta etapa, y se preparará una segunda fase para atender el resto de los hundimientos, que aún son numerosos.
Para dimensionar la magnitud del desafío, Quiroga Álvarez explicó que la Comapa Sur administra poco más de mil 200 kilómetros de tuberías en Tampico y Ciudad Madero. Gran parte de esta red pasó hasta 40 años sin mantenimiento adecuado, lo que aceleró su deterioro.
La millonaria inversión anunciada resume la puesta en acción de los planes anunciados en noviembre pasado y evidencia la coordinación efectiva entre las administraciones municipales, la Comapa Sur y el gobierno estatal para resolver un problema grave.
Con esto se fortalece la capacidad operativa del organismo, se apoya su situación financiera y se complementa el esfuerzo de los alcaldes para dar respuesta a las quejas ciudadanas, pero lo más importante es que se garantiza la viabilidad del funcionamiento de la red hidrosanitaria por las siguientes décadas.
